Una empresa vetada por Collboni por 'proisraelí' preside el tranvía de Barcelona
La alcaldía se dirigió a los partidos para señalar las 97 compañías con las que se deben romper relaciones comerciales
El Tram de Barcelona. | Barcelona.cat
El Ayuntamiento de Barcelona envió el 27 de mayo un correo electrónico a todos los grupos municipales para que especificaran si tienen «posibles vínculos» con un centenar de empresas que están en asentamientos israelíes. El objetivo es cortar cualquier relación comercial con ellas para cumplir el pacto con los Comunes de poner fin a las relaciones con Israel y frenar la contratación de empresas que colaboran con el país hebreo en los territorios ocupados de Palestina. THE OBJECTIVE ha tenido acceso al contenido del mail y a la lista adjunta, en la que figura Alstom S.A, que desde este junio preside el tranvía de Barcelona. La empresa francesa también gestiona el servicio comercial del metro de Barcelona y es una de las empresas ferroviarias que más peso tienen en España por la fabricación de trenes.
Si bien el tranvía de Barcelona no es una «empresa municipal», explica el equipo de gobierno a instancias de este periódico, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), cuyo presidente es Jaume Collboni, participa en la financiación del sistema a través de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), un consorcio que coordina y planifica el transporte público en la región metropolitana de Barcelona. La ATM, en la que el AMB tiene una participación del 49%, establece las tarifas y zonas tarifarias de los distintos transportes públicos, incluyendo el tranvía, unificándolas en un sistema integrado. En la misma línea, Alstom administra el servicio comercial del metro de Barcelona y la presidenta del Transporte Metropolitano de Barcelona, que gestiona el metro, los autobuses y otros servicios de transporte en la ciudad, es la socialista Laia Bonet.
El equipo del alcalde remitió a los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona un listado de 97 empresas que la Oficina del Alto Comisariado de la Organización de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU) considera que operan de forma ilegal «con consecuencias sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de Palestina y el territorio ocupado». Una de ellas es Alstom, que preside el TRAM, la empresa de transporte público que gestiona las dos redes de tranvía que circulan por la Región Metropolitana de Barcelona. Esta aparece «implicada como a sociedad matriz», mientras que otras figuran como «empresas que participan en las actividades listadas».
En la misiva se especifica que «a raíz de la grave situación en Palestina», que «según la ONU implica una violación de derechos humanos», no quieren que la corporación municipal tenga vínculos con estas compañías. Cabe recordar que a finales de mayo, los grupos del PSC y Comunes en el consistorio acordaron una resolución para romper relaciones con Israel e incluyeron una cláusula para no contratar empresas que participen en la ocupación de territorio palestino.
Alstom
El presidente y consejero delegado del Grupo Alstom España y Portugal, Leopoldo Maestu, preside desde junio TRAM, que aglutina las sociedades Tramvía Metropolità S.A y Tramvía Metropolità del Besòs, concesionarias del servicio de tranvía del área metropolitana de Barcelona. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también preside el área metropolitana de Barcelona.
La empresa francesa es la tercera principal accionista de TRAM. Solo por detrás de Globalvia (40%) y Moventia (20%). También son socios Transdev, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Comsa y FCC. Alstom confirma a THE OBJECTIVE que su situación no ha cambiado y que mantiene la presidencia del grupo. No obstante, no ha querido contestar si la prohibición por parte del Ayuntamiento de trabajar con las empresas que operan también en los asentamientos de Israel le ha afectado de algún modo o las autoridades públicas le han pedido explicaciones.
El equipo de gobierno del PSC explica que no tiene constancia «de ninguna sentencia o resolución que declare ninguna prohibición concreta sobre ninguno de los contratos públicos que mantiene en vigor una vez se ha hecho la licitación pertinente». Y, al no ser una empresa municipal, se desentienden de cualquier responsabilidad.
En la misiva del Ayuntamiento, la Dirección de Coordinación de Contratación Administrativa daba un plazo hasta el pasado 6 de junio para que los grupos parlamentarios indiquen «si han suscrito o tienen previsto suscribir contratos con cualquiera de las 97 empresas relacionadas al informe de la ONU».
Activistas propalestinos
Alstom ha sido objeto de campañas de boicot por parte de activistas propalestinos debido a su participación en proyectos de transporte en Israel. En concreto, en zonas de Cisjordania que, según los activistas, contribuyen a la expansión de asentamientos israelíes.
La ONU no tiene capacidad de vetar a empresas, pero en su listado expresa la preocupación por la situación en la región, señala las empresas que operarían en estas zonas y llama a respetar el derecho internacional. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, sí que ha solicitado cortar las relaciones con las empresas que figuran en la lista de la ONU.