El Senado exigirá a Sánchez que presente los Presupuestos Generales del Estado
Los populares aprobarán con su mayoría absoluta una moción en el pleno de la Cámara Alta
Alicia García, portavoz del PP en el Senado. | Europa Press
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentará el próximo martes en el pleno una moción para instar al Gobierno a cumplir con su obligación constitucional de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025. La iniciativa busca garantizar la estabilidad y la transparencia económica, principios que, según el PP, son fundamentales en un sistema democrático. La mayoría absoluta de los populares garantiza que sea aprobada.
La portavoz del grupo, Alicia García, ha criticado duramente al Ejecutivo por no haber presentado aún el proyecto presupuestario. Según afirma la popular, «el Gobierno está en rebeldía constitucional», ya que la presentación de los Presupuestos es un mandato recogido en la Constitución. García atribuye la demora a una falta de dirección y cohesión dentro del Ejecutivo, al que ha calificado como «sin rumbo y sin estrategia».
Los populares recuerdan que los últimos Presupuestos fueron aprobados en 2022, en un contexto económico y político diferente, lo que consideran un obstáculo para una gestión eficaz de los recursos públicos. Además, aseguran que esta situación afecta especialmente a comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales.
García también señala que la falta de nuevos Presupuestos dificulta la labor de control parlamentario y limita el derecho de la ciudadanía a conocer la dirección económica del país. «La situación es inédita en la historia democrática de España», denuncia.
La portavoz popular compara la situación actual con unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que realizó en 2018, cuando defendía la necesidad de convocar elecciones anticipadas ante la ausencia de Presupuestos. Según García, estas contradicciones evidencian una falta de coherencia y transparencia por parte del Ejecutivo. Con esta moción, el PP pretende que las Cortes Generales puedan ejercer su función constitucional de debate, enmienda y aprobación de las cuentas públicas, asegurando así un marco institucional estable.
Choque jurídico por el uso del veto presupuestario
A la presión política del PP se suma ahora un nuevo frente jurídico. Este periódico adelantó un informe de los letrados del Senado que advierte de que el Gobierno no puede seguir vetando enmiendas parlamentarias alegando perjuicio presupuestario mientras no presente un nuevo Proyecto de Presupuestos para 2025.
El documento responde a un conflicto surgido durante la tramitación de la ley de desperdicio alimentario. El Ejecutivo intentó bloquear tres enmiendas —presentadas por PP, Junts y ERC— con el argumento de que afectaban al gasto público. Aunque el Senado las aprobó, fueron posteriormente eliminadas por la Mesa del Congreso sin someterlas a votación, lo que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre el PSOE y el resto de grupos implicados.
Los letrados sostienen que el Gobierno solo puede ejercer su derecho al veto presupuestario «cuando cumpla sus obligaciones respecto a la remisión a las Cortes Generales de unos presupuestos generales del Estado del año en curso». En otras palabras, el uso del veto presupuestario debe estar vinculado a la existencia de unas cuentas actualizadas. Si no hay nuevos Presupuestos, no puede invocarse su perjuicio como argumento para vetar propuestas.
«El juicio de disconformidad del Gobierno está desfasado, referenciado a cifras de 2023», señala el informe. Según los juristas, ello vulnera doblemente la competencia legislativa de las Cortes: primero, al privarlas de debatir los Presupuestos de 2025; y segundo, al usar unos datos caducos para frenar la tramitación de enmiendas e iniciativas legislativas.
El dictamen pone de manifiesto el desgaste institucional que supone prolongar los Presupuestos de 2023 por segundo año consecutivo y plantea que esa prórroga no puede ser excusa para limitar la acción legislativa del Parlamento. Aunque la Constitución permite al Gobierno oponerse a enmiendas que afecten al Presupuesto (art. 134.6), esta prerrogativa queda supeditada a que se presenten unos nuevos Presupuestos para cada ejercicio.
La controversia ha derivado incluso en una inédita advertencia del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, quien recordó que no pueden eliminarse enmiendas sin ser votadas, lo que pone aún más presión sobre la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y evidencia la fractura institucional que genera la falta de Presupuestos.
