Los partidos pagaron medio millón por material electoral del 23-J que nunca enviaron
El Tribunal de Cuentas alerta de la sobrefacturación y pide que la entrega de papeletas se haga en la sede de los partidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vota en las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023. | Europa Press
Seis partidos políticos facturaron medio millón de euros extra, en conjunto, por la compra de sobres y papeletas que nunca se enviaron a los electores. Las compras han sido puestas bajo la lupa por el Tribunal de Cuentas en un informe en el que se fiscalizan las contabilidades de los partidos durante la campaña de las elecciones generales celebradas en 23 de julio de 2023. Estos gastos se han reclasificado como gastos por operaciones ordinarias debido a que su envío no se acreditó.
Los datos, analizados por THE OBJECTIVE, muestran que un gran número de papeletas y sobres nunca se llegaron a enviar, aunque sí se intentaron computar como gasto electoral. Además, los precios de compra son muy diferentes, un asunto que resalta el organismo fiscalizador. El artículo 175.3 de la Loreg, contempla que el Estado subvencione los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas. No todas las formaciones pueden acogerse a este beneficio, ya que la candidatura debe conseguir el número de diputados o senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario.
El detalle de este informe muestra una irregularidad que ya se destacó en el trabajo en el que se fiscalizaba la contabilidad de las formaciones en las elecciones locales de 2023. El Tribunal de Cuentas, ante esta situación, ha emplazado a los partidos políticos a que acrediten la puesta a disposición de los electores de todas las unidades de sobres y papeletas electorales. Mientras, el organismo fiscalizador emplaza a que si no es posible el envío de este material, los partidos hagan la entrega de forma directa a los votantes en las sedes de los partidos.
Papeletas y sobres de los partidos
Además, destaca que los precios facturados a las formaciones políticas «resultan considerablemente superiores a los precios unitarios de adjudicación en la contratación realizada por las Administraciones públicas». El Tribunal de Cuentas apuesta, con el fin de ahorrar en recursos públicos y propiciar la sostenibilidad medioambiental, por recurrir a fórmulas de adquisición centralizada de los sobres y papeletas de votación.
Un asunto que destaca es la importante diferencia de precios a la hora de comprar el mismo material. Así, apunta a diferencia de hasta el 50% en los precios facturados por los proveedores a las distintas formaciones. El precio más bajo fue de 0,01410 euros y el más elevado, de 0,02117 euros, para los sobres del Congreso de los Diputados. Esta brecha es mucho mayor en lo que concierne a las papeletas, que supera el 165%. El precio más bajo se consiguió en 0,00786 euros y el más elevado fue de 0,02087 euros para las papeletas del Congreso de los Diputados.
Para el Tribunal de Cuentas, esto tiene una fácil solución. El organismo aboga por evaluar la eficiencia material y económica de los envíos directos y personales a los electores de sobres y papeletas o de propaganda electoral y cómo se realizan en la actualidad. Admite que estos envíos son ineficientes «teniendo en cuenta que la disponibilidad de estos está garantizada en las mesas electorales». Hasta 11 partidos políticos reunieron los requisitos para percibir la subvención específica por el envío directo y personal de propaganda electoral. Los envíos alcanzaron los 137,6 millones.
Retraso en los pagos
La existencia de deudas pendientes de pago con proveedores o acreedores a la fecha de presentación de la contabilidad electoral afecta a Junts. En total, el importe ronda los 960.000 euros, lo que supone prácticamente la mitad de los gastos declarados por la formación. Mientras, seis formaciones políticas (Partido Socialista Obrero Español, PSC, Junts, Sumar, Unión del Pueblo Navarro y Vox) realizaron pagos de gastos electorales por un importe acumulado de casi dos millones euros, con posterioridad a los
90 días siguientes al de la votación. Esto supone, según el organismo fiscalizador, una violación del artículo 125.3 de la Loreg.
El Tribunal de Cuentas plantea en su informe de fiscalización reducir la subvención electoral a 6 de los 16 partidos políticos, tras detectar, en conjunto, irregularidades y deficiencias por más de 200.000 euros. Mientras, acredita medio millón de euros en gastos que no están correctamente justificados ni tienen naturaleza electoral. El organismo fiscalizador propone reducir subvenciones a Junts (178.508 euros), y en cantidades menores a Unión del Pueblo Navarro (11.261 euros), Sumar (7.418 euros), PSOE (7.139), Vox (3.915) y el Partido de los Socialistas de Cataluña (54,85).
La fiscalización constata que ningún partido político ha excedido el límite máximo de gastos electorales previstos, ni tampoco los límites de gastos de publicidad exterior ni de publicidad en prensa y radio.