El PP pide la comparecencia de Elma Saiz tras el varapalo del Supremo con los 'menas'
El PP exige que dé explicaciones sobre la dejación de funciones del Gobierno con los niños y niñas que han pedido asilo

La ministra Elma Saiz. | EP
El Partido Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Migraciones, Elma Saiz, tras el varapalo del Tribunal Supremo (TS) que obliga a su departamento a hacerse cargo de unos 1.200 menores, actualmente bajo tutela de la comunidad autónoma de Canarias, que han pedido protección internacional o están en trámite para ello. El Grupo Popular en la Cámara baja ha pedido que Saiz comparezca en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para informar sobre qué medidas va a tomar el Gobierno para garantizar la acogida de los citados niños y niñas extranjeros.
En el escrito, registrado el pasado jueves, el PP también exige a la titular de Migraciones que explicaciones de la dejación de funciones del Ejecutivo al negar el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS acordó el pasado miércoles dar un plazo de diez días al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que se haga cargo del millar de menores migrantes que viven actualmente hacinados en centros de acogida canarios, cuando hasta ahora la atención de estos jóvenes se suponía competencia única de las autonomías.
Esta decisión del Alto Tribunal podría marcar un antes y un después en el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, según estipula la nueva ley de extranjería aprobada hace apenas una semana por el Consejo de Ministros. El TS diferencia, por un lado, a los menores migrantes que tutelan las autonomías, y por otro a aquellos que han solicitado asilo y, por tanto, deben formar parte del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, dependiente del citado ministerio. Una cuota que no entraría dentro de la futura distribución entre regiones. Hasta ahora, en Canarias todos estos menores estaban bajo la tutela de la comunidad autónoma y por este motivo los servicios jurídicos del Gobierno acudieron al Supremo ante la saturación de sus instalaciones.
El PP: «El Gobierno incumple la ley»
A juicio de la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, el auto del Tribunal Supremo «pone de manifiesto el incumplimiento de responsabilidad en sus competencias por parte del Gobierno de España». «El Ejecutivo ha estado acusando a las comunidades autónomas del PP de ser insolidarias mientras era él quien no ha dado respuesta a Canarias como le obliga la ley nacional y europea», critica, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
«Sánchez y su Gobierno eran conscientes de que estaba incumpliendo la ley, no estaban ejerciendo sus competencias y se buscaron la estratagema para culpar a las comunidades de lo que ellos no hacían. El Gobierno de Sánchez ha abandonado a los menores solicitantes de protección internacional para poder señalar a las comunidades del PP como culpables, y a la vez los ha utilizado como moneda de cambio para seguir comprando sus sillones de la Moncloa con los 7 votos del independentismo excluyente», censura la vicesecretaria popular.
El Gobierno pactó con Junts los criterios para el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas a través de la modificación de un artículo de la ley de extranjería mediante la aprobación de un real decreto ley que será convalidado previsiblemente el próximo jueves en el Congreso. Este lunes terminó el plazo para que las regiones facilitaran los datos de los adolescentes extranjeros que acogen en sus centros. Según fuentes del Ministerio de Infancia, todas las regiones han dado datos menos Aragón, que ha recurrido ante los tribunales la petición de dicha información. En paralelo, comunidades como Madrid o Cantabria planean llevar al Tribunal Constitucional la nueva ley del Gobierno.