Un grupo de investigación vinculado a Colau recibió 1,15 millones en subvenciones
Las ayudas fueron proporcionadas por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona

Sede del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.
El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), asociado al sindicato de inquilinos (Sindicat de Llogateres), ha recibido un total de 1.154.110,8 euros en subvenciones procedentes del Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona desde diciembre del año 2021. Son datos aportados por el Ministerio de Hacienda en una resolución del Portal de Transparencia a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE.
Según los registros del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el grupo de investigación ha recibido la mayoría de la financiación pública por parte del Gobierno autonómico catalán, del cual ha obtenido una cantidad de 916.681,32 euros.
Las dotaciones económicas, en función de la convocatoria, fueron de la siguiente manera: 679.985,08 euros por dos ofertas públicas de ‘Subvenciones a les Comunalidades Urbanas’; 66.217,84 euros de los fondos Next Generation UE; 88.983,90 euros de ‘Proyectos Singulares’; 76.000 euros de dos ‘Subvenciones a proyectos BruilT’ «que han de regir la convocatoria para potenciar la emprendiduría digital liderada por mujeres y la innovación tecnológica en el cooperativismo»; y 5.494,50 euros por el concepto de ‘Proyectos transversales y de economía social y solidaria’.
La segunda entidad subvencionadora que más ayuda económica ha aportado es el Ayuntamiento de Barcelona, con un total de 57.400 euros. En cuanto a esta institución pública, las subvenciones obtenidas por el IDRA se corresponden con las siguientes convocatorias: 43.500 euros por dos concursos públicos de ‘Impulso Socioeconómico del Territorio «Impulsem el que fas»’; 9.900 euros de dos ‘Convocatorias Generales de Subvenciones Proyectos Distrito y Ciudad’; y 4.000 euros de la ‘Convocatoria ordinaria para la concesión de subvenciones para llevar a cabo proyectos, actividades y servicios de distrito y de ciudad para el año 2024’.
Por último, el instituto de investigación recibió 180.029,48 euros de ayudas económicas por parte del Estado. De esa cantidad, 6.000 euros se corresponden a la convocatoria del Programa Kit Digital del Ministerio de Economía y los otros 174.029,48 euros son por ayudas a ‘Proyectos de Colaboración Internacional’.
IDRA
El Institut de Recerca Urbana de Barcelona es un instituto de investigación con sede en Barcelona dedicado a la promoción de la justicia social y ecológica a través de la investigación, la formación y la colaboración con actores sociales. Funciona como un think tank y cooperativa federada y su financiación proviene de diversas fuentes, incluyendo subvenciones públicas, colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro y aportaciones privadas.
Vínculos con Ada Colau
El IDRA mantiene una estrecha colaboración con el Sindicat de Llogateres basada en los objetivos que tienen en común. Esta relación está reforzada por Jaime Palomera, cofundador y portavoz del sindicato, que también es director del Área de Vivienda y Ciudad de IDRA, o Carme Alcarazo, también portavoz de la plataforma provivienda, además de “investigadora y técnica de proyectos” del instituto.
A través de investigaciones como De propietaris a inquilins, IDRA aporta datos sobre la concentración de propiedades y el aumento de la desigualdad, estudios que el sindicato utiliza para fundamentar sus demandas sociales y políticas, ya que ambos promueven una mayor intervención pública en el mercado del alquiler.
Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, ha mantenido una relación muy cercana con el Sindicato de Inquilinos desde su fundación. La política contaba con experiencia previa como activista en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, durante su mandato, apoyó públicamente al sindicato en casos judiciales y colaboró en campañas conjuntas para frenar desahucios y regular el precio del alquiler.
Además, algunas líderes del sindicato, como Carme Arcarazo, han sido consideradas herederas políticas de Colau dentro de la órbita de los Comunes. Algunos ejemplos como la compra municipal de la Casa Orsola demuestran cómo Ayuntamiento y sindicato trabajaron juntos a favor los inquilinos.