El empresario Pérez Dolset participó en la 'Operación Cataluña' a favor de los 'indepes'

El empresario Javier Pérez Dolset, implicado en los audios publicados por THE OBJECTIVE por ofrecer al empresario Alejandro Hamlyn «un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía» si les pasaba información comprometedora del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas Dávila, el fiscal anticorrupción José Grinda y del capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla -que han investigado los casos de corrupción que afectan al PSOE-, también trabajó para que se persiguiera judicialmente al Partido Popular en la llamada Operación Cataluña, sobre la supuesta guerra sucia del Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el procés independentista.

El empresario del entorno del PSOE solicitó en 2024 a la Audiencia Nacional que se reabriera la causa contra el excomisario José Manuel Villarejo y se imputara al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, según la denuncia que avanzó El Nacional. Dolset está procesado en la Audiencia Nacional por haber provocado la quiebra de la empresa tecnológica Zed WorldWide S. A., de la que era consejero delegado, y llevarse al extranjero parte del dinero de una subvención concedida a la empresa.

En 2017 llegó a pasar veinte días en la cárcel por este motivo, pero salió tras pagar una fianza de 60.000 euros y descubrirse, tras una comisión rogatoria en Panamá, que las pruebas que sirvieron para su encarcelación preventiva relativas al desvío de cuentas a ese país eran falsas. Una vez ya vinculado al PSOE, en su denuncia de 2024 ante la Audiencia, alegó que todo era falso y que era una víctima colateral de la Operación Cataluña. Si bien el desvío de cuentas en Panamá resultó ser falso, en la actualidad sigue a la espera de juicio por la quiebra de su empresa.

La llamada Operación Cataluña fue una operación sobre la supuesta guerra sucia del anterior Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el procés independentista. En esta extensa trama se mezclan desde las investigaciones por corrupción a la familia Pujol, el caso de Banca Privada de Andorra, que tuvo que cerrar al ser intervenida por el Ejecutivo andorrano a instancias del Tesoro de Estados Unidos por un supuesto delito de blanqueo de dinero internacional y el uso de la llamada «policía patriótica» que actuó sin control judicial a instancias del Ministerio del Interior que presidía Jorge Fernández Díaz.

De todo el entramado, hasta la fecha solo se ha producido una sentencia condenatoria. El Tribunal Supremo condenó a un año de cárcel a Eugenio Pino, el comisario de la Policía Nacional y Director Adjunto Operativo de la Policía (DAO), por delito de revelación de secretos de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del que fue presidente de la Generalitat. El fallo dictaminó que los datos reservados fueron sustraídos sin autorización judicial de un pendrive informático por autores desconocidos.

Comisión de investigación en el Congreso

El independentismo ha promovido la Operación Cataluña como una suerte de causa general contra el movimiento. Y el entorno del PSOE se ha sumado a ello en su pugna con el PP. Después de las elecciones generales del 23-J, como parte del pacto de Junts per Catalunya para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, los de Carles Puigdemont exigieron la creación de una comisión de investigación, bautizada con el mismo nombre, Operación Cataluña, que pretende señalar las «cloacas del Estado» contra el procés y durante la época de Mariano Rajoy en Moncloa.

En esta comisión de investigación, uno de los señalados ha sido el fiscal anticorrupción, José Grinda, a quien los independentistas también acusan de perseguirles en connivencia con el anterior gobierno del PP. Además, en esta comisión de investigación que sigue en marcha en el Congreso, y según reveló El Confidencial, el empresario Pérez Dolset fue el «verdadero autor» de un dossier que se aportó para que el PSOE y sus socios independentistas tuvieran información contra antiguos dirigentes del Partido Popular; el fiscal anticorrupción José Grinda; agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía; el consejero de Atresmedia Mauricio Casals; los jueces Fernando Andreu y Manuel Marchena; el exmagistrado Manuel García-Castellón y diferentes periodistas, entre otras personas.

Cloacas del PSOE

La colaboración de Pérez Dolset con el PSOE empezó hace dos años y todo apunta a que responde a su objetivo de buscar la nulidad de su causa. En este afán, el empresario procesado confeccionó una red de «damnificados» de la llamada Operación Cataluña que sobrepasaría los casos propiamente dichos de esta operación. Algunos miembros de esta red serían Higini Cierco, expropietario de Banca Privada de Andorra, y el expresidente del Barça Sandro Rosell.

El banquero andorrano es uno de los comparecientes en la comisión en el Congreso para denunciar esta supuesta trama contra el independentismo. Cierco, además, reconoció pagos de al menos 300.000 euros a una periodista española, P.L.L, involucrada en la campaña de propaganda del PSOE contra jueces, fiscales y periodistas.

Como informó THE OBJECTIVE, Cierco está llevando a cabo una ofensiva judicial para lograr que el Gobierno de Andorra impulse una ley de amnistía para cerrar las más de 60 causas abiertas del llamado caso BPA inspirada en el modelo de la amnistía a los políticos independentistas de Cataluña implicados en el procés.