El PP exige al Gobierno datos de todos los inmuebles de Muface tras las exclusivas de TO

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición de información al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública de la relación de todos los inmuebles incluidos en el Fondo Especial de Muface, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. Esta solicitud se presentó el pasado día 12, después de que este periódico publicara varias informaciones vinculadas con alquileres de la familia de Begoña Gómez en un edificio cerca de Gran Vía propiedad de este organismo público.

Los populares quieren transparencia sobre un nuevo escándalo que salpica a la mujer del presidente del Gobierno. La voz de alarma la dio este periódico cuando publicó que el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, ya fallecido, y su tío, Francisco Gómez, habían tenido alquilado desde al menos 2015 por 850 euros al mes un ático de 139 metros cuadrados en la calle San Bernardo, junto a la Gran Vía. Este inmueble es propiedad de Muface. La familia lo realquilaba por 14 habitaciones a un precio de entre 60 y 90 euros. Justo abajo del edificio, el padre de Begoña Gómez había arrendado otro local propiedad de Muface para la explotación de la famosa Sauna Adán. El primer piso también estaba arrendado y formaba parte de la sauna gay.

Pero la vinculación de la familia Gómez no se queda solo en estos dos pisos, el ático y el bajo, que continúan alquilados a esta empresa pública, sino que se extiende prácticamente a todo el edificio. El segundo piso fue comprado por Francisco Gómez, tío de Begoña, que construyó siete viviendas, actualmente alquiladas a varias familias. El quinto piso fue comprado por el hermano de Begoña Gómez, Miguel Ángel, que lo reformó para dedicarlo a alquiler. La sexta planta continúa alquilada a Sabiniano y Francisco Gómez. Este ático, que se explotaba hasta 2022 como apartamentos turísticos, ha sido recientemente transformado en tres viviendas. Una de ellas está alquilada, otra la utiliza el tío de Begoña Gómez y la última permanece vacía.

A la vista de estas revelaciones de THE OBJECTIVE, el Partido Popular reclama la «relación de todos los bienes inmuebles incluidos en el Fondo Especial de Muface que se encuentran alquilados/arrendados en la localidad de Madrid». En esta relación incluyen la «ubicación, descripción material (extensión total y útil), precio mensual por alquiler que se percibe, fecha desde que se encuentra alquilado el inmueble y fechas desde la que se encuentra alquilado el inmueble y en las que ha habido cambios de titular del arrendamiento».

Un informe del Tribunal de Cuentas, desvelado también por este periódico, alerta de que la gestión de estos arrendamientos de Muface «presenta deficiencias en la forma de adjudicación» y que el control ejercido por la mutualidad de funcionarios sobre estos inmuebles es «insuficiente». El documento afirma textualmente que «el análisis de los inventarios de las cuentas de Inmovilizado material pone de manifiesto que Muface gestiona de manera distinta el inmovilizado del Fondo General y el del Fondo Especial (soportes materiales, criterios de amortización, etc.), que ha dado como resultado un deficiente control de los inmuebles del Fondo Especial».

Imputada por cuatro presuntos delitos

Esta empresa pública todavía no ha explicado oficialmente los detalles de estos tres arrendamientos, cuyo precio está muy por debajo de mercado. La normativa aplicada es posterior a 1985, por lo que no pueden considerarse renta antigua. Este tipo de contratos anteriores a esta fecha permitían al inquilino residir en la vivienda hasta su fallecimiento. Además, favorecían el traslado de la titularidad al cónyuge y la renta se actualiza en función del IPC.

Este caso se suma a los que afectan a Begoña Gómez y que la mantiene imputada por cuatro presuntos delitos que están siendo investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Estos delitos son los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En esta causa también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes y Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno. En el caso de esta última, el juez ha abierto una pieza separada para determinar si de su contratación se puede desprender la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.