Obiang encarcela en la prisión de Black Beach a dos trabajadores de una empresa granadina

El régimen de Teodoro Obiang ha enviado a la cárcel a dos trabajadores españoles, uno cordobés y otro granadino, de la empresa Wayang Teknical que dirige el empresario andaluz José Luis Romero, quien preside en la actualidad el consejo de administración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada y contra el que el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha emitido recientemente una orden internacional de búsqueda y captura, tal y como desveló THE OBJECTIVE el pasado 14 de abril.

Los dos empleados españoles se encuentran en la prisión de Malabo -conocida por el nombre de Black Beach- junto a otra decena de ciudadanos ecuatoguineanos a los que se investiga por varios presuntos delitos de corrupción, como fraude y soborno, al ocasionar «un grave perjuicio» económico a la Administración pública de la excolonia española con el proyecto de implantación de la televisión digital terrestre que se lanzó en 2017 por cerca de 34 millones de euros, una iniciativa que no ha llegado a buen puerto. El vicepresidente ecuatoguineano, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín, publicó en las redes sociales un vídeo en el que aparecen estos dos trabajadores junto al resto de encarcelados antes de comparecer ante el juez instructor.

Teodorín ejerce cada vez más como presidente de facto del país africano en sustitución de su padre, que apenas se deja ver en público. La investigación fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número uno de Malabo y tras las noticias relacionadas con este caso de Wayang Teknical, el régimen de Obiang convocó al embajador español, Francisco Javier Conde, en plena Semana Santa para hacerle hincapié en la independencia del poder judicial en este país africano y quejarse de que la legación diplomática se dirigiese al juez instructor en persona para recabar más información.

También se invitó a España «a respetar la soberanía nacional y la independencia de sus instituciones» en relación con el caso TDT «en el que se encuentran implicados varios ciudadanos, tanto ecuatoguineanos como españoles», según relató la televisión local, que señala que el proyecto para la puesta en marcha de la televisión digital terrestre «ha decepcionado al Gobierno de Malabo, ya que tanto el propietario en complicidad con varios ciudadanos ecuatoguineanos se encargaban de hacer el agosto en este proyecto».

Los dos empleados españoles llevaban detenidos desde enero, pero ha sido ahora cuando se han formulado cargos contra ellos y se ha dado publicidad a su «prisión provisional» para que comparezcan ante el juez instructor cuando así lo decida. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha guardado silencio sobre este caso a la espera de que se aclararan las causas de la detención, según indican a este periódico fuentes próximas a los trabajadores.

El propio Teodorín anunció el castigo contra dos funcionarios de la comisaría de la Gendarmería Nacional -el director y un comandante-, junto con el médico de la cárcel de esta institución, por el trato benévolo que habían dispensado a los apresados en las primeras semanas de confinamiento. «Quedan suspendidos y arrestados hasta nueva orden por negligencia en el ejercicio de sus funciones», anunció el hijo del dictador el pasado 9 de abril.

Ahora los dos empleados españoles quedan en una situación más precaria, a juicio de las citadas fuentes, ya que la cárcel de Black Beach en Malabo ha sido denunciada en el pasado por Amnistía Internacional como un centro de torturas en el que la brutalidad es sistemática. Los familiares de los detenidos temen que sean obligados a admitir delitos bajo presión.

Romero preside el grupo Global Multi Solutions, cuya sede central está en Granada y que cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Punta Cana (República Dominicana) y Bata (Guinea Ecuatorial). Dicha empresa tiene dos compañías ecuatoguineanas, Wayang Teknical y Terratec, que están en el punto de mira del régimen de Obiang. La primera se creó hace ocho años para el citado proyecto de implantación de la televisión digital terrestre en la excolonia, mientras que Terratec se ha dedicado en los últimos años a la construcción de medio millar de pozos de agua, la distribución de productos farmacéuticos y el desarrollo de proyectos industriales en la antigua colonia.

El empresario niega las acusaciones

THE OBJECTIVE se puso en contacto a principios de abril con Romero, quien afirmó desconocer la citada orden de búsqueda y captura, así como las diligencias abiertas en su contra en Malabo. Unos hechos de los que no hay precedentes en los últimos años por parte del Gobierno de Obiang contra empresarios españoles. «No tengo conocimiento alguno de que exista procedimiento judicial contra mi persona por un presunto delito de fraude y soborno, ni por cualquier otro. Hasta la actualidad, no se me ha comunicado ni notificado documento alguno que evidencie que existe un procedimiento contra mi persona y mucho menos una orden de detención internacional».

El empresario granadino añadió que había dado traslado a sus asesores jurídicos «para iniciar acciones judiciales correspondientes por estos hechos», ya que la publicación de Teodorín en sus redes sociales «atenta contra mi honor y sobre la reputación de mi empresa». Además, defendió su trabajo en el país africano: «Soy administrador y accionista de varias sociedades nacionales e internacionales, entre ellas de Wayang Teknical y Terratec en Guinea Ecuatorial desde hace años».

«Hemos desarrollado varios proyectos en Guinea Ecuatorial a través de diferentes empresas, habiendo realizado en beneficio de la población más de 500 pozos de agua, infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, instalación de internet para miles de hogares guineanos, importación de cientos de miles de medicamentos, implantación de la televisión digital terrestre, adecuación de la RTVGE del país», asegura en referencia al ente público televisivo.

Además, el presidente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada hace hincapié en que ha cumplido «con la legalidad en el desarrollo de estos proyectos» y que «jamás» ha tenido «ningún procedimiento judicial ni denuncia por acciones ilegales» contra él ni ninguna de sus empresas.

Romero lleva casi un año sin ir a Guinea Ecuatorial y hace unas semanas aclaró que no conoce al hijo de Obiang de sus años de trabajo en el país africano. También recordó que Teodorín ha tenido problemas judiciales en el extranjero en los últimos años. El Tribunal Supremo francés, por ejemplo, le condenó en 2021 por blanqueo de dinero a tres años de cárcel, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de sus bienes en este país.

Estas detenciones han empeorado las relaciones bilaterales entre ambos países. Malabo llamó a consultas a su embajador en Madrid, Miguel Edjand, el 22 de marzo del año pasado, por lo que consideró «persecución de la Justicia española» contra varios miembros de su Ejecutivo. Desde ese anuncio, Guinea Ecuatorial no tiene representante oficial en Madrid y los asuntos de la embajada se llevan a nivel de encargado de negocios.