El PP pide a Europa que vigile los ataques de Sánchez contra la universidad privada
La portavoz Dolors Montserrat envía una carta a la comisaria de Derechos Sociales, Roxana Minzatu

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento europeo, Dolors Montserrat | EP / Fernando Sánchez
La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado una carta a la comisaria europea de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, denunciando el ataque de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contra la universidad privada. En la misiva, afirma que estas críticas son una muestra de sectarismo político». Montserrat pide a Europa que evalúe las iniciativas que tome el Gobierno de Sánchez en esta materia para que no se vulnere la libre competencia en materia educativa
Los populares aseguran que «el derecho comunitario europeo promueve la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro del mercado único europeo, y ello es especialmente importante en el sector educativo porque promueve el pluralismo y el libre pensamiento. Cualquier institución educativa, ya sea pública o privada, que cumpla con los estándares de calidad y valores comunitarios, tiene por tanto derecho a desarrollar sus propuestas educativas en cualquier país miembro de la Unión Europea». Gracias a estos principios, subraya que «los estudiantes tienen el derecho a elegir libremente su institución educativa, tanto porque coinciden con los principios que les rigen, como por la oferta educativa que proponen. Es la base de nuestra riqueza educativa».
A juicio de Montserrat, «estos principios están siendo atacados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido impedir la aparición de nuevos centros universitarios de índole privada y se ha lanzado en una estrategia de ataque ideológico contra lo que ha llamado ‘chiringuitos o academias’». En este sentido, «atacar indiscriminadamente a las universidades privadas no solo es una muestra de sectarismo político, sino también un ataque directo a la libertad de los estudiantes y de las familias para decidir el tipo de educación que desean recibir y limitar la oferta que nuestras sociedades proponen».
La portavoz popular en el Parlamento Europeo señala que «las universidades privadas ha demostrado un compromiso con la calidad educativa, la investigación de alto nivel y la formación de profesionales altamente cualificados. Limitar su proliferación o demonizarlas sin pruebas de irregularidades es un golpe a la libertad académica y la limitación a múltiples opciones educativas».
Los populares entienden que «la pluralidad educativa es vital para una sociedad democrática, y reducirla solo favorece un
sistema de educación uniforme sin diversidad y que no respondería a las necesidades y vocaciones de los estudiantes. Pero, además, este ataque del Gobierno de Sánchez ataca el principio de no discriminación por razones ideológicas, uno de los pilares fundamentales del derecho comunitario europeo». Este principio, según la misiva, «obliga a los Estados miembros a tratar todas las instituciones educativas de manera equitativa, sin prejuicios ideológicos o económicos. Las universidades privadas deben ser
evaluadas y reguladas de acuerdo con criterios objetivos, no discriminatorios».
Barrera al libre mercado
Montserrat entiende que «desde la perspectiva del derecho europeo de la competencia, limitar la proliferación de universidades privadas puede considerarse una barrera al libre mercado. La competencia entre universidades públicas y privadas fomenta la innovación y mejora la calidad educativa general». Por ello, afirma que «impedir que el sector privado participe en la educación superior podría restringir la libre competencia, lo cual no es compatible con los principios del mercado único de la UE. De hecho, programas como el Erasmus+ y Bolonia, facilitan la cooperación entre instituciones públicas y privadas de educación superior, por lo que limitar sus actividades, iría contra estas políticas de éxito demostrado».
Finalmente, traslada a la comisaria la necesidad de hacer «una evaluación detallada de las iniciativas en esta materia emprendidas por el Gobierno español para asegurarse de que no se vulneran principios clave como la libertad de establecimiento, el acceso equitativo a la educación y la libre competencia. Es preciso garantizar que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, operen bajo los mismos estándares de calidad y transparencia, sin restricciones ideológicas y sectarias que perjudiquen la pluralidad educativa y la libertad de elección de los estudiantes».