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El PP denunciará al sindicato de vivienda de Salt y Mataró por «incitar a la violencia»

El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya criticó en ambas ciudades la intervención de la policía

El PP denunciará al sindicato de vivienda de Salt y Mataró por «incitar a la violencia»

Dos miembros del sindicato de vivienda de Mataró. | Red social X

Las protestas de esta última semana en Mataró han propiciado que los partidos políticos municipales traten de hallar soluciones o emprender acciones de distinta índole. El Partido Popular, según ha podido saber THE OBJECTIVE, llevará ante la Fiscalía al Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya para que los investigue y calibre «ilegalizarlos» por «incitar a la violencia».

El partido considera que pueden haber propiciado de algún modo la escalada violenta que se ha producido en el barrio de Cerdanyola después de que un individuo de origen africano tratara de ocupar una vivienda. A nivel municipal, el PP ha puesto el asunto de la «seguridad» en primer plano en una de las ciudades con mayor okupación de España y más tensión migratoria de Cataluña.

Las fuentes consultadas por este periódico quieren que sea el Ministerio Público el que investigue el papel del sindicato. Una de las últimas noches de vandalismo se produjo tras una asamblea de este sindicato. «Repartieron unos carteles por Cerdanyola que fueron el detonante de los actos delincuenciales del lunes», apostillan.

Enfrentamientos con la policía

En los carteles se podía ver escrito en castellano y árabe la frase «El barrio unido contra el racismo» y la hora de la reunión de la asamblea, en el centro cívico Can Morros, a las 19 horas del pasado lunes. El Sindicat se ha posicionado en contra de la intervención policial, que ha tachado de «violencia policial», por tener a la ciudad sometida a una suerte de «semiestado de excepción» y hasta de racismo por perseguir a gente por «su color de piel». También ha criticado con dureza la estrategia del ejecutivo socialista de David Bote de responder con «más policía y más desahucios» a un problema que, según afirman, tiene su origen en el acceso a la vivienda.

El PP también está insatisfecho con la «gestión» del PSC y ha pedido la dimisión de su alcalde. Pero también ven con preocupación el papel de este sindicato, que es el mismo que también dio cobertura al imán okupa de Salt al ser desahuciado de la vivienda que okupaba durante el último lustro.

En paralelo, la Associació de Veïns del barrio de Cerdanyola tampoco comparte la visión del sindicato sobre los altercados. Condena el vandalismo y ha lamentado los enfrentamientos con la policía.

Sindicat d’Habitatge Socialista

El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya nació en 2024 para actuar a escala autonómica. Muchas centrales que operaban a nivel local se han unido bajo sus siglas para tener mayor arraigo y ser más eficaces en sus objetivos. Reivindican la vivienda gratuita, universal y de calidad, además de enfrentarse a los «desahucios y la especulación inmobiliaria».

Sus impulsores decidieron unirse porque acusan a los sindicatos tradicionales de vivienda de estar supeditados a los partidos políticos y no quieren «deber nada» a quien no ha solucionado el problema de la vivienda.

PP de Mataró

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mataró y diputado, Cristian Escribano, ha condenado con firmeza los disturbios ocurridos estos últimos días: «Mataró no puede seguir siendo rehén de los okupas. Lo ocurrido en Cerdanyola es consecuencia directa de años de dejadez, cobardía política y permisividad institucional. Por eso, desde el PP exigimos la dimisión inmediata del alcalde David Bote, por su incompetencia manifiesta y por abandonar a su suerte a los vecinos de nuestra ciudad».

 
 
 
 
 
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Los populares también reclaman la expulsión inmediata del país de todos los identificados extranjeros implicados en los disturbios. A su juicio, no se puede permitir que «quienes atacan a la policía, siembran el miedo en nuestros barrios y desafían la legalidad campen a sus anchas por nuestras calles». Por esta razón, también exigen la ilegalización de todos los colectivos que promuevan, amparen o alienten la okupación violenta.

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