Los alcaldes exigen al ministro Bolaños que los jueces de paz puedan seguir casando gratis

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha enviado una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para que reconsidere su decisión de eliminar a los jueces de paz su competencia de celebrar matrimonios de forma gratuita, según el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Esta reforma preocupa a los alcaldes de pequeños municipios, ya que obliga a los vecinos a tener que desplazarse a otras localidades y asumir el coste de la celebración.

El origen de esta polémica está en la aprobación y entrada en vigor, el pasado día 3 de abril, de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, Eficiencia de la Justicia, denominada «ley Bolaños». Un texto cuestionado por los alcaldes de pequeños municipios en la Comisión de Función Pública, Justicia y Recursos Humanos de la FEMP, donde se han expuesto las preocupaciones «por la pérdida de competencias de los Juzgados de Paz para celebrar matrimonios», como así lo transmite al Gobierno la alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP.

La «inquietud» sobre la desaparición de este cometido, «tradicionalmente bien valorado por la sociedad y ofrecido de forma gratuita», es especialmente preocupante en estas ciudades de menor tamaño, «donde esta función de los jueces de paz tenía una importancia mayor». Por ello, García-Pelayo pide «que se impulsen, con carácter prioritario y con urgencia, las modificaciones normativas para que los juzgados de paz puedan recuperar esa competencia».

La FEMP quiere poner en valor la «labor que los Juzgados de Paz han desarrollado durante décadas», a la vez que apoyan «su transformación en el proceso de modernización y digitalización de la justicia», pero no en los términos planteados. Este desacuerdo es uno de los puntos que ha llevado al PP a recurrir la nueva norma del Gobierno de Sánchez, por incluir la cesión de funcionarios al País Vasco.

El alcalde de La Llosa, Joaquín José Llopis, miembro de la Comisión de Justicia de la FEMP, lamenta a este periódico la situación calificándola de «absurda», sobre todo por los perjuicios que ocasiona en los pequeños municipios. «Ahora, a los vecinos, o bien los tienen que casar el alcalde o que este delegue en los concejales; o ir a una notaría o al Juzgado de Primera Instancia más cercano. Cuando esto ocurre en una provincia con 88 municipios pequeños de menos de mil habitantes, como Castellón, supone un problema enorme».

De 50 euros a 500

El también diputado provincial insiste en que «si de todos los pueblos que tenemos menos de 1.000 habitantes se tienen que desplazar al Juzgado de Primera Instancia, a una notaría o que les pueda casar el alcalde, puede crear un gran problema. No todo el mundo quiere que les case el alcalde». Además, afirma que «nos encontramos con otra problemática relacionada con que algunos municipios no tienen regulada una tasa municipal por la utilización del salón de plenos para la celebración de las bodas, pero los más grandes sí que lo tienen regulado. Lo que era una celebración a coste cero para los vecinos va a pasar a que cueste dinero Y si no quiere que les case el alcalde se tienen que desplazar a otros municipios».

Llopis califica de «absurdo» el cambio y pone el acento en que «un trámite que era gratuito para los vecinos ahora, aparte de los desplazamientos, que cueste dinero. Además, es una cosa bonita, casar a vecinos del pueblo. No sé a quién se le ha ocurrido esta idea». En este sentido, apunta que las tasas que cobran los ayuntamientos son muy variadas, desde 500 euros, algunos municipios costeros hasta 50, 100 o 150».

El alcalde también recuerda que «en los Juzgados de Paz tampoco van a poder tramitar ahora Libros de Familia, cuando realmente para cualquier tramitación una de las cosas que piden a las familias es este documento».

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, admitió en su día que «ahora mismo hay muchas dudas e incertidumbre» y adelantó que la implantación de la ley «seguro que traerá problemas», informa Europa Press. Igualmente, lanzó un aviso en el sentido de que la implantación de esta nueva ley «va a requerir de recursos materiales y humanos».