El español al que Maduro acusó de conspirar fue enviado a Caracas por la banca colombiana
El empresario Eric Labrador fue a Venezuela a dar un curso de formación en representación de Asobancaria

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El ciudadano español Eric Labrador Sainz, liberado este jueves en Venezuela tras pasar un día detenido bajo la acusación de conspiración y de estar presuntamente «vinculado a mafias del narcotráfico» -en palabras del ministro de Interior, Diosdado Cabello-, es un empresario que había sido enviado a Caracas por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) para dar un curso de formación, según revelan fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE.
Asobancaria es el gremio más representativo del sector financiero colombiano, con cerca de un siglo desde su constitución. Según desveló el periódico argentino Clarín, Labrador Sainz había acudido a un foro de ciberseguridad que se ha celebrado en Venezuela junto a un ciudadano argentino, que también fue detenido y puesto en libertad. Sin embargo, las citadas fuentes no pudieron precisar si se trataba de un simposio de esas características.
Cabello cargó contra el empresario español por formar parte de un supuesto plan para sabotear las elecciones regionales y parlamentarias del próximo domingo junto a dos personas de nacionalidad argentina y búlgara, quienes dirigían un presunto complot portando 200 kilos de pólvora. «Nosotros nos preparamos para unas elecciones, hacemos campaña con alegría. Pero ellos no se preparan para elecciones; ellos se preparan siempre para una guerra, para la violencia», subrayó Cabello en un comunicado, en el que les acusaba de querer socavar el proceso electoral de este fin de semana.
Las legislativas del domingo servirán para renovar la Asamblea Nacional, que iniciará su sexta legislatura a partir de enero del año que viene. En cuanto a las regionales, se elegirá a los gobernadores de los 24 estados que conforman el país, así como a los representantes de los parlamentos de cada región, conocidos como Consejo Legislativo. La oposición liderada por María Corina Machado ha instado a la abstención al tratarse «de una farsa» electoral, aunque hay candidatos contrarios al chavismo -como Henrique Capriles o Manuel Rosales– que sí que concurren a los comicios y confían en lograr escaño en una Asamblea que estará copada por representantes del régimen de Nicolás Maduro.
La rápida puesta en libertad del empresario español ha cuestionado la oleada de arrestos de extranjeros llevada a cabo por el Gobierno venezolano, como ocurrió en las semanas previas y posteriores a las presidenciales de julio del año pasado. En la actualidad, hay una decena de estadounidenses presos, que el régimen de Maduro utiliza para sus negociaciones con la Administración Trump, así como dos españoles, los vascos José María Basoa y Andrés Martínez.
A principios de febrero, el enviado estadounidense para misiones especiales, Richard Grenell, consiguió sacar de Venezuela a seis compatriotas que habían sido detenidos en los últimos meses a cambio de que no se sancionase a las empresas petroleras que tienen acuerdos de explotación con Caracas. Esta semana se ha producido una nueva excarcelación de un estadounidense detenido -la del veterano de la Fuerza Aérea Joseph St. Clair-, que ha coincidido con una prórroga de dos meses para que Chevron siga operando en los campos petrolíferos de Venezuela.
Las liberaciones de febrero permitieron a la CIA saber que Basoa y Martínez, tildados por Nicolás Maduro de «terroristas y agentes del CNI», se encontraban en buen estado y que compartían horas en el presidio con otros internos en un régimen «de semi aislamiento». La información fue transmitida a las autoridades españolas. Entre los seis liberados se encontraba David Estrella, de 62 años y que estuvo detenido en el país sudamericano un total de 154 días. Durante ese tiempo coincidió con los mochileros vascos en la cárcel de Rodeo I.
Si bien Amnistía Internacional advirtió en junio del año pasado de que las condiciones de reclusión en dicho penal son «crueles, inhumanas y degradantes, y en ciertos casos, podrían llegar a constituir tortura», Estrella explicó a los agentes de inteligencia de su país que los dos españoles estaban bien alimentados, «con buen ánimo» y que compartían varias horas del día en zonas comunes de la prisión. Una situación parecida por la que habían pasado los estadounidenses liberados.
Un trato más benigno en la cárcel
Esta información indicó que el Gobierno de Maduro tiene un trato más benigno con los presos extranjeros en Rodeo I, pues hay constancia por organizaciones humanitarias de que los venezolanos encarcelados allí no disfrutan de las condiciones descritas por Estrella y otros liberados. El hecho de que Basoa y Martínez estén en un régimen de «semi aislamiento» significa que pasan la mayor parte de las horas del día en las celdas, aunque se les permite estar juntos unas horas en el patio y otras zonas comunes del penal. Uno de ellos -Martínez- ha podido realizar una llamada telefónica a su familia recientemente, según desveló El Mundo, y Basoa está previsto que lo haga próximamente.
Maduro se mostró muy beligerante con los españoles cuando se produjo las detenciones en septiembre. En aquel momento afirmó que ambos eran «terroristas» que en «sus tiempos libertarios ponen bombas», mientras que sus familiares insistieron en que eran simples turistas. «Es un nuevo tipo de turismo: turismo de aventura. Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Turismo explosivo», ironizó el perdedor de los comicios del 28 de julio durante su intervención en el programa ‘Con Maduro+’.
Maduro aseveró que «los capturados están convictos y confesos» y que las «pruebas» mostradas no eran «ni el diez por ciento de la plena prueba que ya está en manos de los órganos de justicia». Al hilo de ello, advirtió de que los magistrados «involucran a los turistas pacíficos» de «varias» nacionalidades europeas «que venían a poner bombas y a matar».
Por su parte, Cabello acusó a Basoa y Martínez de tener «vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia» español y con figuras cercanas a la oposición venezolana que estaban preparando «un plan para asesinar» a Maduro así como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a otros dirigentes del chavismo. El Gobierno de Pedro Sánchez negó que los dos detenidos perteneciesen a los servicios de inteligencia españoles y Exteriores transmitió una nota verbal a Caracas «pidiendo acceso a los detenidos».