El Gobierno vasco ve «inaceptable» la anulación del traspaso de la homologación de títulos
El Ejecutivo autonómico se ha mostrado «totalmente defraudado», dada la «enorme trascendencia política»
El presidente del Gobierno junto al Lehendakari.
El Gobierno Vasco ha considerado «inaceptable» la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el traspaso al País Vasco de la capacidad para homologar títulos universitarios extranjeros.
«Esta sentencia del TS pretende socavar un acuerdo político de carácter bilateral que es fundamental para el desarrollo del autogobierno vasco y para dar respuesta a las necesidades de miles de vascas y vascos. Esta sentencia es una intromisión clara en el ámbito político», ha señalado fuentes de Lehendakaritza, la Presidencia del Gobierno Vasco.
El Ejecutivo autonómico, que estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional, se ha mostrado «totalmente defraudado», dada la «enorme trascendencia política» de esta competencia y «su trascendencia en las necesidades que País Vasco tiene de profesionales (médicos, enfermeras, etc.) y que hoy han visto denostados sus derechos».
El Gobierno Vasco ha considerado que esa sentencia del Supremo «también interpela al Gobierno español», al que reclama que «realice de manera urgente todos los cambios jurídicos necesarios para revertirla y que hechos como estos no puedan volver a suceder».
«Unas modificaciones que impidan que determinados tribunales puedan juzgar ámbitos que no son de su competencia» porque «desde instancias judiciales siguen pensando que las personas sólo tienen derechos si los gestiona un poder central y en manos de unos pocos», han añadido las fuentes de Lehendakaritza.
En julio de 2024 el Supremo ya había decretado la suspensión cautelar del traspaso al País Vasco de las funciones para la homologación de títulos extranjeros a la espera de resolver los recursos en su contra y ahora ha decidido anularlo en dos sentencias la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.
En ellas argumenta que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que «la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado».
Del mismo modo, señala ahora el Supremo, también ha de corresponder el Estado verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros, «ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos».
En estas dos sentencias el TS estima los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra el Real Decreto. Hay además otros cinco recursos que están pendientes de sentencia interpuestos por otras tantas organizaciones profesionales.
