El Gobierno ignora o rechaza el 40% de las demandas de información en Transparencia
El 36,5% de las reclamaciones de los ciudadanos en el Consejo tienen como motivo el silencio administrativo
El Gobierno de Pedro Sánchez suspende en transparencia. | Ilustración de Alejandra Svriz
La opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez queda patente en diferentes estadísticas y balances que se realizan a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Dirección General de Gobernanza Pública. Así, cuatro de cada diez de las cuestiones y demandas de información planteadas por los ciudadanos hasta el pasado febrero fueron ignoradas, desestimadas o rechazadas.
Los últimos datos de Transparencia analizados por THE OBJECTIVE muestran que entre 2015 y principios de 2025 se han presentado 84.414 peticiones de información. De estas, 1.109 estaban tramitándose y hasta 2.511 -el 3%- tuvieron como respuesta el silencio administrativo. Mientras, de las 80.794 solicitudes admitidas, hasta 30.183 -el 37,4%- fueron denegadas o inadmitidas.
Las principales justificaciones para la denegación son por razones de seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y seguridad pública. Ocho de cada diez negativas tienen que ver con estas causas, que están recogidas en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia. El otro motivo tiene que ver con la no publicación de datos personales, que se contempla en el artículo 15 de la misma ley.
Opacidad del Gobierno
Las peticiones de información a los distintos ministerios no han parado de crecer en los últimos años. Lo han hecho en paralelo a la cada vez mayor opacidad de los diferentes departamentos y entes estatales. Esto ha provocado un récord absoluto de reclamaciones en el Consejo de Transparencia, que aumentaron un 31% en 2024 con respecto al ejercicio 2023. De los 137 requerimientos al CTBG, el 36,5% tuvieron como motivo el silencio administrativo. Es decir, los ministerios ni siquiera fueron capaces de dar una contestación al ciudadano que hace la pregunta.
El 70% de las resoluciones planteadas fueron admitidas a trámite total, parcialmente o por motivos formales. En 2024 se presentaron 1.396 reclamaciones de ámbito estatal en el Consejo de Transparencia, lo que supone un 19,3% más que en 2023. Desde 2015, primer año de funcionamiento del CTBG, se han triplicado hasta un 170% los requerimientos recibidos.
Un año más, la principal causa de las reclamaciones resueltas por el Consejo ha sido la falta de respuesta de la Administración a la solicitud de información, que originó el 42% de los casos finalizados por el Consejo. Este motivo ha sido más recurrente en 2024 que en 2023, ejercicio en el que el 33,7% de las reclamaciones resueltas se habían presentado por silencio administrativo.
Las respuestas de Transparencia
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió a favor del solicitante seis de cada diez -el 64,5%- reclamaciones admitidas a trámite. De esta forma, el organismo independiente ha instado a que la administración entregase toda o parte de la información previamente denegada. Se incluyen en este porcentaje también las reclamaciones estimadas por motivos formales, es decir, en las que la administración entregó la información a la persona demandante, pero solo después de que esta hubiera reclamado ante el Consejo, con lo que se vulneró su derecho a recibirla en plazo.
Durante el año pasado se produjo un récord de peticiones, más de 14.000, casi veces más que las que se realizaron en los años que se puso en marcha el servicio y 2.300 más que en 2021, año en el que se produjo la segunda mayor cifra. El Ministerio de Interior, el de Presidencia y el de Hacienda son protagonistas de un tercio de las solicitudes desde 2015. Por su parte, los asuntos que despiertan más interés son los vinculados a viajes y agendas de los altos cargos y la publicidad institucional. En cuanto al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia, durante el año pasado por la Administración General del Estado, el 84,5% fueron cumplidas, sobre el 10,6% no se ha constatado el cumplimiento y cerca del 5% acabaron en los tribunales.
Plan de Acción por la Democracia
El pasado septiembre, el Consejo de Ministros daba luz verde al Plan de Acción por la Democracia, un paquete de 31 medidas que obligará a reformar leyes vigentes. La iniciativa pretende incentivar la transparencia en las instituciones públicas y los medios de comunicación. Esta medida llega en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue batiendo récords de rechazo a las solicitudes ciudadanas.
En 2013 se puso en marcha La Ley de Transparencia para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, con el Portal de Transparencia como herramienta clave para hacer solicitudes a la Administración central y a otras instituciones, como la Casa Real, el Congreso de los Diputados y el Banco de España. Tras más de una década, la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente, con respuestas que eluden la información sobre la base de la necesidad de reelaborar datos o amparándose en la seguridad nacional.