España es el país europeo en el que los ciudadanos desconfían más de su Gobierno

La confianza en las instituciones públicas no está en su mejor momento en España. Es una de las conclusiones a las que llega en Bruselas el Documento de Trabajo del último Eurobarómetro de este semestre, que añade una serie de recomendaciones de carácter económico, social, de empleo, política estructural y presupuestaria a nuestro país. Según este sondeo, la confianza que los españoles tienen en sus instituciones públicas está por debajo de la media de la Unión Europea, sobre todo en la administración central, que es que sale peor parada.

El 57% de los encuestados cree que a la administración central española le falta transparencia sobre las decisiones políticas y sobre el uso del dinero público, frente al 44% de la media de la UE. Asimismo, un 55% de españoles defiende que esta administración debe tener menor burocracia, frente el 52% de lo que reclaman nuestros socios europeos. De igual modo, un 35% exige mayor interacción entre ciudadanos y administración, mientras que solo el 28% de la media europea considera que esta es una exigencia.

La clave de estas respuestas, recogidas en un documento de la Comisión Europea, poco acostumbrada a plasmar afirmaciones de este calado, se debe -según fuentes de Bruselas- a que «el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de acabarse y le han perdido el miedo».

La cláusula nacional de escape

Además -recalcan otras fuentes desde Bélgica-, la Comisión también está muy molesta con España por no activar la cláusula nacional de escape. Cuando el Ejecutivo comunitario adoptó el plan de rearme, ya dijo que vendría a través de aumentar el gasto en Defensa, lo que elevaría el gasto en España a 650.000 millones de euros. Pero España no lo ha pedido, como tampoco Francia ni Italia, de manera que el gasto será menor.

En cualquier caso -matizan las fuentes dentro de las instituciones europeas-, España ha dejado de tener el favor del italiano Paolo Gentiloni, que es socialista y era el comisario responsable de los asuntos económicos. Ahora hay otros comisarios, como el vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, propuesto por Giorgia Meloni.

Un Gobierno acabado y el aviso de las pensiones

«La Comisión ya ve al Gobierno de España como algo acabado», apuntan. Este jueves, sin ir más lejos, el Ejecutivo ha admitido a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que ha diseñado un proyecto de ley, ahora en audiencia pública, con el que reforma el Real Decreto de 18 de febrero, que establecía cómo debía evaluar la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (Airef) el sistema de pensiones, por si fueran necesarias medidas adicionales de ingresos.

Un giro que responde a las presiones de Bruselas tras el envío por parte de la Airef de una opinión -como ya contó THE OBJECTIVE– en la que cuestionaba la sostenibilidad de la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España.

Tras el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el eurodiputado del Grupo Popular en Europa Fernando Navarrete conseguía transmitir a los vicepresidentes de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis y Raffaele Fitto que la Airef «se ha visto obligada a publicar un segundo informe –además del referido a la regla de gasto– para poder ofrecer una evaluación real e independiente de la situación». Una situación que no avala la sostenibilidad de las administraciones públicas, dibujando incluso un horizonte de deuda pública del 181% en 2070. Cabe señalar que el balance del sistema de las pensiones no aparece en el último Informe Anual del Banco de España, pese a que es uno de los elementos prioritarios de la absorción de los fondos Next Generation.

El exceso normativo de España

Por otro lado, el informe semestral de la Comisión también abunda en el desarrollo y la evaluación de la legislación. Si bien se acercan a la media de la UE y a pesar de los progresos realizados, España todavía se sitúa por detrás de los socios europeos, «debido a unos requisitos más débiles que rigen su metodología, adopción sistemática, supervisión y controles de calidad».

España -señala la CE- ha trabajado para reforzar la evaluación de las políticas, mejorando su marco institucional y definiendo un marco de competencias para la evaluación de las políticas públicas en el marco de su plan de recuperación y resistencia. Sin embargo, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas prevista aún no está operativa.

Finalmente, la Comisión también ha llamado la atención a España por el volumen de normativa, que ha aumentado en los últimos años, con un aumento extraordinario debido al impacto de la covid-19. Solo en 2022 la administración española adoptó 11.775 nuevas normas, lo que repercute negativamente en las empresas, señala Bruselas