Hacienda congela desde 2019 las licencias para abrir nuevas administraciones de lotería

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, lleva seis años sin conceder nuevas licencias de apertura en España para administraciones de lotería. Las últimas fueron en 2019, con únicamente dos altas en las provincias de Zaragoza y Badajoz, según una resolución del Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

En la última década, solo ha habido ocho nuevas licencias en 2016, 16 en 2017 y siete en 2018, junto con las dos de 2019 ya mencionadas. En total, 33 altas en todo el territorio nacional -casi todas bajo el Gobierno de Mariano Rajoy- siendo las provincias de Madrid (5), Las Palmas (3) y Vizcaya (3) las que han sido más ‘agraciadas’ en este ránking (ver abajo). En este tiempo, «no venció el plazo de duración pactado en ningún contrato de administraciones de lotería», por lo que no expiró ninguna licencia, subraya este organismo público en su respuesta a Transparencia.

Los datos facilitados por Loterías indican que el parón con las altas de nuevas administraciones empezó con la llegada del Gobierno de coalición de PSOE y Podemos en 2020. En ese momento, se creó el Ministerio de Consumo y quedó bajo el control de los morados: primero con Alberto Garzón al frente y luego con Pablo Bustinduy de sucesor -bajo el nombre de Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030-. Este departamento ha legislado contra el juego de azar y es un contrapeso a Hacienda a la hora de incrementar los premios de lotería y la recaudación de impuestos por esta vía, por lo que fuentes gubernamentales sugieren que Consumo está detrás de esta congelación de las licencias.

La ausencia de nuevas altas ha conllevado que el número de licencias vigentes haya descendido de forma progresiva desde que el PSOE está en el poder. En 2015 había 4.155 repartidas por toda España y en 2018 alcanzó su techo con 4.175 administraciones de lotería. Pero desde entonces se ha producido un goteo de cierres que han dejado la cifra en 4.144 en 2024, casi al mismo nivel que hace una década (ver abajo).

Para abrir una administración de lotería hay que obtener una licencia concedida por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esta licencia se puede conseguir de dos maneras. En primer lugar, mediante concurso público, aunque esta vía está congelada desde 2019. Los requisitos para participar en dicho concurso eran muy exigentes y la competencia, muy alta por el atractivo de los beneficios económicos.

La segunda vía es mediante la compra de una licencia ya existente. Una opción más rápida y sencilla, pero mucho más costosa que con el concurso público. El precio de las licencias puede variar en función de su ubicación y volumen de ventas, según Madrid Diario. El precio de adquisición de una licencia oscila entre los 200.000 y 400.000 euros, en función de la ubicación física de la administración de lotería. Además, hay que tener en cuenta los gastos de acondicionamiento del local, el equipamiento necesario y los impuestos correspondientes.

THE OBJECTIVE desveló en febrero que el gasto de los viajes oficiales de Jesús Huerta, presidente de Loterías del Estado, ascendió a un total de 120.000 euros como gasto de los viajes oficiales realizados entre 2020 y 2024. En total, fueron 113 desplazamientos, siendo 2022 el año en el que se registró mayor volumen de viajes oficiales y gastos en la gestión.

Investigación en la Audiencia Nacional

Asimismo, la Audiencia Nacional investiga desde noviembre el presunto amaño en este organismo público que salpica a la ministra María Jesús Montero. Según pudo saber este periódico, el juez Santiago Pedraz abrió una causa, con diligencias previas 219/2024, al considerar que los hechos denunciados por el abogado Antonio García-Berbel, en representación del sindicato Manos Limpias, afectaban a varias provincias del territorio nacional.

La trama investigada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en un presunto amaño en los concursos públicos, diseñado para beneficiar a personas concretas en el proceso de obtención de licencias. Estas licencias permiten a los adjudicatarios dirigir las 52 delegaciones comerciales de Loterías del Estado, una entidad que depende directamente del Ministerio de Hacienda que encabeza Montero. Por ello, este escándalo involucra a la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda.

Además, el responsable directo de Loterías es el citado Jesús Huerta, presidente del organismo y cuya nómina era de 223.146,65 euros brutos anuales en 2020. Fue colocado al frente de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado por la ministra en el año 2018 y ocupa el cargo desde entonces. Formó parte del círculo de confianza de la vicepresidenta primera cuando esta ostentaba el cargo de consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía.

La explotación de una delegación comercial de Loterías se realiza mediante un concurso público. Quien resulte ganador de la adjudicación del contrato de servicio de gestión, conforme a la normativa vigente en materia de licitaciones y contratación con la Administración Pública, se convierte en delegado de la provincia correspondiente. Estos puestos de delegado están altamente cotizados, debido a los importantes beneficios económicos que puede llegar a percibir la persona que obtiene la adjudicación. 

De hecho, la empresa pública destina 25 millones de euros al año a la gestión de las delegaciones comerciales. Estos contratos tienen una duración inicial de siete años, prorrogables por otros siete años, según los documentos de pliegos de los expedientes publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Esto supone una asignación presupuestaria estimada en 180 millones de euros y en el caso de que se prorroguen los contratos, el gasto presupuestario asciende a 360 millones de euros.

Sin embargo, casualmente estos cargos suelen quedar en manos de las mismas familias. Los puestos de delegado tienden a pasar «de padres a hijos» o a otros miembros de la familia. Esto significa que, en muchas ocasiones, los agraciados en la concesión del contrato guardan algún tipo de relación de «consanguinidad» con el titular anterior que deja vacante la delegación.

Este patrón de adjudicación ha generado suspicacias, ya que parece sugerir que los concursos públicos, aunque teóricamente abiertos a todos, favorecen en la práctica a ciertos familiares de los delegados destacados. Fuentes internas consultadas por este periódico afirmaron que «no se trata de una mera casualidad», sino que en realidad «nunca ha existido una regulación estricta» en los concursos públicos para la concesión de delegaciones comerciales. Según estas fuentes, se ha permitido adulterar los procesos para que los beneficiarios sean siempre las mismas personas.