Aluvión de denuncias por delito de odio contra portavoces de Vox que critican la inmigración

Tres de los 12 portavoces nacionales de Vox han sido denunciados en las últimas semanas por delito de odio: José Antonio Fúster (Nacional), Isabel Pérez Moniño (Agenda España) y Rocío de Meer (Emergencia Demográfica). Todos ellos por criticar de un modo más o menos explícito el actual modelo migratorio. Pero no sólo ellos: los portavoces regionales y municipales también están siendo objeto de denuncias. Este miércoles, sin ir más lejos, le ha tocado el turno a la portavoz en el Ayuntamiento de Tarrasa, Alicia Tomás, acusada de lanzar «proclamas racistas» por posicionarse en contra de la «islamización».

Los denunciantes en estos casos son diversos: agentes de la autoridad, colectivos sociales o instituciones políticas. Desde Vox se sienten víctimas de una campaña que busca «amedrentar» a sus miembros para «prohibir la verdad»: «La amenaza y el miedo servirá para que nadie más se atreva a decirla; ese es su objetivo, someter a la población a través del miedo». De todos modos, quitan importancia a las mismas asegurando que «quedarán en nada»: «Cada vez que hacemos una campaña contra la inmigración nos cae una denuncia por delito de odio, pero luego se van archivando».

La Fiscalía de Madrid fue la primera, en abril de 2021, en plena campaña electoral autonómica, cuando abrió una investigación para comprobar si el cartel electoral de Vox desplegado en la estación de metro de Sol sobre los menas (menores extranjeros no acompañados) suponía un delito de odio. Desde entonces, se han convertido en una constante, sobre todo en 2025. El pasado mes de enero, el Observatorio del Discurso de Odio (ODO) denunció ante la Fiscalía a Vox Granada por distribuir panfletos con «mentiras y bulos» que «demonizan» a los extranjeros.

Denuncias en 2025

En febrero, la diputada de Vox Rocío de Meer fue denunciada por hacerse eco de la siguiente noticia: «El primer bebe que nace en este pueblo de Zamora en 18 años se llama Ayoub». «El futuro de este país es tenebroso», reflexionó en su cuenta personal de X, valiéndole la denuncia de la asociación Acción Contra el Odio.

El pasado 31 de marzo, THE OBJECTIVE publicaba en exclusiva cómo el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, había sido acusado por agentes de la autoridad por un presunto delito de odio al citar a detenidos extranjeros que figuraban en un atestado policial de una noche en Barcelona. Los Mossos d’Esquadra denunciaron a Fúster por una rueda de prensa que tuvo lugar en la madrileña sede de Bambú el 29 de julio de 2024, poco después de que Vox rompiera los gobiernos autonómicos con el Partido Popular por la negativa de los populares a resistirse a la acogida de menas.

«El listado de los 50 primeros detenidos durante la noche del sábado en Barcelona: Sabar, Omar, Nassim, Abdelkader, Salah, Salah, Younes, Karim, Jamil, Amir, Alí, Oussama, Hassan… puedo seguir. ¿Notan ustedes algún patrón? ¿Notan ustedes algo? Nosotros sí, y es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que la política de puertas abiertas del Partido Popular y del PSOE tiene consecuencias directas en la seguridad de los españoles», dijo Fúster en aquella jornada.

La semana pasada, la asociación LGTBI Arcópoli anunció que interpondría ante la Fiscalía una denuncia por delito de odio a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, responsable nacional de Agenda España, por preguntar desde la tribuna si los «homosexuales están pagando con sus impuestos la estancia de extranjeros que les odian y les agreden», en referencia a «las ONG y a los parásitos que viven de llevar la delincuencia a nuestros barrios y a nuestros municipios».

«No vamos a pedir perdón por defender a los españoles ni por señalar a las ONG que, bajo el disfraz de lo humanitario, están alimentando las mafias de inmigración ilegal que ponen en riesgo la seguridad de quienes se lanzan al mar, la convivencia en las calles y los derechos de todos, incluidas las mujeres y los homosexuales en España», señaló Moñino a THE OBJECTIVE. «Que lleven a la Fiscalía lo que quieran».

La última afectada

La última afectada por este aluvión de denuncias ha sido la portavoz de Vox en Terrassa, que ha anunciado que el Ayuntamiento municipal «me denuncia por delito de odio y solicita al juez el cierre de todas mis redes sociales para aniquilarme políticamente». El nuevo secretario general del sindicato Solidaridad, líder de Vox en la Diputación de Barcelona, Jordi de la Fuente, también tiene un juicio pendiente por delito de odio.

Vox defiende que el delito de odio debería suprimirse del Código Penal. En su última entrevista concedida a THE OBJECTIVE, Santiago Abascal denunció que «el delito de odio solo es un intento de la izquierda por amordazar determinados discursos que pretenden defender los intereses nacionales y la seguridad de la gente», y recalcó que «cuando decimos que hay una relación entre inmigración ilegal y delincuencia, lo que estamos es hablando de una realidad, que está en los propios datos del Ministerio de Interior, en los propios datos de la población carcelaria en España».