El juez Enrique López: «Es una anomalía ver cómo se insulta a jueces en el Congreso»

Enrique López (Cacabelos, León, 1965), magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, considera una «anomalía democrática» los insultos a los jueces en el Congreso de los Diputados, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura. En una entrevista con THE OBJECTIVE analiza la situación del Poder Judicial y cierra cualquier posibilidad de volver a ocupar un cargo político.

PREGUNTA.- Se han cumplido cinco años del inicio del confinamiento por la pandemia, que gestionó como uno de los responsables de la Comunidad de Madrid ¿cómo valora las críticas, con acusaciones, incluso de asesina, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso?

RESPUESTA.- Me parece indigno e inmoral lo que se está haciendo, cómo se está instrumentalizando el dolor, lógico y entendible, de los familiares que perdieron a sus seres queridos. Lo que no entiendo es que partidos políticos de la izquierda instrumentalicen ese dolor con fines políticos y hagan afirmaciones tan groseras como hablar de asesinatos. Personas que estaban en centros sociosanitarios murieron en Madrid, en España, en Europa y en el mundo. Son muchas las resoluciones judiciales que han puesto orden en ese tipo de denuncias. Se hizo lo que se pudo en el momento y con los medios y conocimientos que se tenían.

P.- ¿Ha habido ensañamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid?

R.- Sí, y comenzó con la Covid, yo lo viví ¿Alguien conoce algún enfrentamiento de esta naturaleza del primer ministro alemán con algún presidente de un lander o de un presidente italiano con una autoridad regional? La Comunidad de Madrid es muy importante, pero no deja de ser una comunidad. Y esa obsesión yo la empecé a ver justo en la época de la Covid.

P.- ¿Por qué le tiene tanto miedo la izquierda a Ayuso?

R.- No logro entender, ni justificarlo, ni contextualizarlo. La valoración que yo puedo tener de la presidenta vale lo que vale mi palabra, pero la importante es la de los madrileños, y yo he vivido ese ascenso. Se ha ganado una legitimidad, como mínimo, para que quien formula ese tipo de improperios la tome con más respeto.

P.- ¿La izquierda pincha en hueso con los ataques a Ayuso?

R.- Tienen que reflexionar porque este camino de polarización, de insulto, de descalificaciones no es bueno. No solo porque electoralmente no es adecuado, sino porque lo que está generando en la sociedad madrileña y española es una división y un enfrentamiento que no conduce a nada.

P.- Dejó la política en junio de 2023 ¿lo hizo voluntariamente u obligado por las circunstancias?

R.- Yo me había comprometido una legislatura y fue lo que estuve allí. Yo le adelanté antes a la presidenta mi intención de volver a mi profesión. Yo soy juez con más de 30 años de profesión, y político lo he sido cuatro.

P.- Se comentó mucho que su relación con Casado había enfriado la suya con Ayuso ¿Se sintió alguna vez incómodo formando parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid?

R.- Yo he estado muy a gusto trabajando con Pablo Casado y, por supuesto, con Isabel Díaz Ayuso. Guardo un grato recuerdo de ambos, evidentemente con la presidenta trabajé más tiempo, de una manera más intensa. Para mí fue un máster en política y me siento muy orgulloso de lo que he hecho.

P.- Desde que se reintegró en su puesto de juez, la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial se ha agravado por los continuos ataques de Sánchez a la judicatura ¿Cómo se vive desde dentro esta situación?

R.- Con mucha preocupación y, a veces, con un alto grado de estupor. Pero no lo digo yo, lo dicen la mayor parte de las asociaciones profesionales, judiciales, fiscales, el comisario europeo de Justicia, el informe sobre el estado de Derecho en la Unión Europea. Yo he oído cosas en los últimos años que jamás las había oído en mi vida profesional: a dos ministros llamarle al juez Peinado prevaricador y decir que había mentido actuando como juez; he oído cómo sobre una resolución del juez Hurtado se dice que ha hecho elucubraciones. Puedes estar de acuerdo o no con una resolución, pero no descalificar al autor llamándole prevaricador y mentiroso. Todo esto está generando una gran preocupación. Es un mal ejemplo.

P.- ¿Este ataque a los jueces se puede considerar una anomalía democrática?

R.- Es una gran anomalía democrática presenciar cómo se insulta a los jueces en el Congreso de los Diputados y cómo la presidenta no cumple con su obligación de hacer guardar el decoro parlamentario. El Reglamento del Congreso prohíbe ofender a personas, a instituciones del Estado, y cuando se permite que se insulte, se descalifique y se menosprecie a jueces no está cumpliendo con su obligación.

«Yo he oído cosas en los últimos años que jamás las había oído»

P.- Por primera vez en la historia democrática hay un fiscal general del Estado imputado ¿Cree que debería dimitir?

R.- No voy a decirle lo que tiene que hacer, pero sí diría que cuando se ocupa un cargo público de gran relevancia y como consecuencia de una actuación judicial se ve comprometida tu imagen, hay que hacer una reflexión sobre si tu mantenimiento en ese cargo público fortalece o debilita a la institución. Además, hay que responderte lo antes posible.

P.- ¿Piensa que el borrado de los mensajes fue un acto inocente?

R.- Hay que verlo siempre desde la óptica de una persona que está siendo investigada, pero quien tiene que valorarlo y lo está valorando es el juez instructor. Hay que estar a lo que él diga.

P.- Si Álvaro García Ortiz creyera que no ha cometido ningún delito no lo habría borrado ¿Sería muy grave que quisiera ocultar un delito?

R.- Una persona que está siendo investigada tiene todos los derechos que tiene cualquier investigado y, entre ellos, a no confesarse culpable. Tiene derecho prácticamente a mentir. En este caso concurre algo excepcional, que es que se trata, nada más y nada menos, que del representante de la Fiscalía General del Estado, responsable de defender la legalidad y la acción de la Justicia. Esto es lo realmente extraordinario.

P.- ¿Cree que se están utilizando los poderes del Estado para tumbar a Isabel Díaz Ayuso?

R.- Yo como juez no puedo planteármelo, ni tan siquiera como ciudadano, tengo mi opinión al respecto. Los jueces tenemos libertad de expresión plena, como cualquier ciudadano, pero hay algo que se llama contención, que se llama responsabilidad. Evidentemente, el interés mediático está en lo que yo fui y en lo que soy, no tanto en la persona, y en ese sentido tengo que ser prudente.

P.- Como exmiembro del Tribunal Constitucional ¿Qué le parecen las críticas a Sánchez sobre la politización y la desconfianza hacia su presidente Cándido Conde Pumpido?

R.- Es obvio que hay que mantener un grado de pluralismo político dentro del Tribunal Constitucional, que trascienda a las mayorías políticas en cada momento, y tomará decisiones que nos puedan parecer más o menos politizadas. Cuestión diferente es cuando actúa como tribunal de garantías en el recurso de amparo, donde ya hay partes, hay intereses personales y donde ahí tiene que ser mucho más exquisito de lo que ha sido en estos momentos en el respeto a las decisiones de órganos judiciales, especialmente del Tribunal Supremo.

P.- ¿Cómo valora la posición del Tribunal Constitucional sobre los ERE?

R.- No se ha absuelto a nadie ni se han santificado los ERE. Lo que se ha dicho es que hasta que no había una ley de presupuestos aquello era delito y a partir de la ley deja de ser delito. Eso es discutible o no, ahí está, es respetable. A mí no me han gustado las resoluciones cuando han entrado a valorar pruebas. Hay sentencias que valoran pruebas, que se permiten incluso hasta el lujo de criticar, no al Supremo, sino a la sala de instancia, a la Audiencia Provincial de Sevilla, diciendo que había otras pruebas que no se tuvieron en cuenta. Esto es absolutamente criticable.

P.- El problema es que un miembro del Gobierno llegó a vaticinar el fallo del Constitucional

R.- Hubo una premonición por parte de un responsable político que no fue muy afortunada y no creo que haya gustado mucho en el seno del Tribunal Constitucional. Yo entiendo que un sector de la población critique estas resoluciones.

P.- ¿Cree que la amnistía es inconstitucional?

R.- Sí. Por supuesto, respetaré y, como no puede ser otra manera, me someteré al criterio del Tribunal Constitucional.

P.- ¿Y la cesión de la inmigración a Cataluña?

R.- La inmigración, la emigración, la nacionalidad, etcétera, son indelegables, como lo es la política de defensa, las relaciones internacionales, que son competencias exclusivas del Estado. Mal vamos cuando en Europa lo que estamos buscando es una política común de inmigración y en España estamos delegando materias propias de inmigración a una comunidad autónoma que no puede tener esa competencia.

«El Poder Ejecutivo no está actuando con el debido grado de contención»

P.- ¿Considera que Pedro Sánchez está utilizando el Tribunal Constitucional para blanquear su política de cesiones con el independentismo? Tanto la amnistía como la migración son exigencias del independentismo catalán.

R.- Aquí hay que diferenciar responsabilidades: Pedro Sánchez hace lo suyo, te puede gustar o no, a mí hay cosas que no me gustan, y el Tribunal Constitucional tiene que cumplir con su obligación y serán responsables sus miembros de lo que hagan. A mí lo que me preocupa como ciudadano es que tenemos un gobierno cuya subsistencia está condicionada a lo que decidan partidos políticos independentistas, que no aceptan la Constitución y que, además, muchos de sus líderes o están condenados o en rebeldía con la Justicia.

P.- ¿ No es grave que Sánchez quiere eliminar la acusación particular para borrar los delitos cometidos por su entorno cercano?

R.- A mí lo que me preocupa no es la regulación, sino el origen de la regulación. Sería más creíble si no afectara a los casos en trámite. No me gusta, me parece que es incorrecta y está llena de errores. Se nota mucho que es una proposición hecha a toda velocidad, sin criterio ni rigor procesal ninguno. A lo mejor, si el ministerio fiscal hiciera su papel no sería tan importante la acción popular. Lo que tenemos que tener claro es que cuando un juez admite a trámite una querella o una denuncia, lo hace porque entiende que esos hechos revisten la naturaleza de delito. La descalificación de origen respecto a determinadas organizaciones ni la comparto ni la dejo de compartir. Que se defiendan ellas y que digan lo que estimen pertinente.

P.- ¿Son los jueces machistas y franquistas como dice el Gobierno y sus socios?

R.- Yo nací en un entorno económicamente no muy favorecido, mi padre era un trabajador de una empresa y, como yo, muchísimos estudiantes de Derecho sacrificamos unos años para preparar una oposición con un coste muy inferior al que hoy tiene el máster más barato. La carrera judicial es un fiel reflejo de la sociedad española desde el punto de vista de origen social, económico, político, ideológico, decir lo contrario es no conocer lo que está ocurriendo. Pero es curioso que este problema solo lo tengan con los jueces, no con los abogados del Estado, los notarios o registradores.

P.- ¿Los dos únicos diques de contención al Gobierno son los jueces y los medios de comunicación? ¿Está en riesgo la independencia de la Justicia?

R.- El Poder Judicial en España goza de una gran independencia que le hace merecedor de un gran respeto por parte de la sociedad española. No hay partido político que, bajo ningún concepto, pueda acabar con ello. El Gobierno debe de hacer una reflexión y escuchar al Comisario de Justicia Europeo, a la Unión Europea, y esa preocupación que muestra por las descalificaciones que se hacen a los jueces, deberían de escucharla.

P.- ¿Podrá sobrevivir el Poder Judicial a esa presión?

R.- Una democracia no puede sobrevivir sin un Poder Judicial independiente y sin medios de comunicación. Son los grandes resortes de una democracia, los contrapoderes. El problema que se está produciendo en España es que el Poder Ejecutivo no está actuando con el debido grado de contención ¿Cómo se objetiva eso? Pues con el uso y abuso de decretos leyes, prescindiendo del Congreso en cuanto se puede. Criticando y descalificando la labor judicial, cuestionando a medios de comunicación. Esto es lo que hay que evitar. O sea, moverse dentro de unos cánones de racionalidad e ir respetando al resto de poderes.

P.- Sánchez ha advertido que puede gobernar sin el Parlamento ¿es posible?

R.- Se puede gobernar sin el Parlamento, pero bajo el control del Parlamento. Un Gobierno tiene que rendir cuentas ante el Parlamento. La forma se puede discutir, si es pidiendo autorización, si es compareciendo y explicando. Yo ahí no voy a entrar. Pero, evidentemente, se gobierna bajo el control del Parlamento. Esto es una regla básica de primero de democracia.

«Gobernar bajo el control del Parlamento es una regla básica de primero de democracia»

P.- ¿Va Sánchez camino de convertirse en un autócrata?

R.- Al actual Poder Ejecutivo le molesta mucho el Poder Legislativo y el Poder Judicial Y esto no es bueno. No voy a pronunciarme sobre ello porque, automáticamente, se me tildaría de alinearme con lo que ha dicho el presidente de la oposición.

P.- ¿Hay alguna posibilidad de entendimiento entre la derecha para poder ganar las elecciones?

R.- Yo creo que sería deseable el entendimiento dentro de la derecha y entre la derecha y la izquierda y avanzar en los pactos de Estado que tanto necesita España. El actual Gobierno de Sánchez tiene legitimidad democrática porque ha conseguido el apoyo de la mayor parte del Congreso de los Diputados, que es quien elige al presidente del Gobierno. Pero esa legitimidad hay que ganársela día a día y se puede gobernar con, pero cuando se gobierna contra, a mí me preocupa.

P.- ¿Volvería a la política si le hicieran una oferta atractiva?

R.- No. Me siento muy orgulloso de mi experiencia política. Es muy digno ser político, dedicar tu vida a defender y a tratar de satisfacer las necesidades de los conciudadanos.