El PSOE usa el 'espionaje' del Senado para desprestigiar a letradas propuestas por el PP
Los socialistas denunciaron que afectaba a sus senadores, pero no aportaron ninguna prueba
El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas. | EP / Marta Fernández
El Grupo Socialista del Senado ha aprovechado un presunto espionaje informático para desacreditar a letradas nombradas por el presidente Pedro Rollán, del Partido Popular. Esta es la conclusión a la que han llegado las fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, tras analizar la secuencia de hechos desde la reunión del miércoles de la Mesa del Senado en la que se dieron a conocer los hechos que han derivado en el despido de dos informáticos. El PSOE ha pedido «información puntual y pormenorizada sobre el funcionamiento de los servicios de la Cámara involucrados en esta intromisión digital», que depende de la letrada mayor, Sara Sieira.
La tensión que mantienen el Congreso de los Diputados, presidido por la socialista, Francina Armengol, y el Senado, al frente del cual se encuentra el popular Pedro Rollán, también ha tenido su influencia en el episodio de «presunto espionaje» informático que se ha detectado en el Senado. En el punto de mira de los socialistas están la letrada mayor del Senado, Sara Sieira, y su adjunta Paloma Martínez Santamaría, que abandonaron el Congreso de los Diputados cuando el PSOE nombró a Fernando Galindo, alto cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez, como letrado mayor de la Cámara Baja.
Precisamente estas dos letradas -la primera, en su calidad de secretaria general del Senado- son las responsables del funcionamiento del sistema informático, en el que se ha detectado el espionaje por parte de los dos trabajadores a los que se les ha abierto un expediente disciplinario de expulsión. Sin embargo, los socialistas, según la versión de las fuentes parlamentarias consultadas, han olvidado un detalle: que este sistema fue responsabilidad de Ana Álvarez Pablo, anterior secretaria general adjunta, que fue destituida por Sara Sieira, y de su amigo y director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), Manuel Pereira.
Desde un primer momento y tras la reunión de la Mesa del Senado de este miércoles, donde se comunicó la apertura de expediente disciplinario a dos trabajadores con resultado de despido, el PSOE dejó caer la sospecha de que los senadores de su grupo habían sido espiados. Una circunstancia que nunca se produjo, como así desveló THE OBJECTIVE en su edición de ayer. Pero los socialistas aprovecharon para poner en la picota a los responsables del sistema informático, precisamente la letrada que dejó el Congreso. No es la primera vez que Sara Sieira sufre la presión de los socialistas, ya que es algo que ocurre en algunas reuniones de la Mesa del Senado.
Esta presión se ha recrudecido con motivo de este incidente, que se ha limitado a un asunto laboral de dos informáticos que entraron en el sistema para intentar conseguir datos de las calificaciones de una oposición a las que se habían presentado. La consulta informática la descubrió el director del TIC, señalan las fuentes parlamentarias consultadas «Ha sido un acceso a la Secretaría General, no a los senadores. El propio director del TIC fu el que pidió la apertura del expediente incoado por Sara Sieira».
En ningún momento afectó a los senadores, aunque «sí hubo un intento frustrado, pero nunca lograron entrar y no se ha producido efectivamente porque el sistema informático del Senado lo ha detectado y ha prohibido la entrada». El Grupo Socialista, siempre según esta versión, no aportó documentación alguna sobre las acusaciones de que algunos de sus miembros se hubieran visto afectados.
Lo único que está documentando es «un expediente incoado por un director de informática del Senado, una rápida reacción de la letrada mayor incoando expediente y una instrucción del expediente electrónico del concurso de plazas de la dirección de informática», subrayan. Este asunto se llevó a la Mesa del Senado del miércoles y se acordó ordenar el despido y en la mesa del jueves aprobarlo. El despido se justifica por «haber entrado en unas calificaciones de puntos que tenían los dos afectados, que es un delito». Al ser los dos informáticos, podían acceder al expediente electrónico y consultar las calificaciones de la letrada mayor.
«No hay un Watergate»
Las fuentes parlamentarias consultadas insisten en que ha sido «un ataque directo a las letradas», ya que se le facilitó toda la información al PSOE y aprovecharon para decir que había un «Watergate» en el Senado. Pero para poder decirlo tenían que haber aportado la prueba escrita de que han sido espiados».