Moncloa defiende que «la Constitución no obliga» a Sánchez a presentar Presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aferra a la ‘literalidad’ de la Ley para orillar al Parlamento en el incremento del gasto en Defensa y en la eventual presentación de un hipotético proyecto de Ley de Presupuestos. El jefe del Ejecutivo defendió este martes que no acudirá al Congreso para la aprobación del mayor gasto en Defensa de la historia en España, 10.471 millones de euros, porque los artículos 97 y 134 de la Constitución Española le habilitan para tomar esta decisión en el terreno del gasto sin necesidad de recurrir a las Cortes al «no implicar un mayor esfuerzo presupuestario» sino que las fuentes de financiación derivan de modificaciones presupuestarias y del «buen desempeño de la economía» y de la gestión del Gobierno. Fuentes de Moncloa consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que sólo en el caso de un nuevo envío de tropas, el Ejecutivo estaría obligado a obtener la validación parlamentaria del pleno del Congreso.

Según el jefe del Ejecutivo, «el Gobierno hace su trabajo» y «obedece, funciona y ejerce sus competencias en base a la Constitución Española». Sin embargo, la lectura de la Carta Magna es clara en el punto tercero del artículo 134, relativo a la obligatoriedad del Ejecutivo de presentar anualmente un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Preguntado por este extremo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez sonrió poniendo en duda la obligación constitucional que lleva incumpliendo desde 2023: «Bueno, la lectura de la constitución y su aplicación puede tener algunos matices».

Fuentes gubernamentales consultadas por este periódico aclaran la interpretación gubernamental de la lectura constitucional: «No es obligatorio presentar los Presupuestos» porque el citado artículo descansa sobre seis apartados, en los que son claves el tercero y el cuarto. Según el Gobierno, ambos van de la mano y no pueden ser interpretados el uno sin el otro. El punto tres establece que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior»; y el cuarto: «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

«El Gobierno no está obligado»

De la lectura de este texto, el Gobierno interpreta que «el Gobierno no está obligado a presentar los Presupuestos» si no tienen visos de ser aprobados. En otras palabras, que «la Constitución no dice que sea anticonstitucional no presentar los presupuestos». Y prueba de ello, para Moncloa, es que los grupos de la oposición no han presentado ningún recurso de inconstitucionalidad contra el Ejecutivo por no haber presentado las cuentas públicas de los años 2023, 2024 o 2025. En los dos primeros, el Ejecutivo justificó su renuncia a llevar los PGE al Congreso por las convocatorias electorales de las municipales y autonómicas del 28M de 2023, las generales del 23J de 2023 y las catalanas del 12M de 2024. De cara al año presente, y según el artículo 134 C.E., el Gobierno tendría que haber presentado el proyecto de Ley presupuestario, como tarde, en octubre de 2024. Pero el rechazo de Junts a la senda de estabilidad –antesala de los PGE– el pasado mes de julio y el alejamiento creciente de Carles Puigdemont de Pedro Sánchez, a la espera de la concesión de la amnistía por malversación, motivó el retraso sine die por parte del Gobierno ante la imposibilidad de sacar adelante las cuentas públicas.

Inicialmente, el presidente del Gobierno se comprometió a presentar los PGE en el primer trimestre de 2025 y fuentes de Moncloa establecieron en mayo la fecha tope para tirar la toalla de las cuentas de 2025. Como desveló este diario, el Ejecutivo barajaba ya renunciar al presente ejercicio y presentar los PGE de 2026 en el otoño tras «amarrar» el voto de Puigdemont, después de que el Constitucional emita su dictamen favorable a la amnistía. No obstante, Pedro Sánchez aseguró ayer en Moncloa que «el Gobierno está comprometido en la presentación de los Presupuestos. Estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlo, pero si queremos cumplir con el incremento del 2% del gasto en Defensa tenemos que hacerlo cuanto antes».

«Llevamos semanas trabajando»

Pese a que la pregunta de los periodistas solicitaba especificar explícitamente si el Gobierno trabaja ya en el presupuesto de 2025 o el de 2026, Sánchez evitó concretar el año en cuestión. Fuentes de Moncloa sostienen que «no hay ninguna diferencia porque sería el único y el último presupuesto de la legislatura» con el que pretenden aguantar a mayo de 2027, hasta la celebración de un ‘superdomingo electoral’. Según el Gobierno, Sánchez no ha tirado definitivamente la toalla para 2025 la aprobación este martes de los 10.471 millones del Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa era obligada porque el Ejecutivo estaba obligado a enviarla este miércoles a la OTAN y a la Comisión Europea. Y para ello, lleva «semanas trabajando» en la cuantificación de las modificaciones presupuestarias que hace varias semanas que se atisbaban como la fórmula para elevar el gasto en Defensa, después de la comparecencia de Sánchez el pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados.

Lo que tienen claro en el Palacio de la Moncloa es que los Presupuestos «no se presentarán para perderlos. No tiene sentido si no hay votos». En el núcleo duro del presidente asumen con plena normalidad que se renuncie a presentarlos por tercer ejercicio consecutivo: «No sería un drama bajo ningún concepto». En 2024 fue la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda senda, María Jesús Montero, la responsable de anunciar que desistían de llevarlos a las Cortes porque el adelanto electoral en Cataluña complicaba el tablero político y «lo sensato es trabajar en los de 2025». Era el 13 de marzo de 2024, dos meses y medio después de iniciarse el año. Un año después el Gobierno asume un cambio de estrategia: no reconocer la derrota hasta por muy evidente que sea y dejar que la gasto en Defensa y la crisis de los aranceles conformen el cóctel perfecto para justificar la renuncia.