El plan de respuesta a los aranceles de Trump incluye una garantía de «equilibrio territorial»
El real decreto-ley también explica que el Ejecutivo se compromete a rendir cuentas trimestralmente en el Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto
El real decreto-ley de medidas urgentes aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE este miércoles incluye una cláusula clave: el reparto de los fondos para contrarrestar el golpe de los aranceles estadounidenses se realizará «con respeto al equilibrio territorial». Así lo establece la disposición adicional segunda del texto legal, que asegura que la distribución se basará en el peso que cada comunidad autónoma tuvo en las exportaciones a Estados Unidos durante 2024, prestando «particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición».
El Gobierno ha diseñado un plan de respuesta dotado con 14.100 millones de euros, dirigido a proteger y relanzar la economía española frente a la «amenaza arancelaria» impulsada por la Administración Trump. Este paquete contempla una línea de avales de hasta 5.000 millones, 2.000 millones en coberturas de CESCE, la ampliación del Fondo para la Internacionalización (FIEM) hasta los 700 millones y un refuerzo de los mecanismos de ajuste de intereses (CARI) gestionados por el ICO.
Además, el Ejecutivo se compromete a rendir cuentas trimestralmente en el Congreso, con informes desglosados «por territorio, sector y beneficiarios» de cada uno de los instrumentos activados. El objetivo es ofrecer transparencia y evitar que la ejecución se vea «condicionada a criterios de oportunidad política o arbitrariedad del órgano concedente».
El Gobierno niega pactos particulares tras las afirmaciones de Junts
Aunque el decreto no menciona ninguna comunidad en concreto, el Ejecutivo ha querido zanjar la polémica suscitada tras las declaraciones de Junts, que había anunciado un supuesto acuerdo por el cual Cataluña recibiría el 25% del fondo total. La norma no recoge ese reparto y recalca la «coherencia con un criterio objetivo», blindando así el plan ante acusaciones de trato preferente.
El propio texto subraya que el impacto territorial de los aranceles «es especialmente intenso en determinadas comunidades autónomas» y que se han incorporado criterios de «asimetría territorial a efectos de planificación y aplicación».
Autonomía estratégica y protección del empleo
Más allá del reparto, el decreto plantea un doble objetivo: proteger a las empresas afectadas y relanzar su actividad reforzando la «autonomía estratégica» del país. Para ello se impulsarán proyectos de reconversión empresarial, diversificación de mercados y acceso a nueva financiación. «El plan no solo busca amortiguar el golpe comercial, sino aprovecharlo como una oportunidad para abrir nuevos mercados», reza el texto oficial.
Con la amenaza arancelaria ya en marcha, el Gobierno acelera así su respuesta económica y se blinda frente a posibles reproches de arbitrariedad, en un contexto de máxima tensión comercial con Washington.