La Eurocámara pedirá medidas contra España si persisten los ataques a la Justicia

La nueva Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), del Parlamento Europeo, está a la expectativa de lo que establezca la Comisión Europea en el próximo informe sobre el Estado de derecho, que analiza la situación en cada uno de los países miembros, y que se publicará en julio. La comisión parlamentaria considera que a nivel global la situación no ha mejorado respecto al año anterior y que en muchos países hay «un clima de impunidad política». En el caso de España, apuntan, se sigue sin modificar el sistema de elección de los jueces pese haberse renovado del Consejo General del Poder Judicial.

Su presidente, Javier Zarzalejos, ha explicado este martes a THE OBJECTIVE que hay «prácticas iliberales que se están extendiendo» por distintos motivos, como la «inestabilidad interna». A este respecto, avisa que «no solo Hungría» es uno de los países que están en situaciones preocupantes. La Comisión LIBE es una de las más activas de las últimas legislaturas y elaboran propuestas legislativas, informes de propia iniciativa, redactan enmiendas y los aprueban.

Misión a España

La nueva Comisión baraja la posibilidad de forzar misiones de europarlamentarios a España si el informe refleja que las carencias democráticas se mantienen o agravan: «Analizaremos el informe de la Comisión Europea y si vemos que el caso es alarmante intentaremos poner en marcha herramientas desde el Parlamento Europeo».

El objetivo es que no todo quede en papel mojado, ni siquiera en simples «recomendaciones de mejora». Y que se desplieguen «herramientas», desde enviar una misión a explorar mecanismos de sanción -o de congelación de fondos de la Unión Europea, como ya ha sucedido con Hungría por corrupción y falta de independencia democrática-.

«Hay un nuevo comisario, una nueva comisión. Vamos a activar mecanismos parlamentarios para que se cumpla con el informe. Y existe la posibilidad de que no solo vamos a ir de misión por la situación migratoria en Canarias», añaden estas fuentes comunitarias.

Preocupa la ‘ley Begoña’

Javier Zarzalejos ha explicado los cuatro ejes en los que se basa el informe sobre el Estado de derecho, como es el tratamiento de la corrupción, los sistemas judiciales, la libertad y pluralismo en los medios de comunicación y los controles y equilibrios institucionales.

En el caso de España, han hecho referencia a la situación preocupante que se deriva de la pugna del Gobierno de Pedro Sánchez con el sistema judicial. Zarzalejos ha hablado explícitamente de la llamada «ley Begoña», la norma que quiere aprobar el Ejecutivo para acabar con la acusación popular y que sería aplicable a los procedimientos en curso, como el que afronta la mujer del presidente, Begoña Gómez.

Asimismo, también ha alertado de que si bien se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, «no se ha hecho ningún movimiento» en cómo cambiar el sistema de elección de los jueces. «En el informe anterior se decía que tras renovar el órgano de poder de los jueces había que hacer esto, pero no se ha avanzado nada». Zarzalejos también ha mencionado cómo se «ha agravado la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», o cómo se han hecho reformas del código penal que van en la línea contraria de la UE para combatir la corrupción.

La Comisión LEBI se centra en los derechos fundamentales y libertades civiles, la justicia y la cooperación judicial, el asilo y la inmigración, el tratamiento de la corrupción, seguridad y lucha contra el terrorismo, cooperación policial y aduanera, protección de datos y privacidad o derechos de las minorías. A este respecto, desempeña un papel relevante en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos en la UE y en la promoción de la justicia en todo el continente.