El PSOE quiere que un comité de políticos y periodistas multe a los medios en el Congreso
La reforma del Reglamento del Congreso pretende quitar credenciales a medios que no firmen informaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EP / Eduardo Sanz
La Proposición de Ley de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para cambiar los criterios de acceso de los medios de comunicación que cubren la información parlamentaria, impulsada por el PSOE y respaldada por siete grupos, incorpora la posibilidad de que un denominado Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria sea el que proponga la adopción de sanciones a los medios de comunicación. El texto de esta iniciativa parlamentaria, consultado por THE OBJECTIVE, también contempla la obligación de los medios de firmar las publicaciones que reflejan la infracción, a riesgo de ver retirada su credencial para poder acceder a las dependencias de la Cámara Baja.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cumplido su amenaza de intentar controlar a los medios de comunicación que cubren la información parlamentaria haciendo preguntas incómodas, en ocasiones interrumpiendo el turno de preguntas que gestionan los jefes de prensa de cada grupo parlamentario y abordando a los dirigentes políticos dentro del Congreso. Tras varias reuniones del vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Gómez de Celis -designado por Francina Armengol para presidir el grupo de trabajo que gestiona estos cambios- con asociaciones de periodistas, el PSOE, junto con el PNV, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, Coalición Canaria, Bildu y ERC, registraron el pasado viernes una propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara. Una iniciativa que no contó con el apoyo del Grupo Popular ni de Vox.
Esta propuesta de reforma incluye varios aspectos polémicos, sobre todo el capítulo de sanciones. Como ya desveló este periódico, existen dudas en fuentes jurídicas parlamentarias de que un Reglamento del Congreso pueda recoger un régimen de sanciones, ya que entienden que solo se puede hacer a través de una ley orgánica. Las discrepancias radican en que mientras el PSOE cree que sí se puede hacer, estas fuentes señalan que un Reglamento tiene carácter de ley orgánica, pero no lo es.
La mayoría parlamentaria con la que cuentan el PSOE y sus socios de investidura es la garantía de que esta proposición de ley saldrá adelante, pero hay aspectos de la misma que resultan inquietantes para las fuentes parlamentarias consultadas. Una de ellas es la propuesta de creación del denominado Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria integrado por «un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios y que contará con la presencia de entidades representativas de los colectivos profesionales en el ámbito de la información». Su funcionamiento y el régimen de adopción de acuerdos de este órgano estarán regulados por la Mesa de la Cámara.
Este consejo tendrá un papel muy destacado en la ejecución del polémico régimen sancionador que contempla el nuevo Reglamento, con infracciones leves, graves y muy graves. En la reforma del artículo 98, punto 9, se señala que una vez iniciado el procedimiento sancionador, «el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria dispondrá de un plazo de quince días para la elaboración de un informe en el que podrá proponer, en su caso, la adopción de sanciones». Tras la elaboración de este informe, la tramitación y resolución del procedimiento le corresponderá directamente a la Mesa de la Cámara.
Las fuentes consultadas no saben hasta qué punto se puede crear un consejo consultivo externo a la institución para proponer sanciones y qué criterios se va a utilizar para designar a las asociaciones profesionales representativas. Sobre todo, no entienden cómo se puede introducir en el Reglamento de la Cámara, al que están solo sometidos los diputados mediante juramento, este órgano externo al Congreso y «parece que le hacen instructores del procedimiento sancionador. El procedimiento tiene que tener unas garantías que establece el ordenamiento jurídico, que están muy determinadas ¿Quién va a regular ese procedimiento jurídico? Si la sanción la pone la Mesa, ¿qué recurso le queda al sancionado? ¿Ir al contencioso-administrativo?».
Otras de las cuestiones es que, llegado el caso, se puede retirar la credencial por un tiempo de entre seis meses a tres años a un medio de comunicación que no firme la información objeto de sanción. Esta circunstancia genera dudas por la intromisión en el funcionamiento interno de los medios, ya que la sanción afecta al periodista, no al medio. En el punto 8 del artículo así se recoge en lo que se refiere a que la sanción se impondrá al representante del medio de comunicación, pero se señala que, en caso de infracciones graves o muy graves, «el medio de comunicación no podrá sustituirla por otra durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial». Pero añade que «si la infracción se refleja en una publicación en un medio de comunicación que no indica la autoría, se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación por un tiempo de entre seis meses a tres años».
