Armengol blinda a Sánchez e impide al PP conocer sus gastos de representación

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, apoyada en la mayoría que el PSOE tiene en la Mesa con Sumar –cinco miembros frente a cuatro del PP-; ha bloqueado una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre los gastos de representación de Sánchez. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en la reunión de la Mesa celebrada el pasado 27 de mayo, los cuatro miembros del PSOE y uno de Sumar, han obligado a los populares a reformular la pregunta, amparándose en la Ley de Transparencia que establece una serie de límites a la respuesta.

La batalla que ha emprendido el Partido Popular contra el Gobierno de Sánchez en su intento de conocer los gastos de representación del presidente y el destino de los numerosos vuelos de los aviones de la Fuerza Aérea Española utilizados por el líder del Ejecutivo no tiene tregua. En el punto de mira están los 59 vuelos realizados a la República Dominicana, sobre los que el Grupo Popular en el Senado ha presentado varias preguntas e incluso ha interpelado a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El segundo frente abierto se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde han sido varias las cuestiones que se han planteado, con escaso éxito. La última «maniobra dilatoria», según el PP, se produjo el pasado día 27 de mayo, cuando la presidenta bloqueó la tramitación de una pregunta formulada por los diputados Pedro Muñoz, Ángel Ibáñez, María Llanos de Luna e Isabel Prieto para conocer por qué el Ministerio de la Presidencia no contesta a sus preguntas sobre los gastos de representación de Sánchez.

Estos diputados registraron el 20 de mayo una pregunta en la que piden explicaciones sobre «los argumentos jurídicos y preceptos del artículo 14 de la Ley 19/2013 que aplica el Gobierno para justificar la opacidad en relación con los gastos del presidente del Gobierno, así como la forma en la que interpreta los límites para denegar las solicitudes de acceso a la información». El 27, el letrado mayor, Fernando Galindo, firma el acuerdo de la Mesa por el que solicita a los autores de la iniciativa «su reformulación, ya que en los términos en que se encuentra redactada, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la Cámara».

Igualmente, los diputados populares han planteado otras cuestiones sobre esta misma materia. En una de ellas subrayan que «el 10 de septiembre de 2024 se solicitó formalmente al Ministerio de la Presidencia información detallada sobre los gastos de representación del presidente del Gobierno entre 2018 y 2023. A pesar de que la Ley de Transparencia establece un plazo máximo de un mes para resolver ¿Por qué motivo el Ministerio de la Presidencia no respondió en plazo a dicha solicitud, incumpliendo el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?».

En «su obsesión de ocultar lo que cuestan al erario público», según estas fuentes populares, el Gobierno se niega a facilitar estos datos, amparándose en el artículo 14 de la Ley de Transparencia 19/2013. Este artículo dice que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; a igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses económicos y comerciales; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; y la protección del medio ambiente.

Ante esta negativa, los diputados populares presentaron entonces otra pregunta al Ejecutivo para que «explicara con qué argumentos jurídicos concretos y en aplicación de que preceptos del artículo 14 de la Ley de Transparencia justifica el Gobierno la opacidad en relación con los gastos del presidente Sánchez, y de qué manera interpreta estos límites para denegar sistemáticamente solicitudes de acceso a dicha información».

«Despreciando el Parlamento»

Pero en la reunión de la Mesa del pasado 27 de mayo, la mayoría PSOE-Sumar solicitaron al PP la reformulación de la pregunta alegando que supondría una consulta de índole jurídica que no recoge el Reglamento. Los cuatro representantes del Partido Popular defendieron sus preguntas, señalando que era conforme a lo establecido parlamentariamente y explicaron que el principio general de la Ley de Transparencia es el de publicidad activa. En este sentido, señalaron que, efectivamente, hay unos límites para ello, tasados en el artículo 14 (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios…), además de que en su punto 2 indica que la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección.

Sin embargo, siempre según la versión de los populares, «el Gobierno no indica la causa de la denegación de la información solicitada ni la justifica». Por lo tanto, el Grupo Popular considera que la pregunta estaba bien formulada y denuncia que «la mayoría impuso su propuesta de reformulación, en claro apoyo a las arbitrariedades del Ejecutivo y a su política de gobernar, despreciando al Parlamento. Se votó y PSOE y Sumar volvieron a utilizar su mayoría sin argumentos jurídicos concretos para rechazar la posición del PP y amparar las arbitrariedades de Sánchez».