Sánchez presentará los Presupuestos en otoño tras «amarrar» a Puigdemont con la amnistía

Sólo los más papistas de Moncloa aún se resisten a la constatación de que no hay agua en la piscina de los Presupuestos Generales del Estado. Pero la inmensa mayoría del Gobierno, abarcando también a los miembros del Consejo de Ministros, creen que el escenario más probable es que 2025 será el tercer año consecutivo en el que no se aprobarán las cuentas públicas del próximo ejercicio. De hecho, hasta los más creyentes del sanchismo empiezan a preparar el terreno con este argumento: «Qué más da que se aprueben tres meses antes que tres meses después».

Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que aunque Pedro Sánchez no ha tirado definitivamente la toalla, se trabaja ya con el escenario de renunciar definitivamente a presentar las cuentas públicas de 2025 y se opte por presentar los Presupuestos de 2026 en el otoño. Una posibilidad creciente que encierra la importancia de tres meses en el calendario temporal. El deadline o fecha tope para certificar la defunción presupuestaria es la Semana Santa, a mediados de abril. Si no se ha logrado antes un acuerdo con Junts, ya no sería posible presentar las cuentas de 2025 porque «son necesarios tres meses para culminar la tramitación parlamentaria», lo cual no podría exceder del mes de julio.

Lo que argumentan fuentes del Ejecutivo es que «después del verano, ya no tiene sentido presentar los presupuestos de 2025, sino los de 2026» porque quedarían tres meses para que expirara el ejercicio. Pero lo que verdaderamente distorsiona el escenario es la luz verde que dará el Tribunal Constitucional a la amnistía para el expresident fugado, incluyendo los delitos de malversación, antes del verano, como adelantó este periódico. Los negociadores socialistas llevan meses utilizando el pronunciamiento de la corte de garantías en el mes de julio para aplacar los ánimos de Carles Puigdemont en las reuniones en Suiza, ante la queja reiterada de Junts de que el Ejecutivo no cumple con los compromisos.

La palanca de Pumpido en julio

El argumento gubernamental siempre ha sido que «el Gobierno ha llegado donde podía llegar» y que el rechazo a la concesión de la medida de gracia es «responsabilidad de los jueces». Y por ello, las maniobras de Cándido Conde Pumpido podrían ser clave para suavizar posturas y desbloquear el rechazo de Junts a las cuentas públicas. El Gobierno confía en «amarrar el voto de Puigdemont» después de la resolución favorable del Constitucional en julio, pero no antes. Y lo que en privado da por hecho el Ejecutivo es que, de conseguir aprobarlos, «éstos serán los primeros Presupuestos y los últimos de la legislatura» porque Junts doblará el precio de su voto para una segunda votación, o porque el último año de legislatura, 2027, se prorrogarían los del ejercicio anterior.

Aunque el Gobierno sigue celebrando reuniones sobre los diferentes escenarios en torno a los Presupuestos, tanto en privado como en público se destila optimismo con relación al 2025 y esperanza -que no confianza- con relación al 2026. No en vano la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ya reconoció este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no presentará las cuentas públicas si no ha amarrado los apoyos necesarios para su aprobación, en contra del criterio expresado por el socio minoritario. «El Gobierno tiene la obligación de intentarlo (…) y se está trabajando en esa dirección», estableciendo conversaciones con los grupos parlamentarios. Ahora bien, si no avanza esa negociación, no presentarán esas cuentas al Congreso de los Diputados porque «no podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos».

El Gobierno intenta revestir de normalidad el incumplimiento del artículo de 134 de la Constitución, que establece la obligación legal de presentarlos, por la «realidad parlamentaria que tenemos». Y se escuda en que gobiernos autonómicos del PP, como el de la Comunidad de Madrid, sólo han aprobado tres presupuestos en seis años de mandato. Obvia el hecho de que el último Presupuesto aprobado por Pedro Sánchez fue en 2022, en la anterior legislatura, y en la presente ha habido dos prórrogas consecutivas en 2023 y 2024 y ningún presupuesto aprobado. En 2023, el Gobierno se escudó en la doble convocatoria electoral -municipales en mayo y generales en julio-, para no presentar presupuestos; y en 2024, fue la convocatoria electoral catalana la que motivó que tiraran la toalla. Ahora el Ejecutivo desarrolla un «trabajo constante y continuo» con los grupos para poder cumplir con su obligación constitucional, pero normalizando el incumplimiento. «Vamos a seguir sudando la camiseta, pero acordar lleva su tiempo y dedicación».

Debate sobre el Estado de la Nación, «previsto en agenda»

El relato de cara a la galería es que quieren presentar los presupuestos «lo antes posible», pero la realidad es que una aprobación antes del verano es casi imposible. La sensación más extendida en el Gobierno y el PSOE es que no se va a aprobar ningún proyecto presupuestario y que, pese a todo, Sánchez intentará cumplir su mandato hasta la celebración de un ‘supermayo’ electoral en 2027. Pero los más optimistas confían aún en que el TC sirva de ‘palanca’ para desbloquear la legislatura. Y, por ello, tampoco se descarta la celebración del debate del estado de la Nación que, al igual que los PGE, no ha existido en toda la legislatura.

Fuentes de Moncloa reconocen que «está previsto en la agenda» aunque no ubicado en fechas concretas. Lo más razonable sería celebrarlo justo después de la aprobación de los Presupuestos para apuntalar esa hipotética victoria. Pero todo está en el aire. El que antaño era el debate más importante del año no sólo es una batalla parlamentaria en términos de oratoria. El debate del estado de la Nación se vota y las propuestas de resoluciones, a modo de conclusiones, obligan al Ejecutivo a negociar y pactar nuevas enmiendas. Es decir, es un nuevo obstáculo, una valla más que sortear tras la carrera presupuestaria. Aunque en Moncloa restan importancia a esta cita que, sostienen, «a día de hoy, no está descartada» aunque tampoco es la prioridad.