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Política

El Parlamento Europeo analizará la restricción a la acusación popular que plantea el Gobierno

La Comisión de Libertades abordará el impacto de la denominada ‘ley Begoña’ sobre el Estado de derecho

El Parlamento Europeo analizará la restricción a la acusación popular que plantea el Gobierno

El eurodiputado Bogdan Rzońca, presidente de la Comisión de Peticiones. | Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo analizará esta semana la legalidad de la conocida como ley Begoña y su impacto sobre el Estado de derecho en España. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara estudiará dos solicitudes que denuncian la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que, según los peticionarios, supone una erosión de las instituciones del Estado y limita el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El Ejecutivo defiende que la reforma, oficialmente denominada Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, tiene como objetivo evitar la instrumentalización de los tribunales con fines políticos o mediáticos. Según el Gobierno, la ley busca proteger a los ciudadanos frente a querellas infundadas que solo persiguen dañar el honor o la intimidad personal, especialmente en casos de acoso judicial a figuras públicas y familiares de cargos públicos. La norma introduce límites a la acusación popular, endureciendo los requisitos para ejercerla e imponiendo fianzas más elevadas para evitar lo que califica como «abuso de derecho».

Sin embargo, los críticos consideran que esta ley vacía de contenido la acusación popular y limita la participación ciudadana en la Administración de Justicia. La vicepresidenta del Grupo PPE y portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado que se trata de «una ley ad hominem para librar de la acción de la justicia a las personas que rodean al presidente». Montserrat sostiene que la reforma vacía de contenido la acusación popular, un instrumento que, recuerda, está previsto en el artículo 125 de la Constitución como derecho de participación de los ciudadanos en los procesos judiciales.

Por su parte, la eurodiputada del PP Alma Ezcurra ha advertido de que «Europa no puede mirar hacia otro lado mientras en España se socava el Estado de Derecho». Ezcurra considera que la iniciativa legislativa recuerda a procesos similares que se han producido en Hungría y ha insistido en la necesidad de que las instituciones comunitarias investiguen esta deriva.

Relación con las investigaciones judiciales al entorno de Sánchez

El primero de los escritos presentados ante la Comisión de Peticiones denuncia que la reforma responde de forma «ad hoc» a investigaciones judiciales en curso que afectan a familiares del presidente Sánchez. Los peticionarios aseguran que la ley busca restringir drásticamente la acción popular e introducir una causa de recusación de jueces por motivos políticos. La segunda petición señala que la reforma limita la participación de partidos, asociaciones y entidades jurídicas en la acusación popular, además de establecer controles adicionales sobre los querellantes.

En abril, la Comisión LIBE, presidida por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, abordará el fondo del asunto en un debate que podría celebrarse el 8 de abril, si los invitados lo permiten. Han sido convocados, entre otros, el comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath (que podría delegar su participación), la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, el director de El Mundo, Joaquín Manso, y varios catedráticos de Derecho de la Universidad Complutense.

Zarzalejos ha asegurado que la propuesta legislativa «afecta a derechos importantes en el procedimiento penal y a la libertad de expresión y de información». A su juicio, el Ejecutivo de Sánchez «se escuda en una supuesta obligación europea para plantear una iniciativa que claramente tiene nombres y apellidos», lo que supone «la antítesis de una ley que debe garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia».

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