El PP quiere que las Cortes obliguen a la ministra de Hacienda a colaborar con la Justicia
Los populares presentan una moción que se debatirá esta semana en el Pleno del Congreso
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una moción consecuencia de interpelación sobre la implicación de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del departamento que dirige, en las tramas corruptas que cercan al Gobierno. Con la moción se insta al Gobierno a que colabore con la Justicia. En el texto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Grupo quiere que la Cámara le pida al Ejecutivo que no «obstaculice» el derecho a la información pública. Los populares hacen referencia al informe sin firma del Ministerio de Hacienda que podría beneficiar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En la moción consecuencia de interpelación que se debatirá esta semana en el pleno del Congreso, los populares quieren que la Cámara Baja inste al Gobierno a «garantizar la colaboración activa con todas las instancias judiciales, parlamentarias y administrativas que investiguen posibles irregularidades vinculadas a su gestión». Igualmente, reclaman que se abstenga de «obstaculizar el derecho de acceso a la información pública y garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, particularmente en lo relativo a la transparencia en la gestión de fondos públicos, la actuación de los altos cargos y las decisiones de especial relevancia institucional». Finalmente, plantean la necesidad de «reforzar los sistemas internos de control, auditoría y prevención en el seno de la Administración General del Estado, en particular en los ámbitos con mayor exposición a riesgos de corrupción».
La exposición de motivos afirma que «en un contexto marcado por una creciente desafección ciudadana hacia las instituciones y por una inquietante normalización de la opacidad gubernamental, han salido a la luz en los últimos meses una sucesión de escándalos que ponen en tela de juicio el compromiso real del Gobierno con la integridad pública y revelan una posible tolerancia hacia la corrupción en sus propias filas».
Estas informaciones, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, «acreditan una relación cuando menos peligrosa y poco ejemplar de varios ministerios del Gobierno, incluido el de Hacienda, con tramas de intereses empresariales, conflictos de intereses del entorno del Presidente del Gobierno o ‘enchufe’ en empresas públicas». En el caso del Ministerio de Hacienda, señalan que «las sospechas se agravan por la emisión de un informe sin firma, que ha generado incomodidad entre los propios técnicos del organismo, al pretender beneficiar la posición del hermano del Presidente del Gobierno».
Este informe de 31 páginas fue enviado por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga la causa contra David Sánchez. Como ya publicó este periódico, los técnicos revelaron que se trata de una fórmula inusual. El informe avalaba que el hermano del presidente del Gobierno tenga su residencia fiscal en Portugal mientras trabaja para la Diputación de Badajoz.
El documento sobre la situación de David Sánchez no contiene ningún elemento que acredite su oficialidad. «Lo normal es que incluya el nombre de quien lo emite, o al menos, la firma del superior al que corresponda», explica a este diario un experimentado trabajador de la Agencia Tributaria. A otro compañero también le extraña que tampoco aparezca el DIR3, un código que acompaña a los documentos oficiales para identificar al organismo que lo expide.
Los populares alertan de que «mientras el Ejecutivo publicita un Plan de Acción por la Democracia con un supuesto objetivo de reforzar la transparencia y la integridad pública», el Gobierno «se niega a dar las explicaciones pertinentes sobre actividades conocidas en el seno de su Gobierno que, más allá de que puedan o no ser constitutivas de delito, son absolutamente incompatibles con la integridad y ética públicas».
«Conductas reprobables»
Un Gobierno, subraya la moción de los populares, «que crea realmente en la ética pública tendría que tener una respuesta ante las conductas reprobables que fuese más allá de tildar cualquier denuncia como ‘cacería’ o ‘campaña de acoso’, pretendiendo eludir de este modo la necesaria rendición de cuentas que debe realizar cualquier Gobierno democrático».
Por último, afirma que «el mínimo exigible a un Gobierno en el que se detecten casos de presunta corrupción es la colaboración con la investigación, la garantía de máxima transparencia, la garantía de neutralidad de sus organismos en relación con las personas implicadas, la disculpa pública y el compromiso de refuerzo de controles para evitar la reiteración».