Collboni sigue la estela de Colau y compra edificios en pleno centro de Barcelona

Durante los ocho años de Ada Colau como alcaldesa, los contribuyentes barceloneses pagaron 200 millones de euros por municipalizar 51 edificios. Cada año pasaban a manos públicas unos 200 pisos, una iniciativa que tenía como objetivo reforzar el parque municipal de vivienda, ya que la falta de solares en una ciudad compacta y la lentitud burocrática se tradujeron en la construcción de inmuebles protegidos a un ritmo muy inferior al de otras ciudades como Madrid. Esta estrategia levantó polémica, ya que se compraron fincas en pleno centro, como la del número 16 de la calle Balmes, que costó más de ocho millones de euros a pesar de tener solo 23 apartamentos.

En el sector inmobiliario de la capital catalana se celebra que el actual alcalde, Jaume Collboni, haya abandonado parte de la “demagogia” y el “populismo” de su predecesora en materia de vivienda, pero creen que su dependencia de los votos de partidos de izquierdas ha llevado a no cambiar el rumbo drásticamente.  De hecho, una mayoría del pleno municipal ordenó invertir 150 millones en comprar edificios a lo largo de este mandato, declarando toda la Ciudad Condal “zona de tanteo y retracto” hasta 2030, dando al consistorio potestad para adquirir propiedades siempre y cuando el precio sea inferior al de mercado.

Hace dos meses, se aprobó inicialmente una nueva ordenanza para ejercer este derecho de compra preferente por parte de la Administración pública, con el objetivo de “destinar más vivienda a políticas sociales” y “ceder este derecho a vecinos o entidades sin ánimo de lucro”. La fórmula heredada de Colau ha tenido continuidad cuando su antiguo socio de Gobierno socialista ha asumido el bastón de mando con operaciones en pleno centro de la ciudad como la adquisición de una finca de nueve pisos en el Raval por 2,5 millones de euros o de la Casa Orsola, de 26 viviendas, en el Eixample para frenar su desahucio. La edificación modernista costó 9,2 millones de euros a las arcas municipales y a la Fundación Hàbitat3, y, según Crónica Global, entre sus inquilinos figuraba un directivo audiovisual vinculado a la televisión pública catalana. Mientras tanto, familias vulnerables siguen sin poder acceder a un piso social tras años de espera.

Hasta medio millón de euros por piso

Uno de los últimos ejemplos ha sido la compra de un edificio de diez domicilios a una manzana de distancia de la basílica de la Sagrada Familia. Aun siendo el precio de compra -cuatro millones- inferior al de mercado, si se suman los cerca de 800.000 euros que costará la rehabilitación, cada vivienda habrá costado casi medio millón, cerca del doble del coste unitario de los pisos sociales de obra nueva. Fuentes de la oposición aseguran que la política municipal consiste en “comprar pisos a amigos”. Desde el consistorio, argumentan que se trata de reforzar el parque público allí donde se puede construir. Ya que con la misma inversión se podría haber generado más alojamientos y la demanda inasumible con la cantidad actual, cabe preguntarse si un vecino con dificultades para acceder a una vivienda preferiría tener la opción remota de vivir en pleno centro de la ciudad o ver sus probabilidades aumentadas a cambio de tener que desplazarse a distritos como Sants-Montjuïc donde sí se están levantando inmuebles residenciales.

Desde el consistorio subrayan que “la compra por tanteo y retracto se prioriza en zonas densas de la ciudad donde no hay vivienda de protección oficial (VPO) y no es posible disponer de suelo para construir” y que “siempre se debe comprar por debajo del precio de mercado”, priorizando “fincas con viviendas vacías” para destinarlas a las necesidades sociales. “El precio siempre es más asequible y bajo que la media del barrio y del distrito”, aclaran los portavoces municipales, y añaden que “la política de vivienda es universal y el ayuntamiento quiere garantizar que tenga presencia en toda la ciudad”. “En los barrios más consolidados, que suelen ser los más céntricos, donde no hay suelo disponible para construir vivienda nueva, es donde se priorizan las compras por tanteo y retracto”, señalan, poniendo como ejemplo el caso de la Sagrada Familia.

Además, la Administración local “está trabajando en una nueva ordenanza reguladora de esta herramienta con el objetivo de ampliar” la reserva municipal de VPO, que actualmente es reducida en comparación con otras ciudades europeas, con unas 13.000 viviendas públicas. Si se tienen en cuenta las de protección privada o en manos de cooperativas, la cifra asciende a 17.647. Desde la llegada de Collboni a la alcaldía, se han entregado 1.421 pisos. Próximamente se entregarán 238 más en la plaza de las Glorias y hay en construcción unas 5.000 viviendas, con la previsión de entregar 3.000 llaves este mandato y otras 10.000 en el siguiente.

“La política de vivienda de Collboni está profundamente equivocada”, denuncia Dani Sirera, presidente del Grupo Municipal Popular: “Está comprando edificios a precios absolutamente desorbitados, llegando a pagar el doble de lo que costaría construir vivienda nueva de protección oficial”, lamenta el concejal del PP, que cree que “es un despilfarro inaceptable de dinero público” al que hay que añadir “el mantenimiento de medidas como la reserva obligatoria del 30%” de VPO en todas las promociones de obra nueva privadas o “el tope a los alquileres, que solo ha servido para frenar la construcción de vivienda y reducir la oferta disponible”. “Lo advertimos, y ahora los datos lo confirman: Barcelona ya es la ciudad más cara de España para alquilar”, destaca, y arremete contra el alcalde por seguir “aplicando políticas ideológicas que no funcionan” mientras “los barceloneses tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda digna”. “Urge un cambio de rumbo con soluciones realistas que incentiven la construcción, aumenten la oferta y garanticen el acceso a la vivienda sin arruinar al ayuntamiento”.

En otras formaciones de la oposición como Esquerra Republicana el análisis es muy distinto, aunque también se critica la estrategia actual. Su concejal Eva Baró cree que el tanteo y retracto “se debe planificar en todos los distritos de Barcelona” y que “este derecho puede tener sentido” en algunas zonas, pero preferiría “que las fuerzas políticas dejasen de hacer demagogia con cuestiones de vivienda, porque generan expectaciones irreales, como hemos visto con Colau, que venía a evitar los desahucios y generar parque público para dar respuesta a toda la población que lo necesitaba, y la situación empeoró porque el contexto lo traía”, reflexiona, algo que a su parecer ha cultivado una “sensación de indignación comprensible en la ciudadanía”. Considera que la solución no será inmediata y pasará por varios frentes, como la edificación pero también la rehabilitación de los activos ya en manos municipales, que a veces presentan problemas de “insalubridad” o “desprendimientos”, para evitar su degradación y posible pérdida. La concejal de ERC pide realismo, consciente de que si Viena o París tienen ahora más VPO no es porque se hiciera en cuatro años, sino más bien en cuatro décadas.

Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, ve ahora un enfoque “más realista y más dialogante con el sector privado” por parte del alcalde, pero más allá de la “buena intención, el balance que hace es que “se está avanzando poco”. “Se ha reconocido el fracaso del 30%”, valora, “pero se ha avanzado poco” en dar carpetazo a una medida que ahuyentó a las promotoras de la capital catalana porque reducía sus márgenes sin que ello ocurra en otras urbes. “Cuesta hacer consensos porque hay partidos políticos que son bisagras del Gobierno y tienen un discurso muy radical”, alerta, por lo que pide al ayuntamiento, a la Generalitat de Cataluña y al Gobierno central que asuman que “parte de su discurso hace que no puedan afrontar el problema de forma más realista”. Recuerda que el tanteo y retracto “no discrimina entre tipos de vivienda y un edificio de lujo en Sarrià-Sant Gervasi también ha de pasar por tanteo, cuando es evidente que no tiene sentido hacer pasar por política de vivienda social cuando se mantienen los contratos de la gente que hay en las viviendas y muchos de ellos no tienen una situación de vulnerabilidad”. No oculta su asombro ante el hecho de que “mucha gente está esperando en las listas de vivienda social y personas que no están en las listas se cuelan por delante con una inversión importante, porque se pagan sobreprecios”. Lo ve “injusto” y “lo contrario de la definición de política social”, una dinámica que atribuye al “populismo”, la “presión del Sindicato de Inquilinas y la presión mediática” que lleva a los políticos a tomar decisiones forzadas. Como ejemplo, recuerda que TV3 “retransmitió en directo la manifestación delante de Casa Orsola”.

El Sindicato de Inquilinas tacha el ayuntamiento liderado por Collboni de “Gobierno de anuncios vacíos”, ya que “va haciendo anuncios de cosas que ya están hechas o no toca hacer”. Enric Aragonès, uno de los portavoces del grupo, afirma a THE OBJECTIVE que se ha pasado del “hemos cambiado las reglas del juego” cuando se adquirió Orsola a no hacer “nada”. Arremete contra la gestión del desalojo de los asentamientos de barracas en Vallcarca sin alternativa y con “los servicios sociales colapsadísimos”. Los solares son públicos y se trata de una situación similar a la protagonizada hace cuatro años por Colau, que desahució a 400 personas, también nómadas procedentes del este de Europa dedicados a la recogida de chatarra, para liberar suelo público en las Glorias. Aragonès defiende la herramienta de la adquisición por tanteo y reclama “aumentar el presupuesto disponible” para “sacar de la lógica de mercado” las residencias protegidas. Constata que “no hay demasiado margen” para construir en Barcelona y aboga también por la política del 30%: “Fue una reivindicación y una lucha de diversas entidades, de la FAVB, la PAH, el sindicato y otras, y Collboni lo quiere desmantelar porque se pliega ante los intereses del lobby inmobiliario”.

El Sindicato de Inquilinas confía en que, si se consolidase la obligatoriedad de destinar un tercio de cada nueva promoción a VPO, se generarían 18.827 pisos sociales en los próximos años, más de los que hay actualmente. Estos cálculos no convencen a expertos como Josep Maria Raya, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que cree que “es un deseo” más que un plan viable: “En la práctica, esta medida no ha funcionado. Si se empieza a hacer de otra manera, quizá sí”, explica. “El 30% es uno de los miles de temas que suenan mejor de lo que son, pero ocurre que, habitualmente, la política económica está en los detalles. ¿Ahora aparecerán como setas 18.000 cuando en siete años se han hecho solo una treintena?”, se pregunta. El académico plantea que “cualquier vía es buena para hacer vivienda social y, si haciendo el cálculo, te sale que es más barato construir que comprar, eso es lo que tienes que hacer”, y propone que la Administración pública funcione como “el departamento financiero de una empresa” para juzgar con datos y tomar las mejores decisiones. Como posibles soluciones, ve importante incrementar la inversión pública, agilizar los trámites burocráticos para poder responder con más alojamientos o flexibilizar las regulaciones de altura en barrios ya consolidados para que los edificios puedan ganar alguna planta más.