La media verdad de Bolaños: en Europa sí instruye la Fiscalía, pero sin control político

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestó este viernes que el Gobierno tiene previsto aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en verano, y volvió a asegurar que el fiscal instructor, en lugar del juez de instrucción, “ya existe en toda Europa, excepto en España y Andorra”. La afirmación no es falsa, porque distintos países del Viejo Continente ya aplican este sistema, pero parece ignorar que en esos Estados, como Francia, Italia y Alemania, existen mecanismos no exentos de polémica pero mucho más estrictos que en España para garantizar la independencia de la Fiscalía con respecto al Gobierno.

Además de esta reforma, el Gobierno prepara otras para modificar el estatuto que rige a los fiscales y también el sistema de nombramiento de jueces y fiscales. Las asociaciones independientes y conservadoras -no así las progresistas- de estos dos gremios han expresado su preocupación por lo que consideran un intento del Ejecutivo de aplicar ajustes estéticos de cara a Bruselas y subordinar de forma discreta el Poder Judicial como ha ocurrido en Hungría o en Polonia.

“La situación es grave en este momento”, afirma Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales. “La separación de poderes es fundamental en un Estado de derecho democrático”. “Si se pretende dominar el Poder Judicial, se quiere acabar con el baluarte de la separación de poderes, que es fundamental para que la democracia no se convierta en una democracia de papel mojado donde solo se vota”, advierte. Por ello, cree que “hay que ser muy cuidadoso con cualquier reforma en esta materia, intentando evitar al máximo la intervención del Gobierno de turno en el ámbito de la Administración de la justicia y en especial de la Fiscalía, y no concentrar todo el poder en la figura del fiscal general del Estado, que al final lo nombra un Gobierno”.

Todo ello en un momento en el que, como expone Dexeus, “hay una desconfianza hacia el fiscal general del Estado, está imputado y no es la reforma que se requeriría”, ya que “gobierne quien gobierne, hay que garantizar la ausencia de presiones internas y externas”. “No estamos a favor con estos condicionantes de la atribución de la investigación a la Fiscalía”, explica la fiscal, que lamenta que aún no se les haya remitido el texto definitivo de la propuesta.

Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, entiende que en el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal propuesto por el Gobierno “no se ha reforzado en absoluto su independencia”, sino que “se le ha dado más competencias al fiscal general del Estado”. Por otro lado, se amplía el periodo para nombrar al fiscal general a cinco años para desvincularlo del mandato del Gobierno. Era una reivindicación de las asociaciones profesionales, “pero no basta solamente con eso, hace falta autonomía presupuestaria y que no elija el Gobierno un fiscal general del perfil que le interese”. Álvaro García Ortiz fue nombrado en agosto de 2022, lo que situaría el nuevo nombramiento en verano de 2027, lo que podría encajar con los planes de Sánchez de convocar elecciones anticipadas en 2026 y gobernar hasta 2031 -el nombramiento del sustituto de Pumpido en el Constitucional se espera para 2029-.

Pallarés insiste en que la “advocación o sustitución” del fiscal instructor son “importantísimas” para garantizar que el fiscal actúe con independencia. Sin embargo, lamenta que no se garantiza la independencia fiscal del caso concreto. Pide garantías estructurales como “autonomía presupuestaria”. “Además, nos cuelan la posibilidad del cuarto turno, que no existía en la fiscalía, y los fiscales y jueces sustitutos requieren de mucho más consenso sin que sea estable», añade Pallarés. Prevé que, si cambia el Gobierno, se volverán a introducir cambios, pero manifiesta que “la justicia no puede estar dando bandazos». Sospecha que «el objetivo es maquillar un poco la situación del Ministerio Fiscal de cara a Europa y decir que se ha avanzado en algo para inmediatamente después trasladarnos la instrucción sin garantías de independencia que requiere esa función instructora».

Para este representante de los fiscales, este cuerpo está “suficientemente preparado” para instruir, pero “hay que dotarlo de garantías para que no sea una veleta y se ponga a otro” a instancias del fiscal general y del Gobierno, por ejemplo, en casos relacionados con la corrupción política. Cree que “esta reforma no es inocua”, porque la «incorporación de todos los jueces y fiscales sustitutos va a alterar la composición de la carrera». “Se modifica el sistema de oposición y se hace más débil y menos riguroso, se pierde calidad y al final repercute en una exigencia menor, fiscales menos preparados, y degrada la función de la institución. Estamos preocupados no por nosotros mismos, sino porque va a dejar una situación que a nuestro juicio no es buena, es una injerencia en Poder Judicial».

La jueza Montserrat Comas opina que «tendría que ser como muchos países de la Unión Europea, con un Ministerio Fiscal que instruye y un juez que garantiza los derechos fundamentales», de modo que «se puede recurrir la investigación». La coordinadora de la Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia en Cataluña cree que el debate sobre la independencia «quedaría solventado teniendo en cuenta que en el estatuto del Ministerio Fiscal la imparcialidad del fiscal es una de las notas características de su actuación», de modo que se trataría de «potenciar legalmente» este principio.

“Es muy cómodo coger de otros órdenes lo que nos interese, pero no los sistemas de garantías y contrapesos que ese sistema ha previsto”, reprocha Fernando Portillo, presidente del Foro Independiente Judicial, que subraya que “ahí donde instruye el Ministerio Fiscal no instruye siempre todos los delitos ni de cualquier forma”, como por ejemplo en Italia, donde los fiscales “dependen de un órgano de gobierno del Poder Judicial, no del Gobierno en última instancia”. Detecta un «complejo de inferioridad cuando el sistema español es muy garantista y muy reconocido internacionalmente» por su triple protección: un fiscal que acusa, un juez que instruye y otro que juzga. Y avisa: «Lo que está pasando es una acumulación de reformas legislativas no pedidas por la ciudadanía, pero que sí interesan al poder político, en un momento en que los juzgados ya están sobrecargados con un exceso de pleitos y pocos jueces».

Para Dexeus, el cambio conduce a “anular los pocos contrapesos que existen” y, si bien admite que “la investigación llevada por el fiscal es lo que rige en la grandísima mayoría de los Estados miembros de la Comunidad Europea y es a lo que deberíamos tender”, matiza que “para eso se requiere generar un clima de confianza máxima” que hoy por hoy es inexistente. Reclama “mayores funciones al Consejo Fiscal”, un  “órgano representativo de origen democrático”, en vez de “privarle de representatividad y limitar su función como contrapeso”. En este sentido, denuncia que “se arrincona” este mecanismo, que se limitaría a cinco -en vez de seis- representantes máximos por asociación: “Así la Unión Progresista sacará alguno más, sin justificación ninguna”. Aunque “la Unión Progresista de Fiscales no ha dicho nada” sobre la reforma, ve “evidente que están a favor”, mientras que se muestra más cerca de Juezas y Jueces para la Democracia porque defienden “dar una vuelta” a la acusación popular para liberarla de “batallas políticas” sin “aniquilar procedimientos ya en curso”.

Aunque Comas reconoce que “no es bienvenida por la mayoría de la judicatura” la reforma con respecto al acceso a la carrera, defiende que es “necesaria” porque es “un buen inicio”, por lo que su asociación prefiere no oponerse frontalmente, sino hacer “matices o propuestas de mejora de redacción y forma”. Destaca que las normas laborales y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE van en la línea de no abusar de la temporalidad, cuando algunos compañeros llevan “10 o 15 años” en esa situación pese a que han sido una “fuente de enriquecimiento para la judicatura”. Subraya que “los mismos que costó que aceptaran el cuarto turno son quienes ahora se oponen”, y denuncia que el acceso igualitario a la carrera judicial debería estar al alcance de todos los ciudadanos por “excelencia”, de modo que las clases medias trabajadoras puedan acceder, algo que es difícil sin ayuda familiar cuando hay que opositar con una preparación de “tres o cuatro años”. Por eso, considera que el cambio ayuda a “democratizar el sistema de acceso”. Apoya la continuidad de la acusación popular porque la Constitución la fija como derecho, pero cree que “se ha demostrado su instrumentalización” y que hay que “limitarla su uso para finalidades espurias”. Entiende que se debería restringir a los partidos políticos de recurrir a ella “salvo que estén perjudicados por el delito”, acreditando “interés legítimo.

Portillo advierte que “el problema es esa mayor indefensión de los fiscales” ante la “injerencia del poder político”, ya que a diferencia de los jueces, los fiscales “dependen de sus jefes” para sus condiciones laborales, permisos, destinos y vacaciones, y la fiscalía general “depende del Gobierno de turno”. Señala que la politización de la cúpula judicial “nunca se filtra a los jueces de base”, porque no dependen laboralmente de esos órganos, mientras que los fiscales sí tienen una “dependencia jerárquica”. Si bien “no ocurrirá nada en el 98 % de los casos”, en “el 2 % de los casos mediáticos o que afecten al poder político” existe riesgo de interferencia, como demuestra que el Ministerio Fiscal no vea delito en ninguna de las causas de presunta corrupción alrededor del Gobierno que están siendo instruidas. Bajo el nuevo modelo, oponerse a las directrices de un superior supondría entrar en un “conflicto laboral”, según el juez, que hace hincapié en que “los malos jefes existen” y el sistema debe proteger a los 2.700 fiscales que hay en España para que puedan actuar según su criterio y la ley más allá de las órdenes jerárquicas. No es lo mismo que el Consejo Fiscal, es decir, los compañeros representados democráticamente, puedan decidir sobre la expulsión de un miembro, a que esta potestad pase a manos de una figura suprema como sería el nuevo fiscal general plenipotenciario.