Clamor constitucionalista contra el pacto de Illa por el catalán: «Quieren erradicar el español»

Las entidades de referencia del constitucionalismo catalán critican el «Pacto nacional por el catalán que ha promovido el Gobierno de Salvador Illa junto a ERC, comunes y las principales asociaciones de este ámbito. Desde Sociedad Civil Catalana a Impulso Ciudadano, pasando por el sindicato como S’ha Acabat! y la Asamblea por una Escuela Bilingüe, el clamor en su contra es unánime. A juicio de estas entidades, es un claro «pago a ERC» por apoyar la investidura de Illa y un ejemplo evidente de que «quieren erradicar el español».

Sociedad Civil Catalana, junto a Impulso Ciudadano y el resto de entidades y colectivos, llevan tiempo denunciando la situación del castellano en la esfera pública catalana. Aseguran que este nuevo pacto es «pura imposición lingüística» y que solo servirá para «excluir el español» aún más en todas partes, además de la enseñanza y la sanidad.

El Gobierno de Salvador Illa ha formalizado este martes el Pacte Nacional per la Llengua, que es una suerte de nueva hoja de ruta para la extensión del catalán en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, en los próximos años. Junto a sus socios de gobierno y las entidades a favor del catalán, como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, han impulsado este pacto que tienen entre sus novedades extender el uso a la empresa privada y a la Administración General del Estado.

El objetivo cuarto de este pacto recoge «conseguir que la Administración general del Estado asuma la oficialidad plena del catalán en lo que se refiere a las relaciones de la ciudadanía de Cataluña con las administraciones estatales y las empresas concesionarias»

De esta forma, tanto el presidente catalán como sus socios de legislatura, se comprometen a «garantizar» la oficialidad plena «en las actividades presenciales del Estado en Cataluña, en las empresas públicas de titularidad estatal y en las empresas concesionarias, incluidas las grandes infraestructuras ubicadas en Cataluña, como puertos y aeropuertos».

Distanciamiento con Illa

Como informó THE OBJECTIVE, la entidad de referencia del constitucionalismo, Sociedad Civil Catalana, está a las puertas de renovar su cúpula. Si bien siempre han querido mantener una buena relación con todos los partidos constitucionalistas de Cataluña, la asunción por parte de Illa de parte de la agenda de ERC por lo que respecta al idioma catalán y a la Ley de Amnistía ha hecho que se distancien del Ejecutivo socialista.

Cuestión parecida sucede con Impulso Ciudadano y la Asamblea por una Escuela Bilingüe. En el caso de Impulso Ciudadano llevan años -desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa- viendo cómo el Gobierno no actúa para obligar a los ayuntamientos catalanes a cumplir con la neutralidad institucional y la Ley de Banderas. Respecto al pacto por la lengua, han denunciado que el pacto «es un modelo excluyente, monolingüe y autoritario».

En la misma línea, la Asamblea por una Escuela Bilingüe ha calificado el Pacte Nacional per la Llengua de «manual de imposición lingüística». un intento de «laminar la sociedad catalana que es bilingüe». Por su parte, el sindicato estudiantil S’ha Acabat!, que siempre se ha desmarcado del PSC y han mantenido mayor afinidad con PP o Vox, ha afirmado en sus redes sociales que el PSC es «el mismo perro con distinto collar», en referencia de que sus políticas no se diferencian de las de los partidos nacionalistas.

¿Y el 25% de castellano?

Cabe recordar que ni Junts per Catalunya ni la CUP han querido rubricar este pacto. En el horizonte político y judicial está el fallo que deberá emitir el Tribunal Constitucional respecto a las llamadas leyes del catalán que aprobó el anterior Govern de Pere Aragonès para sortear el 25% de castellano en las aulas catalanas.

Como informó este periódico, el PSC prevé que el Constitucional no avale en su integridad dichas normas por ser contrarias a la Constitución. Con todo, este pacto por el catalán respondería a la necesidad de exhibir su compromiso al margen de las decisiones judiciales. No obstante, tanto a Junts como a la CUP les parece insuficiente y empujarán para que tampoco se cumpla con la obligación de los tribunales de impartir al menos con esta cuota de horas lectivas en castellano.