El Gobierno acusa al Tribunal Supremo de llevar a cabo actuaciones «difíciles de entender»
Moncloa respalda al fiscal general pese a su procesamiento y niega haber dado instrucciones en el caso González Amador
La ministra Portavoz y de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría. | Carlos Luján / Europa Press / ContactoPhoto
El Gobierno ha expresado este martes su «respaldo total» al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que el Tribunal Supremo ha ordenado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha defendido su inocencia y ha acusado al alto tribunal de realizar actuaciones «difíciles de entender».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha reafirmado la confianza del Ejecutivo en García Ortiz «y en la Fiscalía en su conjunto», a la que considera comprometida con la persecución del delito. La portavoz ha querido desligar completamente al Gobierno de cualquier intervención en el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. «Negamos categóricamente haber dado instrucciones a la Fiscalía», ha zanjado.
La causa abierta en el Supremo parte de la filtración de datos personales de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que está en el origen de la denuncia. El magistrado instructor, Ángel Hurtado, considera que existen indicios suficientes para imputar al fiscal general. Sin embargo, desde Moncloa critican que esas acusaciones se basan «sin ninguna prueba», y lamentan que no se hayan tenido en cuenta las declaraciones exculpatorias de varios periodistas.
Apoyo del Gobierno a Álvaro García Ortiz
Según fuentes gubernamentales, el Ejecutivo mantendrá su apoyo a García Ortiz incluso si se confirma la apertura de juicio oral. «Hay un límite», admiten, en referencia a una posible condena que, de producirse, obligaría al fiscal general a dejar el cargo en cumplimiento de la normativa interna del Ministerio Público.
Pese a la gravedad institucional que implica el procesamiento del máximo responsable de la Fiscalía, el Gobierno mantiene su estrategia de confrontación con determinados jueces. «Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender», ha asegurado Alegría, en una declaración que eleva la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial.