La nueva ley de asociaciones podría extinguir las acusaciones populares contra Sánchez
Las entidades Hazte Oír y Manos Limpias consideran que el Gobierno trata de eliminarlas por la puerta de atrás
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios ministros se reúne con representantes de empresarios y sindicatos, en el Palacio de la Moncloa. | Europa Press
La propuesta presentada por el PSOE para reformar la ley de asociaciones con el objetivo de abrir la puerta a la disolución de entidades franquistas ha superado este jueves el trámite del Congreso de los Diputados, con la abstención de Partido Popular y el único voto en contra de Vox. La iniciativa lleva meses poniendo todas las miradas en la Fundación Francisco Franco, que sería de las primeras en extinguirse, pero las acusaciones populares que ahora mismo acorralan al entorno de Pedro Sánchez por corrupción, tales como Hazte Oír o Manos Limpias, podrían entrar también en el ámbito de aplicación de la norma.
La reforma consiste en la inclusión de una disposición adicional en la ley de asociaciones para incluir como causa de disolución «la realización de actividades que constituyan apología del franquismo». Con arreglo a esta disposición, las acusaciones populares presentes en los casos que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, consideran que el concepto de franquista podría ser utilizado de forma ambigua y arbitraria, facilitando que «asociaciones legítimas puedan ser injustamente perseguidas y silenciadas».
En Hazte Oír, una asociación que lleva años luchando activamente por evitar la «resignificación» del Valle de los Caídos, tienen claro que la nueva ley tiene una oscura intención política, que sería eliminar por la puerta de atrás las acusaciones populares que acorralan al entorno de Sánchez. En este sentido, recuerdan que «desde hace meses, el Ejecutivo viene expresando públicamente su deseo de eliminar esta figura legal, precisamente porque asociaciones ciudadanas independientes están ejerciendo con eficacia un derecho fundamental que pone en jaque al poder político».
Y es que el Gobierno de Sánchez ya ha presentado la llamada Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, que introduce límites a la acusación populares, endureciendo los requisitos para ejercerla e imponiendo fianzas más elevadas. No obstante, esta iniciativa ha sido muy criticada por las principales asociaciones judiciales y además ha hecho saltar las alarmas de la Comisión Europea, que ha avanzado que la evaluará en caso de que entre en vigor para ver si supone una erosión de las instituciones y limita el acceso de los ciudadanos a la Justicia.
«Ley de censura socialista»
Por eso, sería posible que el Ejecutivo estuviese trabajando en un plan B a partir del cual extinguir algunas acusaciones populares bajo el pretexto de luchar contra el franquismo, sancionando a aquellas que participen en actividades como la defensa del Valle de los Caídos. «El PSOE es experto en retorcer la normativa. Sabemos que son capaces de usar lo que dicen defender para realmente defenderse a ellos mismos”, señala Miguel Tomás, portavoz de Hazte Oír, a THE OBJECTIVE.
«Esta estrategia supone una gravísima vulneración de los derechos civiles y políticos de los españoles», añade Tomás. La asociación de la que es portavoz ha abierto una recogida de firmas para frenar lo que consideran la «ley de censura socialista», aglutinando alrededor de 40.000 en menos de cuatro días. «Sánchez tendrá la excusa perfecta para ilegalizarnos y quitarse el problema que le estamos causando al denunciar los casos de corrupción que le afectan», denuncia la iniciativa.
Manos Limpias, «franquista»
Ante esta «amenaza real y evidente contra la libertad de asociación», Hazte Oír anuncia que defenderá «este derecho de todos los españoles» e indica que activará todas las medidas oportunas para hacerlo. Manos Limpias no ha impulsado ninguna iniciativa similar, aunque el peligro también es real para esta asociación fundada en 1995, que ha sido tildada de «pseudosindicato» por el Gobierno y sus medios afines desde que presentó una denuncia contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción. También ha sido acusada de «franquista» en numerosas ocasiones por las inclinaciones políticas de su presidente, Miguel Bernad.
Este último firmó recientemente un manifiesto de «españoles agradecidos con Franco» que ha sido llevado ante la Fiscalía por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por considerar que supone un «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». Un claro indicio de que también podrían atacar a Manos Limpias a través de la reforma de la ley de asociaciones.