Ábalos usa a Leire Díez de intermediaria con Cerdán para acabar con Marlaska 

Desde hace varias semanas está en marcha una operación contra la mal llamada ‘UCO patriótica’ alimentada por el entorno más cercano al exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Colaboradores de la misma fueron los emisarios del supuesto «chantaje» que refirió el diario El País en su crónica dominical del pasado 18 de mayo. Según fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, los movimientos iban encaminados a forjar un acercamiento de Ábalos con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras haber cortado su interlocución el mes de octubre, cuando las informaciones cercaban al exministro y empezaban a salpicar al propio Cerdán. 

El objetivo de estos movimientos era crear un «gabinete de crisis» ante los siguientes pasos judiciales por venir, y colocar al frente al policía de cabecera de Ábalos, Rubén Eladio, exdirector de la unidad de emergencias y coordinación de crisis en Nuevos Ministerios, nombrado por Ábalos tras el Delcygate en enero de 2020. Y utilizar a la ‘fontanera’ de Cerdán, Leire Díez, como intermediaria entre ambos para evitar que la investigación en ciernes alcanzara mayores dimensiones y escalara la responsabilidad hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una semana después de la publicación de los mensajes de Ábalos y Sánchez en El Mundo, el diario de Prisa deslizó tres condiciones a cambio de no publicar filtraciones que «podían tumbar al Gobierno»: que el PSOE se hiciera cargo de los gastos de la defensa de Ábalos, el archivo de un expediente a un alto cargo de Transportes y reincorporar a un antiguo trabajador de Correos. 

Dos de las tres exigencias son metas volantes. Es cierto que José Luis Ábalos se queja a sus más cercanos que «se está arruinando con abogados» y culpa al PSOE y al Gobierno de haberle dejado solo comiéndose un marrón que no es solo suyo. Y advierte, a quien le quiera escuchar, de que él no va a ser el «chivo expiatorio» del Caso Koldo y las presuntas corruptelas que afectan al Gobierno. Una forma de deslizar que hay otros que hicieron lo mismo que él aunque, de momento, sea el único investigado en el Tribunal Supremo por pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. No obstante, también es cierto que los otros dos requisitos con los que amenazó el entorno de Ábalos al Ejecutivo a cambio de no publicar «grabaciones comprometedoras de Sánchez y Cerdán» son ficticios y solo dan pistas de quiénes están detrás de esta maniobra.

Las dos metas volantes

El ex alto cargo de Transportes era precisamente Rubén Eladio, de estrecha relación con José Luis Ábalos, además de ser una suerte de asesor mediático y jurídico del exministro. Tras un grave accidente que le dejó en coma y, durante una baja médica prolongada, se le abrió une expediente interno porque se hubiera utilizado el coche oficial durante ese periodo. Eladio presentó un informe de la Abogacía del Estado demostrando la falsedad. El expediente ya estaba archivado cuando se planteó como una de las condiciones del chantaje en el diario El País, según revelan fuentes gubernamentales a este periódico. Eladio culpa de ese expediente a Belén Villar, la misma funcionaria que realizó la auditoría encargada por el ministro Óscar Puente contra Ábalos y que, según el entorno del exministro, «está al servicio del PP».

La segunda meta volante es la de Correos. Las citadas fuentes señalan que la mención a la ex trabajadora de Correos hace alusión a Leire Díez, aunque esta niega tajantemente estar detrás de esa condición o tener voluntad de incorporarse a la empresa pública que hoy dirige Pedro Saura, enemigo íntimo de su predecesor Juanma Serrano, amigo personal de Díez. Las tres condiciones son el dedo; el objetivo, la luna. Y este no es otro que un intento por controlar y, en el mejor de los casos, desmontar la investigación judicial que se cierne sobre otros miembros del Gobierno y el PSOE. De ahí la ofensiva contra la UCO y la obscenidad con la que el Gobierno propagó el bulo de la «bomba lapa», desmontado por THE OBJECTIVE.

En Moncloa no ocultan que «lo importante no es la verdad, sino la percepción de la verdad». Y enfrascados en la táctica trumpista de las “verdades alternativas”, el Gobierno ha dado el salto de la posverdad a la mentira, de la distorsión a la manipulación, de la mutilación de tres frases de una conversación privada a sostener que es solo «una interpretación», en lugar de una burda mentira. La verdad es que, en privado, el núcleo duro del presidente sí advierte que «vienen semanas muy duras», que culminarán con una más que probable dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, del que muchos afirman: «No va a acabar su mandato». A no ser que, como en el caso de la ‘bomba lapa’, la única alternativa sea la huida hacia adelante. Por eso Leire Díez es un personaje fundamental: porque ha prestado un servicio esencial al Ejecutivo.

TVE, altavoz de la propaganda

Al quedar al desnudo el ciclo del fango (Leire Díez pide pruebas contra el capitán Bonilla, El Plural las prefabrica y el Gobierno las propaga), lo único que podía hacer la emisaria socialista era un doble o nada. «Ni fontanera ni cobarde», que diría Leire. Y, por ello, 24 horas después de pactar con Cerdán una baja ‘voluntaria’ que le permitirá recuperar su condición de militante cuando la tormenta escampe, se entregó en cuerpo y alma a una estrategia mediática que eleva la anécdota (la bomba lapa) a categoría (la corrupción de las cloacas del Estado). La mayor evidencia de que Leire es un instrumento del PSOE y el Gobierno es que RTVE le pusiera alfombra roja. La misma televisión pública que veta a periodistas críticos, oculta noticias incómodas, en la que se insulta a tertulianos independientes como Chapu Apaolaza, y la que amplifica los bulos del Gobierno, le ofrecía a la fontanera socialista un espacio -sin límite de tiempo- en el programa Mañaneros para sembrar dudas sobre el buen funcionamiento de la Guardia Civil, junto al empresario imputado Javier Pérez Dolset, que le hizo de escolta frente a Aldama el pasado miércoles.

Lo que en realidad persigue la operación contra la ‘UCO patriótica’ no es descabezar al jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sino descabezar al Ministerio del Interior. El objetivo es Fernando Grande-Marlaska. Porque tanto Moncloa como Ábalos como Cerdán piensan lo mismo. Que Marlaska «no ha sabido controlar a la UCO», que no desmontó a la policía patriótica del PP y que «ahora, se nos ha vuelto en contra». Por ello dimitió el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez; por ello filtran supuestas reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez, pese a ser la única que cita a la cúpula del Instituto Armado para manifestar su apoyo a la Benemérita; y, por ello, la verdadera exigencia del chantaje es una crisis de Gobierno que permita armarse para la guerra. El patrón está escrito. Y tiene fecha de 8 de abril: es la solicitud de testificales de José Luis Ábalos al Tribunal Supremo. En orden inverso: el capitán Juan Vicente Bonilla, la funcionaria Belén Villar, el secretario de Estado, Rafael Pérez… y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Tras el clamoroso silencio del ministro sobre la UCO, y el parón de los mensajes de Ábalos, cabe preguntarse si el chantaje ha surtido efecto o no.