El Gobierno abarata la nacionalidad española para poder regularizar a 900.000 inmigrantes
El Ministerio de Migraciones crea 750 nuevos puestos para poder atender todas las nuevas regularizaciones
Oficina de extranjería en Madrid, el pasado mes de febrero. | EP
La nacionalidad española estará más barata que nunca de ahora en adelante. La nueva ley de extranjería, que ha entrado en vigor este martes, rebaja los requisitos para ser nacionalizado hasta límites nunca vistos con el objetivo, según admite el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de regularizar 300.000 inmigrantes al año durante los próximos tres años. Esto es, que se va a nacionalizar rápidamente a casi un millón de los 9.498.002 extranjeros que ahora mismo residen en España.
En este empeño por una regularización masiva, el Ejecutivo ha rebajado los requisitos, agilizado los trámites y creado nuevas condiciones para poder venir a España. Además, ha creado 750 nuevos puestos de trabajo en las oficinas de extranjería con el objetivo de poder soportar la carga de trabajo que se prevé para estas.
Las principales novedades que incluye la norma tienen que ver con las figuras del arraigo y de la reagrupación familiar. En cuanto a la primera, se reduce de tres a dos años el periodo exigido. Además, se crea la figura del arraigo de segunda oportunidad, pensado para quienes perdieron su tarjeta de residencia por no renovarla o no cumplir ciertos requisitos (excepto casos con antecedentes penales o si provenías de una tarjeta de arraigo anterior). Servirá para recuperar la situación legal a quienes tuvieron una tarjeta que caducó y no pudieron renovarla a tiempo.
En cuanto a la reagrupación familiar, ahora permite a los nuevos nacionalizados traer a sus parejas sin necesidad de estar casados, incluyendo parejas de hecho, y eleva la edad para hijos reagrupados hasta los 26 años. Además, a quienes acrediten ser víctimas de violencia de género, sexual o de trata se les facilitará la posibilidad de reagruparse con sus familiares.
Por si fuera poco, el Gobierno, impulsado por sus socios parlamentarios, planea sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que persigue regularizar la situación de medio millón de personas extranjeras. En este empeño, la iniciativa ofrece a 450.000 extranjeros la regularización exprés con que demuestren que llevan viviendo al menos un año en España, que no tienen antecedentes penales ni una orden activa de retorno. Y aunque aún está sujeta a cambios, la ILP también plantea dar un permiso de residencia y trabajo por un año sin exigir contrato previo.
Problemas de la inmigración
El Gobierno de España pretende así comenzar a asimilar al gran número de inmigrantes que han llegado en los últimos años, 2,5 millones desde 2020, y que pueden seguir llegando. Lo hace arguyendo que nuestro país pierde 17.000 millones de euros al año, el 1,3% del PIB, por la «discriminación laboral y educativa de la población extranjera», y que «harán falta alrededor de 250.000 migrantes al año para sostener nuestro estado de bienestar».
Pero lo cierto es que llegan muchos más, y no todos cotizan: hay 3 millones de personas extranjera afiliadas a la seguridad social, un 13,9% del total. También hay que tener en cuenta que no todas las nacionalidades se integran igual: mientras que el 70% de los venezolanos que residen en nuestro país cotizan, solo el 40% de los marroquíes lo hace. Además, están generando problemas de seguridad, como se extrae de los datos de criminalidad de Cataluña, región que asume gran parte de la inmigración norteafricana.
Actualmente, hay 39.655.847 habitantes que nacieron en España y 9.498.002, cifra récord, que nacieron fuera del país. De estos, la mayoría proceden de Marruecos, Colombia y Rumanía. Y se asientan fundamentalmente en Cataluña (1.965.171 de nacidos en el extranjero), Madrid (1.700.699) y Comunidad Valenciana (1.234.610).
Las últimas proyecciones demográficas apuntan a que desde 2035 en adelante los nacionales autóctonos serían minoritarios en algunas provincias, y desde 2045, en todo el territorio nacional. Esta «sustitución demográfica» se produciría en menos de 20 años a nivel nacional, siendo Alicante la primera en registrarla (2035) y Córdoba, la última, en 2073, detrás de Badajoz (2069) y Cádiz (2064). Las provincias más rápidas en esta tendencia (como Barcelona y Gerona) lo harán por recibir más emigración y tener una población más envejecida.
Esta progresiva sustitución se debe a la baja natalidad, al envejecimiento poblacional (mueren más españoles de los que nacen) y a la inmigración descontrolada. Esta tendencia afecta en especial al País Vasco y a Cataluña, cuyas cuatro provincias tendrán mayoría de inmigrantes en 2039. Madrid experimentaría esta realidad en 2038, dentro de trece años si se mantuviera la dinámica actual.