Defensa sí mantendrá otro supercontrato de 600 millones con una empresa israelí

El ultimátum de Izquierda Unida no era un farol y, precisamente por ello, surtió efecto. Sin embargo, la rectificación del Gobierno a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al rescindir «de forma unilateral» el contrato de 15 millones de balas para la Guardia Civil a la empresa israelí IMI Systems, ha fijado un importante precedente. No sólo respecto a la capacidad de IU de torcer el brazo al Gobierno, sino de cara al resto de contratos que el Gobierno español adjudicó a otras empresas israelíes. El más relevante de ellos es un contrato de 576 millones de euros adjudicado en diciembre de 2023 a Escribano Mechanical & Engineering y Rheinmeyall Expal para el desarrollo del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad de Misiles (Silam) que fue presentado en mayo de 2023 en la Feria de Industria de Defensa (Feindef).

Según fuentes del sector de Industria de Defensa consultadas por THE OBJECTIVE, a diferencia del contrato de munición del Ministerio de Interior, la relación de este supercontrato de Defensa con la israelí Elbit Systems se limita al pago de la patente, en el argot del sector, la transferencia tecnológica de vanguardia israelí. Se trata del sistema PULS (Precisión Universal Launch System) que sustituye al estadounidense HIMARS, que se utiliza por Israel en la franja de Gaza y que han adquirido varios países europeos como Dinamarca, Países Bajos y Alemania.

La presión del socio minoritario de la coalición de gobierno y la amenaza de IU con abandonar la coalición en caso de no forzar la cancelación del contrario de munición con la empresa israelí han disparado los nervios en el Ministerio de Defensa por los otros contratos que se habían adjudicado a compañías israelíes, después de la promesa del Ejecutivo de cancelar todos los programas de compra del material militar a Israel por en escalada bélica con Palestina. El Palacio de la Moncloa informó este jueves de la rescisión del contrato para ratificar que «la coalición progresista está firmemente comprometida con la causa Palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023, España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes, ni lo hará en el futuro».

El Ministerio mantendrá el SILAM

Sin embargo, pese a que el Ministerio de Defensa no aclara si este contrato se vería afectado en caso de que Sumar e IU elevaran la presión para su cancelación, fuentes gubernamentales aclaran que el departamento de Margarita Robles ha calmado los «nervios» de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) sobre la posibilidad de que la presión de los socios de coalición pusiera en riesgo la viabilidad de este contrato. Las fuentes consultadas aseguran que «no va a afectar al SILAM», un contrato de enorme importancia para España en el actual contexto de rearme militar. Previamente, el Gobierno sostiene que «los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y los que sean armamento, no se van a ejecutar». El caso del sistema SILAM es distinto al pactado por Interior, en la medida en que no se trata de suministro de munición sino de producción íntegramente española. Se fabrica en la planta de EM&E en Córdoba, ubicada en el parque tecnológico de Rabanales 21 de Córdoba, donde acudió la ministra, Margarita Robles, la semana pasada, para comprobar el avance del proyecto.

También es distinto el montante total del contrato. En lugar de 6,6 millones de euros, se trata de 576.449.111,59. Varios ceros más en un supercontrato en los que se suele anticipar los primeros pagos en el momento de su firma. Según fuentes del sector, ya se habría pagado los ejercicios de 2023 y 2024, correspondientes al pago de la transferencia tecnológica (la patente) a la empresa israelí. Las mismas fuentes considerarían «una barbaridad» resolver dicho contrato por los «caprichos ideológicos» de los socios, lo cual nos dejaría «desprotegidos» en un momento de disuasión y rearme en el terreno de la defensa. Se trata de «una capacidad muy demandante» con la que no contamos desde que en 2011 se retiró el sistema de lanzamiento Teruel, con lo cual el Ejército de Tierra no dispone en este momento de este tipo de armamento.

«Nervios» en Defensa

Fuentes gubernamentales relatan los «nervios» en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) ante la hipotética posibilidad de que se diera marcha atrás. En las horas previas, fuentes del sector abogaban por «pelear para salvarlo, pese a la presión de arriba», sostienen fuentes del sector a este periódico. Tampoco parecía probable que el Gobierno forzara a rectificar al Ministerio de Interior tras manifestar ayer desde el entorno de Marlaska que el contrato de suministro de 15,3 millones de balas no se podía anular porque supondría «abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado, necesario para que la Guardia Civil pudiera prestar los servicios que tiene encomendados». Y, pese a ello, este jueves Moncloa anunció la anulación del contrato, dejando al titular de Interior en entredicho.

En octubre de 2024, tanto Marlaska como otros miembros del Gobierno, entre ellos la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunciaron la anulación de esta compra y se comprometieron a no cobrar ni vender armamento al Estado israelí. La reactivación de este contrato se realizó en plena Semana Santa, el Viernes Santo, encendiendo los ánimos de Podemos, Sumar e IU el pasado martes, el mismo día en que Pedro Sánchez anunció el mayor incremento de gasto militar de la historia de España -10.741 millones de euros, hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB)-, sin que éste tenga que ser validado por el pleno del Congreso de los Diputados. El presidente Sánchez se limitará a una comparecencia parlamentaria en la segunda semana de mayo, en la que tendrá que encajar las críticas de elevar -«unilateralmente», según sus socios-, el presupuesto de Defensa en contra de la mayoría de sus aliados parlamentarios. Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís y BNG se oponen. Y cada vez son mayores y más cercanos los conatos de rebelión del bloque de la investidura que, por primera vez esta semana, ha hablado de «adelanto electoral» y de salir del Consejo de Ministros.