El Congreso avala disolver asociaciones franquistas: el PP se abstiene y Vox vota 'no'
La reforma permitirá la disolución de organizaciones que «ensalcen el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior»
La bancada socialista aplaude durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | Fernando Sánchez / Europa Press / ContactoPhoto
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación para permitir la disolución de entidades que hagan apología del franquismo. La norma, impulsada por el PSOE para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, ha salido adelante con los votos favorables de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. El PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
«¿Volverán a esconderse tras la abstención por indiferencia o más bien por connivencia nostálgica con sus propias raíces personales familiares o como partido político?», ha interpelado el diputado socialista Artemi Rallo al popular Pedro Puy Fraga, reprochando al PP su falta de apoyo a una medida que, según ha defendido, protege la dignidad de las víctimas del franquismo.
La reforma, que incorpora una disposición adicional en la Ley de Asociaciones, permitirá la disolución de organizaciones que «ensalcen el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior», que «enaltezcan a sus dirigentes» o que incurran en «humillación de la dignidad de las víctimas» de aquellos años. El texto también contempla sanciones en casos de «incitación directa o indirecta al odio o la violencia» contra las víctimas.
La iniciativa deja claro que las causas de disolución se aplicarán independientemente de lo que digan los estatutos de las asociaciones y de si están o no inscritas en el registro oficial. La medida afectará exclusivamente a asociaciones, ya que las fundaciones como la Fundación Francisco Franco siguen otro procedimiento, actualmente en manos del Ministerio de Cultura.
La sombra del Tito Berni y los «polvos pagados»
Durante el debate, el diputado de Vox Juanjo Aizcorbe ha cargado con dureza contra la ley y ha acusado a sus impulsores de querer «convertir España en una nación de esclavos ideológicos». También ha advertido a quienes apoyaron la reforma —y a los que «miraron para otro lado»— que «deberán rendir cuentas ante la Historia y el pueblo español».
El Partido Popular, por su parte, ha justificado su abstención argumentando que el PSOE y sus aliados se han negado a incluir enmiendas para extender la medida a asociaciones que enaltezcan el terrorismo, humillen a sus víctimas o hagan apología del comunismo. Una exigencia que también compartió UPN, a pesar de apoyar el texto.
Vía judicial y penal
La reforma establece que la disolución de asociaciones deberá tramitarse mediante resolución judicial, previa acción del Ministerio Fiscal. No obstante, durante la fase de ponencia, el PSOE pactó con Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG una enmienda transaccional que abre la puerta a la disolución por vía penal cuando concurran delitos contra derechos fundamentales o se incurra en asociación ilícita por incitación al odio.
Asimismo, se reconoce la «legitimación activa» para solicitar la disolución a asociaciones o entidades que defiendan la memoria democrática o los derechos de las víctimas del franquismo.
Con este paso, el Gobierno pretende cerrar el paso legal a la posibilidad de que entidades como la Fundación Franco —ya en proceso de disolución— se reconviertan en asociaciones para eludir la acción del Estado. Una estrategia que, según fuentes parlamentarias, ya había sido detectada.
El PSOE sostiene que la medida responde a un mandato legal desde octubre de 2022, cuando entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. La oposición, en cambio, ve en la norma un uso sectario de la historia y una herramienta más para dividir a los españoles. Mientras tanto, el Congreso marca una línea roja jurídica contra el enaltecimiento de la dictadura, en un momento de máxima tensión política e ideológica.