La policía acusa al portavoz de Vox de delito de odio al nombrar a extranjeros detenidos

«El listado de los 50 primeros detenidos durante la noche del sábado en Barcelona: Sabar, Omar, Nassim, Abdelkader, Salah, Salah, Younes, Karim, Jamil, Amir, Alí, Oussama, Hassan… puedo seguir. ¿Notan ustedes algún patrón? ¿Notan ustedes algo? Nosotros sí, y es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que la política de puertas abiertas del Partido Popular y del PSOE tiene consecuencias directas en la seguridad de los españoles».

Esta intervención del portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en la rueda de prensa celebrada el pasado 29 de julio en Bambú le ha valido una denuncia por delito de odio. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, los Mossos d’Esquadra han denunciado ante un Juzgado de Barcelona estos hechos para incredulidad del denunciado, que recibió la notificación la semana pasada. El documento que mostró y recitó en la madrileña sede de Vox tenía censurados los apellidos de los detenidos y había sido previamente compartido por otros miembros del partido en redes sociales.

Fúster pretendía con su alocución «denunciar los efectos desastrosos de la inmigración ilegal», en respuesta a quienes «nos dicen que no se puede relacionar inmigración y delincuencia». «A nosotros no nos engañan», dijo enseñando el atestado de detenidos de los Mossos d’Esquadra, lleno de árabes, y prosiguió: «La delincuencia importada que sufren los españoles en sus barrios tiene nombres y apellidos. Recuerden los nombres que acabo de decir, no voy a decir los apellidos».

Esta intervención se produjo además en su marco político muy concreto. Vox acaba de romper los gobiernos autonómicos con el Partido Popular por la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas). El portavoz de Santiago Abascal sostuvo que los detenidos en Barcelona «se corresponden con los falsos niños que Pedro Sánchez y el señor Feijóo han decidido repartir por toda España en lugar de devolverlos a sus países». «Esos menores tienen derecho a ser cuidados por sus familias o por el Estado del que son nacionales. No tienen nada que hacer aquí».

Esta rueda de prensa ha provocado que la policía autonómica catalana haya denunciado de oficio a José Antonio Fúster por supuesto delito de odio. Pero Fúster no es solo portavoz nacional de Vox, sino que también es diputado en la Asamblea de Madrid, lo que le otorga la condición de aforado. En su partido creen que la denuncia tiene la intención de «amedrentar» a sus miembros y a quienes en lo sucesivo quieran denunciar las consecuencias de la inmigración ilegal descontrolada.

Vox contra el delito de odio

En Vox restan importancia a este hecho porque están acostumbrados a este tipo de denuncias, que la mayoría de las veces quedan en nada. El pasado mes de febrero le tocó el turno a la diputada Rocío de Meer, que también es portavoz nacional de Emergencia Demográfica. Fue denunciada por hacerse eco de la noticia del primer nacimiento en 18 años en Vega de Villalobos, pequeño municipio zamorano. El bebé se llamaba Ayoub. «El futuro de este país es tenebroso», aseveró en su cuenta personal de X, valiéndole la denuncia de la asociación Acción Contra el Odio.

El nuevo secretario general del sindicato Solidaridad, y también líder de Vox en la Diputación de Barcelona, Jordi de la Fuente, también tiene un juicio pendiente por delito de odio. Participó del asalto a un centro de menores extranjeros no acompañados (menas) en julio de 2019, junto a otras personas. De la Fuente participó con un megáfono arengando a los congregados al grito de «vamos a por ellos», «moros de mierda» o «vamos a quemar el albergue». La Fiscalía pide dos años y dos meses de prisión, así como cinco de inhabilitación para ser cargo público por este ataque, pero finalmente será la audiencia provincial de Barcelona la que lo juzgará.

Vox confía en sus servicios jurídicos y subraya que el delito de odio debería suprimirse del Código Penal (artículo 510). En su última entrevista concedida a THE OBJECTIVE, el pasado mes de septiembre, Santiago Abascal denunció que «el delito de odio solo es un intento de la izquierda por amordazar determinados discursos que pretenden defender los intereses nacionales y la seguridad de la gente», y recalcó que «cuando decimos que hay una relación entre inmigración ilegal y delincuencia, lo que estamos es hablando de una realidad, que está en los propios datos del Ministerio de Interior, en los propios datos de la población carcelaria en España».