Denuncian ante Antifraude de Cataluña los sueldos «ilegales» de TV3 y Catalunya Ràdio
En la denuncia piden investigar tanto la responsabilidad contable como posibles delitos de malversación y prevaricación
La sede central de TV3 | CCMA
La Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo independiente de la Generalitat, ha recibido una denuncia de un ciudadano que pide investigar los sueldos «ilegales» que percibieron cuatro altos directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) -que engloba TV3 y Catalunya Ràdio– en el ejercicio 2021 y 2022, tal y como detectó la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en su último informe 2/2025. En la denuncia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se pide que se investigue si estos hechos son «constitutivos de infracción contable y/o delito en el seno de la CCMA».
El pasado 19 de marzo, la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, el órgano homologable al Tribunal de Cuentas que fiscaliza los balances de las empresas y entes públicos de la región, hizo público su informe 2/2025, relativo a la contratación y gastos de personal de los ejercicios de 2021 y 2022 en el que detallaba que varios directivos del órgano de gobiernos de los medios públicos catalanes tuvieron «retribuciones íntegras anuales» que «superaron la retribución de consejero de la Generalitat, en contra de lo que establece la normativa».
Ahora, en un ciudadano ha llevado el caso ante la Oficina Antifraude de Cataluña. En la denuncia insta al ente independiente a investigar la «responsabilidad contable por el prejuicio causado al patrimonio público», un posible «delito de malversación de caudales públicos (artículos 432 y siguientes del Código Penal) si se demostrara intencionalidad», un «delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), si las decisiones que se tomaron fueron contrarias a derecho» y un «delito de fraude de la Administración (artículo 436 del Código Penal) en caso de connivencia entre autorizadores y beneficiarios».
Enviar ante los tribunales
Asimismo, también solicita que se «requiera a la CCMA y a la Generalidad de Cataluña para aportar los acuerdos, los contratos y las autorizaciones correspondientes a las retribuciones mencionadas». Por último, piden que, si procede, se promueva la acción pública pertinente ante los tribunales o el Tribunal de Cuentas para garantizar la recuperación de los fondos públicos indebidamente percibidos». De acuerdo con la última Memoria disponible del ente, de 2023, se ha observado que las denuncias que reciben a través del buzón anónimo son ya el 60% del total.
La Oficina Antifraude de Cataluña dispone de un periodo de diez días hábiles para admitir o reenviar al organismo competente la denuncia. Cuando hay indicios de irregularidades o corrupción, se inicia el periodo de verosimilitud que dura alrededor de tres meses y se puede archivar, emitir recomendaciones o culminar en una investigación, que suele durar otros seis meses. Posteriormente, entre dos y tres años después, el Departamento de Prevención de la Oficina hace un seguimiento de las conclusiones para comprobar si se ha resuelto correctamente y las entidades bajo su lupa han asumido sus recomendaciones.
Potestad para sancionar
La Oficina Antifraude se convirtió en marzo de 2023 en la primera autoridad independiente de ámbito estatal que asumió competencias para la protección de las personas alertadoras. El Parlament lo aprobó antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley tuvo como objetivo transponer la Directiva Europea de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión de 2019.
Tras la aprobación de la normativa, en una nota de prensa, la Oficina reivindicó que como «Autoridad Independiente» asumía varias «funciones adicionales», como la de «ejercer la potestad sancionadora». Como informó este periódico, sin embargo, no ha interpuesto hasta la fecha sanción económica a ningún ente público ni persona física en los casos relativos a la protección de las personas informantes de corrupción.
De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 2/2023, si los responsables de las infracciones son personas físicas, serán multadas con una suma de 1.001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves. En caso de que las infracciones procedan de personas jurídicas, serán sancionadas con hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves, y entre 600.001 y 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.
