Fármacos, vías férreas, sueldos… lo que Moncloa quiere colar como gasto en defensa
El Gobierno intenta convencer a sus aliados de incluir una apuesta verde por la industria en la lista de gastos militares
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en unas maniobras militares. | TO
El Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado en los últimos días toda una ingeniería contable ante la Unión Europea y la OTAN para que acepten nuevas partidas dentro del gasto en defensa con las que llegar al 2% del PIB en dicho apartado antes de 2029. La titular de Sanidad, Mónica García, ha enviado una carta a la Comisión Europea pidiendo la inclusión del gasto en medicamentos críticos dentro de defensa, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reclamado que las inversiones en las vías férreas también se incluyan en dicha partida por su uso «dual», tanto civil como militar.
Ambas peticiones han causado sorpresa en círculos militares. En el caso de la propuesta de García, el ministerio que dirige reclamó a Bruselas que considere como gasto en defensa las inversiones en medicamentos críticos que exigen su abastecimiento, ya que «la seguridad también va de sanidad». En su opinión, los ciudadanos dependen de una capacidad de respuesta rápida ante pandemias que requiere del aprovisionamiento de este material sanitario.
García argumentó esta semana en el Congreso que España no está sola en dicha petición porque hay otros diez países europeos que han dirigido peticiones similares al Ejecutivo comunitario sobre reservas estratégicas de material sanitario, pues hay que estar «preparados» para disponer de este material en situaciones como la covid.
Por su parte, Puente esgrimió que las inversiones públicas en la red ferroviaria podrían servir para cumplir con las exigencias de la OTAN y la UE sin tener que tocar otras partidas presupuestarias. Y puso dos ejemplos de ello durante la clausura de la asamblea de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC): «Tenemos dos corredores fundamentales, y más ahora que se habla de infraestructuras duales de uso público y uso militar, como son el corredor Atlántico y el Mediterráneo». A su juicio, se trata de infraestructuras «que sirven para los dos usos y son vitales en ese nuevo horizonte europeo de incremento del gasto en materia de seguridad».
Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE ven poco recorrido a ambas propuestas, pese a que un portavoz de la Comisión admitió esta semana que aceptan una interpretación «amplia» del gasto en defensa tras la aprobación de un libro blanco con el que se pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros en los próximos años. Este paquete incluye un nuevo instrumento de 150.000 millones en préstamos para que los Estados miembros los puedan destinar a adquisiciones conjuntas en el área de seguridad y defensa. El Ejecutivo comunitario permitirá a las capitales una desviación presupuestaria anual del 1,5% del PIB de aquí a 2029 para el rearme europeo.
Con ello se quiere dar mayor margen presupuestario a los países, aunque fuentes comunitarias han subrayado que dicha flexibilidad no se aplicará «sine die», sino que el endeudamiento público quedará circunscrito a cuatro años y tomando como cálculo las cuentas de 2021. Es decir, las cifras previas a la invasión rusa de Ucrania y ante la posibilidad de que Moscú vuelva a poner a Europa en una encrucijada bélica «en tres o cinco años». Una vez que el texto ve la luz por parte del Consejo de la UE, los gobiernos tendrán un plazo de seis meses para presentar sus respectivos planes de inversión con los que optar a los 150.000 millones en préstamos. La Comisión Europea quiso dejar claro que este dinero «no son subvenciones directas».
El citado portavoz habló de incluir la ciberseguridad en el cómputo del gasto en defensa por su «doble uso», pero descartó de plano «las cuestiones medioambientales». España desearía que en el cómputo de gasto se incluyese el esfuerzo presupuestario en la Unidad Militar de Emergencias (UME) o intervenciones como en la riada de Valencia, pero tanto Bruselas como la OTAN son inflexibles en este punto.
Desde los ministerios económicos también se defiende una subida de los sueldos que tienen los militares para acercarles a los parámetros de países aliados. En los gastos de Defensa entran los sueldos íntegros de los miembros de las Fuerzas Armadas junto a las pensiones de los militares, lo que se llama gastos de veterano y que requieren un desembolso de entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año. Hacienda ya ha previsto créditos adicionales para Defensa, por alrededor de 5.000 millones, en este año de presupuestos prorrogados. En ellos se incluyen 800 millones para personal, repartidos en 400 millones por la subida lineal de 200 euros anunciada recientemente, y el resto por el incremento de la inflación del 2% el año pasado.
En el Gobierno se quiere convencer igualmente a los socios aliados de la necesidad de incluir una apuesta verde por la industria en la lista de gastos que computen para Defensa. El argumento que se ha puesto sobre la mesa en Bruselas es que esta opción es la mejor forma de no tener dependencia de los fósiles y combustibles de Rusia.
El libro blanco sobre la Defensa europea
El libro blanco del Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen aboga por crear un mercado único de la defensa, la simplificación de la normativa europea y hacer más eficiente los fondos disponibles, con el fin de reducir el coste por unidad e impulsar la industria bélica en el continente. Para ello, se han identificado siete proyectos clave sobre capacidades críticas que incluyen la Inteligencia Artificial, la industria de drones, la defensa antiaérea y antimisiles, así como la reacción rápida de unidades militares o las guerras híbridas en el terreno cibernético, electrónico y cuántico.
La propia Von der Leyen subrayó en su última visita a Copenhague que la principal prioridad principal debe ser elevar el gasto militar entre los países de la UE y poner fin a la era de falta de inversión europea. «El gasto en defensa de los Estados miembros ha aumentado más de un 31% desde 2021. Es mejor, pero no suficiente. Sigue siendo muy inferior al de Estados Unidos, Rusia y China», advirtió desde la capital danesa.
En este sentido, puso de relieve las medidas propuestas en su plan de rearme, como los préstamos por valor de 150.000 millones de euros o la aplicación de la cláusula de escape para defensa con el que el Ejecutivo comunitario quiere movilizar los citados 800.000 millones para el sector militar. Igualmente, fijó para 2030 la fecha límite para mejorar infraestructuras a través de planes paneuropeos de corredores, puertos y aeropuertos, de tal modo que faciliten el transporte rápido de tropas y equipos militares pero también para misiles, sistemas de artillería y municiones.
La presidenta del Ejecutivo comunitario hizo hincapié en la necesidad de reforzar la base industrial europea para que suministre el material y los sistemas que requiere la nueva era de rearme europeo. «Nuestra base industrial sigue teniendo debilidades estructurales. Todavía no es capaz de producir sistemas y equipos de defensa en las cantidades y con la rapidez que necesitan los Estados miembros».
Frente a un sector militar fragmentado, la jefa del Ejecutivo europeo planteó que los Veintisiete deben comprar armamento europeo y reforzar la base industrial en el continente «estimulando la innovación, creando un mercado de equipos de defensa a escala de la UE» y con pedidos plurianuales a la industria para aumentar su capacidad de producción.
