Una juez de violencia de género pide amparo al CGPJ tras ser cuestionada por ERC
La magistrada ya había sufrido campañas en contra de Podemos y círculos feministas

Ana Balsera, diputada de ERC en el Parlament. | Europa Press
La juez titular del Juzgado número dos de violencia de género de Barcelona, Francisca Verdejo, ha presentado una queja de petición de amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las acusaciones en su contra vertidas por dos dirigentes de ERC. El partido independentista ha informado del asunto después de que la diputada Ana Balsera haya pedido el amparo del Parlament para poder seguir «expresando libremente» sus opiniones desde el hemiciclo. La jueza en cuestión lleva tiempo señalada por colectivos feministas y partidos como ERC y Podemos, que cuestionan el trato que da a presuntas víctimas de violencia de género.
La portavoz parlamentaria adjunta de ERC, Ana Balsera, ha solicitado amparo a la Mesa del Parlament para reivindicar su inviolabilidad y al mismo tiempo «mecanismos de apoyo para defenderse como diputada». Balsera lo solicita después de que la juez titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona se haya quejado ante el CGPJ tanto de una de sus intervenciones en el pleno como de otra de la concejal Eva Baró en el Ayuntamiento de Barcelona. Según confirma el CGPJ a THE OBJECTIVE, la solicitud de la magistrada fue admitida a trámite por la Comisión Permanente el pasado 3 de marzo: «El asunto sigue en trámite».
Durante la sesión plenaria del 13 de febrero, Balsera expuso los datos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en su memoria de 2023, recogía que el 52% de las órdenes de protección a víctimas de violencia machista fueron denegadas. Y argumentó ante los parlamentarios que era importante saber «cuántas de las peticiones denegadas acabaron con feminicidio». Durante la intervención, hizo referencia a las noticias publicadas sobre el trato que la magistrada habría tenido hacia las presuntas víctimas de violencia machista.
«Violencia institucional»
La información de Público y el pseudomedio Canal Red, propiedad del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, señalan a la jueza y le acusan de «violencia institucional» contra las mujeres que denuncian casos de violencia de género. En estas noticias dan constancia de la creación de una asociación de «afectadas» por la jueza que aseguran que «las interrumpe, no les deja explicarse y hace comentarios con sesgos patriarcales», mientras que a «los hombres acusados» les «muestra mucha más empatía e incluso les insta a luchar por la custodia de sus hijos tras una situación de maltrato».
En la misma línea, el partido Feministas Al Congreso recabó a finales de enero quejas online para hacerlas llegar al CGPJ contra la magistrada. La acusaban de ejercer una «justicia patriarcal». Fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE explican que según el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y magistrados que se consideren perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo general del Poder Judicial, con el objetivo de asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico y, a su vez, el Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial. La mayoría de estos casos suelen concluir con una declaración del CGPJ en defensa del magistrado, es decir, dándole el amparo solicitado e instando a los causantes del ataque al cese de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional, sin más recorrido ni consecuencias judiciales.
Amparo del Parlament
Actuando de manera anticipada, Balsera pide amparo en el Parlament. En el documento sostiene que no ha manipulado ningún dato estadístico ni que «tampoco ha acusado a la juez del asesinato de las dos mujeres a las que denegó protección», como argumenta la magistrada en su queja ante el CGPJ.
La portavoz adjunta de los republicanos defiende que los parlamentarios tienen «inviolabilidad para que puedan ejercer y deliberar de forma plenamente libre». Y que, por tanto, su intervención en el pleno no puede ser fiscalizada. Por todo ello, pide a la Mesa que reivindique y garantice esta inviolabilidad y que acuerde medidas de apoyo. El grupo parlamentario de ERC apoya a Balsera ante estos hechos y «en la defensa de las mujeres víctimas de violencia machista institucional».
Por su parte, la concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Eva Baró, también ha recibido una queja de la titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona por unas declaraciones en la prensa. Su pronunciamiento ante los medios hacía referencia a las denuncias públicas que ha recibido la magistrada por «ejercer violencia institucional» y al contenido de un ruego registrado por el partido en el consistorio en el que se pedía retirar su participación de la Mesa Institucional contra la Violencia Machista de la que forma parte la magistrada. Las dos dirigentes tienen hasta este lunes para presentar alegaciones a la queja de la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial.