Sánchez gastará 10 millones de euros en propaganda para «reafirmar la democracia»

El Gobierno tiene previsto gastar en los próximos 12 meses un total de 10 millones de euros para hacer campañas destinadas a concienciar a los ciudadanos sobre la democracia y las libertades. A través de Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres, se ejecutarán diversas actividades y acciones para sensibilizar sobre los «derechos conquistados». Otra de las claves del plan tiene que ver con el fomento de la memoria democrática, sobre todo entre los más jóvenes.

El pliego, analizado por THE OBJECTIVE, se dio a conocer el lunes 7 de abril. Su tramitación, según recoge la Plataforma de Contratación del Estado, es urgente. La duración del contrato es de seis meses y puede ser prorrogado medio año más. El Ejecutivo busca una «agencia creativa experta en el ámbito de la publicidad que realice las actuaciones necesarias». La empresa se encargará de idear, desarrollar y ejecutar el conjunto de acciones creativas publicitarias de divulgación e información «que permitan avanzar en la construcción de una democracia más fuerte y resiliente».

Esta estrategia de propaganda responde, según el pliego, al desarrollo del Plan de Acción por la Democracia. Este fue aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre de 2024. El Ejecutivo aclara que la difusión y compra de espacios en medios de comunicación, al igual que la realización de la evaluación post-test, no están incluidos dentro de este contrato. El pliego está firmado por la historiadora Carmen Gustrán, comisionada para la celebración de los 50 años de España en libertad.

Las encuestas del CIS

Para justificar este relevante contrato, se señala que «los resultados del último estudio sobre hábitos democráticos elaborado por el CIS hacen imprescindible y urgente la puesta en marcha de una campaña de comunicación que resalte los valores de la democracia». El 89% considera que hay mucha o bastante crispación política.

El 84,3% cree que esta tensión política permanente es preocupante. Por su parte, casi el 82% de los españoles considera que la situación política es regular, mala o muy mala. Una mayoría muy amplia apuesta por pactos entre los principales partidos. El pasado enero, otro sondeo del CIS, destacaba que el 12 % de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años consideraba que en algunas circunstancias un gobierno autoritario es preferible a un sistema democrático.

Democracia y corrupción

El anuncio coincide con un momento en el que la calidad democrática roza mínimos históricos en España. La línea que separa los diferentes poderes es cada vez más tenue, diferentes leyes están estancadas en el Congreso y los Presupuestos Generales no saldrán, de nuevo, este año. El sistema judicial español está cada vez más politizado y nuestro país se encuentra en las posiciones más bajas entre los países democráticos.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora la Transparencia Internacional muestra un descenso de España en el ranking de 2024. Con respecto a 2023, se produce una caída de cuatro puestos. Nuestro país consiguió el año pasado una puntuación de 56 puntos sobre 100. Se encuentra por encima de la media -43 puntos-, pero entra en el epígrafe de democracias defectuosas.

Con la nueva calificación, España ocupa el puesto 46 de 180 en el ranking global del IPC, compartiendo posición con Chipre, República Checa y la isla de Granada. Se encuentra un puesto por encima de Fiji, dos puestos por encima de Omán (55/100) y dos puestos por debajo de Portugal (57/100). En comparación con el IPC 2023, España ha retrocedido diez posiciones. Nuestro país también desciende del puesto 14 al 16 de 27 de los Estados miembros de la Unión Europea, tras ser superado por Letonia y Eslovenia.

‘The Economist’ y Banco Mundial

Mientras, el Democracy Index 2024, que elabora The Economist, muestra que España ha avanzado dos puestos, hasta la posición 21. En este caso, España se incluye entre los países con democracia plena sobre la base de factores como su participación política o el pluralismo. Nuestro país empata con Estonia, con un marcador de 8,13, frente al 8,07 de 2023, y ha caído dos puestos en el ranking con respecto a 2018.

Por su parte, los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial sitúan a España en un deterioro institucional preocupante desde el año 2000. Algunos de los principales indicadores, como son el control de la corrupción, la eficiencia gubernamental, la calidad regulatoria y el Estado de derecho, son especialmente preocupantes. En todos los países, según el Banco Mundial, hay un empeoramiento generalizado, pero España es la nación en la que el deterioro institucional es mayor. La institución multinacional ha pasado de considerar a España un ejemplo de democracia europea por los poderes independientes y los controles anticorrupción, a situarla en la cola de Europa.