Los letrados del Parlament avisan del riesgo de «arbitrariedad» al perseguir discursos de odio

El presidente del Parlament, Josep Rull, tiene entre sus prioridades combatir los «discursos del odio» en el hemiciclo. Esta semana insistía en su propósito al enviar una carta a los grupos parlamentarios instándoles a denunciar este tipo de discurso con el fin de explorar posibles sanciones. Su objetivo, no obstante, forma parte de un terreno resbaladizo en el que los letrados del Parlament han dictaminado que la «libertad de expresión» y la «protección del discurso parlamentario» están por encima de los que se pueda considerar «lenguaje ofensivo» o «discurso del odio». Así se detalla en un informe, al que ha accedido en exclusiva THE OBJECTIVE, de los letrados de la Cámara remitido a la Mesa, en que el que también dictan que la «arbitrariedad» no puede dar lugar a actuaciones «desproporcionadas» contra diputados.

Josep Rull tiene este propósito desde el inicio de la legislatura. Tras la irrupción de Vox y Aliança Catalana en la Cámara catalana, el resto de partidos -salvo el Partido Popular- acordaron un cordón sanitario contra ambas formaciones con la finalidad de aislar a la «extrema derecha», y buscan la manera de acotar sus alocuciones en el Parlament cuando se consideran ofensivas contra otros diputados o «colectivos vulnerables». Rull les ha llamado al orden en varias ocasiones, pero ha ido cambiando de estrategia sobre cómo confrontarles y sigue sin resolverse la cuestión sobre cómo abordar los llamados «discursos de odio». En especial después de que el informe de los letrados rebajara las expectativas sobre cómo actuar. Y es que en dicho informe los letrados reconocen que es «problemático» interferir en el discurso parlamentario.

«No se puede desconocer que se trata de un ámbito que, por su naturaleza, admite un amplio margen de discrecionalidad política, por lo que la aproximación jurídica difícilmente puede ofrecer soluciones precisas, más allá de suministrar la información necesaria para la correcta comprensión de las implicaciones jurídicas que presenta el establecimiento de restricciones a la libertad. Sobre todo, cuando estas restricciones trascienden el ámbito de los conflictos de orden que se pueden considerar normales en una dinámica parlamentaria y se proyectan sobre un problema más estructural como es la irrupción en el Parlamento de determinados discursos políticos», dice el informe, que de forma velada explica que se exploran medidas desde la llegada de Vox y Aliança.

El informe de los letrados del Parlament hace referencia al «alcance y límite de las medidas de orden establecidas por los artículos 233 y 239 del reglamento». El artículo 233 establece las normas de conducta de los miembros del Parlament durante las sesiones del pleno y las comisiones, y la posibilidad de llamadas al orden y la imposición de medidas disciplinarias. Por su parte, el artículo 239 fija si la llamada al orden viene motivada por «palabras ofensivas» dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlamento o a cualquier otra persona, pudiendo dar lugar a la «expulsión de la Cámara».

Doble rasero en el «odio»

Aunque en la actualidad ya están previstas las llamadas al orden, y la posibilidad de interrumpir a los diputados que alteren «el funcionamiento» del Parlament, los letrados aconsejan su utilización racional y proporcional y fijan unos «criterios y convenciones»  claros para que los diputados los tengan en cuenta y, al mismo tiempo, no se atente contra la libertad de expresión a la que tienen derecho los representantes electos. Se trata de un encaje complejo porque hay riesgo de caer en la «arbitrariedad» y que no se garantice el «trato igual» entre todos los grupos parlamentarios en la aplicación de las reglas del orden.

De hecho, en la actualidad el foco está puesto en los discursos de Vox y Aliança Catalana. Y se dejan pasar otros discursos de naturaleza ofensiva de la CUP. Recientemente, por ejemplo, la diputada Laura Fernàndez Vega aseguró en relación a los actos vandálicos en Salt que es un «hecho cultural propio lanzar piedras a los Mossos y quemar contenedores» y felicitó a la comunidad musulmana por ello. En paralelo, como ha avanzado THE OBJECTIVE, un diputado nacional de Vox ha sido denunciado por la policía por un «delito de odio» por reproducir un atestado de los arrestados en Barcelona durante una noche y cuyos nombres eran todos extranjeros.

El informe se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y distingue claramente entre conductas que entorpecen el desarrollo parlamentario y discursos que pueden no gustar, o incluso ser ofensivos hacia ciertos colectivos, pero que no se pueden suprimir porque debe prevalecer la libertad de expresión. En este sentido, también recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre que la democracia española «no es militante». Es decir, es menos restrictiva frente al discurso antidemocrático.

La sentencia STC 48/2003 se fundamenta en la garantía de los derechos fundamentales, que «no se pueden limitar por razón de que se utilicen con una finalidad anticonstitucional». Una conclusión que extrae del hecho de que, a diferencia de otros ordenamientos constitucionales, en nuestro sistema «no tiene cabida un modelo de democracia militante, es decir, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento, y en primer lugar, a la Constitución».

Las fuentes consultadas por este periódico admiten la dificultad de llevar a cabo esta reforma sin «victimizar» a unos grupos parlamentarios sobre otros. Asimismo, otro de los problemas es el margen de discrecionalidad -y por tanto de arbitrariedad- que puede tener el presidente del Parlament. Y la posibilidad de que en el futuro haya otros presidentes de la Cámara que entiendan el criterio de forma distinta. No hay que olvidar que el independentismo ha perdido la mayoría en el Parlament y, aunque en esta legislatura controla la Mesa de la Cámara, es una situación que puede cambiar en el futuro.

«Protección del discurso parlamentario»

Los letrados también reconocen que es «problemático» interferir en el discurso parlamentario. Y que no se puede abusar de las restricciones por la «mera consideración o creencia de que las ideas o argumentos expuestos por el orador no son suficientemente adecuados o respetuosos con determinadas personas o grupos social». «Esta discrepancia ideológica se debe diferenciar de la alteración del orden en los debates parlamentarios, a pesar de que la exposición de ciertas ideas pueda generar rechazo o perturbación a la mayoría de la cámara».

En sus conclusiones dejan claro que se debe hacer una clara «diferenciación» entre el contenido del discurso parlamentario como vía de expresión de ideas y la forma o formas en que se exponen estas ideas. También se abren a actualizar los supuestos que se consideren «lenguaje ofensivo», como son «insultos, difamaciones, injurias, expresiones vejatorias, degradantes o humillantes, formuladas con relación a personas (diputados o no) o grupos de personas». Entienden en su dictamen que lo que se ha dado en llamar discurso del odio debe considerarse incluido en el actual concepto de lenguaje ofensivo cuyas restricciones ya están previstas en el actual reglamento del Parlament.

Matizan, sin embargo, que la inclusión del «discurso del odio» en este  concepto de «lenguaje ofensivo» se debe entender el que hace referencia a «incitar, propagar o promover la violencia, la xenofobia y la discriminación de personas o grupos de personas por razón de sexo, raza, etnia, origen, lengua, religión o otra circunstancia o condición personal». Es decir, no sólo a argumentos críticos sobre algunos colectivos sino que se constate una voluntad de acción contra estos colectivos.

No cortarlos para no alimentarlos

El informe de los letrados, así como la falta de entente entre los grupos parlamentarios sobre si reformar el Parlament en este asunto, ha hecho que todavía no se hayan tomado medidas. Pese a la voluntad de perseguir los discursos del odio, hay muchas incógnitas y dudas sobre cómo llevarlo a cabo. El propio Rull cambió de estrategia y ha dejado de cortar a los diputados de Vox y Aliança después de que estas actuaciones se viralizaran en las redes sociales.

En noviembre del 2023, Vox presentó una moción sobre la «creciente islamización de Cataluña». El diputado Alberto Tarradas se dirigió a los partidos que han gobernado para echarles en cara que con «su inconsciencia política, su multiculturalismo o su sustitución demográfica han abierto las puertas de Europa a un enemigo que amenaza con hacer caer los cimientos de nuestra civilización». La Mesa del Parlament decidió retirarle la palabra con el argumento de que había pronunciado «un discurso del odio y de discriminación por razón de origen». Esta actuación propició que el vídeo de su intervención y posterior censura se difundiera por las redes sociales con más de 300.000 visualizaciones.

En la misma línea, la diputada y lídera de Aliança, Sílvia Orriols, sostuvo en sede parlamentaria durante un debate sobre la sequía que las prisiones llenaban las piscinas para que los «ladrones, violadores y asesinos puedan refrescarse». Rull la interrumpió y Orriols le contestó que respetara «la voluntad popular de los catalanes y que no interrumpiera los cargos electos». El vídeo tuvo más de 100.000 reproducciones en la red social X. Unos números mucho más elevados que el número de ciudadanos que siguen el pleno en directo.