El Gobierno vacía el Instituto Cervantes de París y arría la bandera tras cedérselo al PNV

El Gobierno ha vaciado por completo de objetos y enseres el principal edificio del Instituto Cervantes en París y ha quitado de la fachada del mismo todos los elementos que identificaban a esta institución española en la capital francesa: desde la bandera de España que colgaba del mástil hasta la placa identificativa que estaba junto a la puerta principal, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE y han confirmado fuentes del Cervantes.

El palacete, que fue cedido al Partido Nacionalista Vasco (PNV) en una polémica decisión por parte del Ejecutivo a finales del año pasado, está situado en el número 11 de la avenida Marceau y albergaba hasta ahora tres áreas de trabajo: información, secretariado académico y biblioteca. En la actualidad, tiene la apariencia de estar cerrado desde la calle, aunque las citadas fuentes solo confirman que se ha vaciado todo su interior en una mudanza que ha costado alrededor de 50.000 euros. En la web del Cervantes únicamente aparece una dirección postal -el número 7 de la calle Quentin Bauchart-, donde hasta ahora se encontraban las clases, el auditorio y la sala de exposiciones, por lo que ya solo existe una sede en París a ojos de cualquier internauta.

El Consejo de Ministros acordó en diciembre que la propiedad del inmueble se traspasaba al PNV en atención a la «vinculación histórica del edificio» con este partido y en cumplimiento de la disposición adicional novena de la ley de Memoria Democrática. En aquel momento, se indicó que el traspaso de la propiedad del mismo era «inmediato», aunque al encontrarse el edificio ocupado por el Instituto Cervantes se acordó que esta institución pudiera seguir utilizándolo durante un periodo transitorio.

El propio Ejecutivo de Sánchez estableció dicho período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2030. Es decir, cinco años. Y que durante este tiempo, el Gobierno pagaría al PNV «una renta de mercado» por el uso y disfrute del edificio. Además, se comprometió a «compensar» a los jeltzales por la privación del inmueble situado en Noyon, conocido como Hotel de Mont Renaud, y por otro localizado en Compans, denominado Ferme de l’Hotel de Dieu. Sin embargo, el desembolso económico por el alquiler del Cervantes en la avenida Marceau está ahora en entredicho ante el aparente cierre del edificio.

El desmantelamiento de objetos y enseres del Cervantes de la avenida Marceau ha alcanzado a su conocida biblioteca Octavio Paz, especializada en temas hispánicos de ciencias humanas y que en el pasado ha servido de centro cultural donde se han organizado exposiciones, conferencias, cursos, proyecciones y tertulias para estudiantes de español. A lo largo de sus más de 70 años de historia, la biblioteca ha reunido un fondo bibliográfico integrado por unos 50.000 documentos, según indica el propio Instituto Cervantes en su web.

«La colección patrimonial incluye obras de valor histórico y cultural (libros antiguos, primeras ediciones, libros únicos, raros o valiosos, con dedicatoria autógrafa), muchas de ellas testigo de la historia de la biblioteca y del paso de autores hispanos por París», se subraya en un folleto sobre las obras más emblemáticas que atesora gracias a donaciones de personalidades como Pierre Darmangeat, Michel Sauve, Jorge Semprún, Ignacio Ramonet y Antonio Fernández Molina. Incluso hay una señal de tráfico cerca de allí que dirige a los parisinos hacia ese lugar (ver abajo).

Por el momento, el Cervantes solo gestiona la devolución de ejemplares en un buzón habilitado en la otra sede de la calle Quentin Bauchart «durante los horarios de apertura del edificio». Una situación «en precario sine die» que afecta a los préstamos bibliotecarios, según las citadas fuentes, quienes añaden que los usuarios «dicen no entender nada de lo que les ocurre».

«La afligida suerte de la histórica biblioteca es una calamidad más del sanchismo, en la que acreditados incompetentes del Gobierno y del Instituto Cervantes pelean entre sí, con ministros y responsables del propio Instituto a la greña sobre el destino del inmueble y sus contenidos, mientras a los desolados usuarios que hoy preguntan por algún título, se les atiende a distancia», lamenta uno de ellos ante la situación «de emergencia y de mínimos» que se vive en la biblioteca española de París.

La cesión del inmueble al PNV a finales del pasado año ha tenido varios escollos con posterioridad. Primero fue en enero, cuando el pleno del Congreso tumbó el real decreto ley ómnibus que incluía, entre otras medidas, la devolución a los nacionalistas vascos de este edificio. El partido de Aitor Esteban contraatacó asegurando que el paso dado por el Ejecutivo sobre la titularidad del edificio era ya irreversible. En este sentido, alegó que la no convalidación de un real decreto ley produce el cese inmediato de sus efectos a partir de ese momento, pero no anula los efectos producidos durante su vigencia, que es en este caso la transmisión de la titularidad del inmueble, ya completada.

El siguiente escollo se produjo a finales de mayo cuando la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas -en la que PP y Vox tienen mayoría absoluta- aprobó que el órgano fiscalizador elabore un informe sobre la entrega de este palacete. El PNV siempre ha alegado que el edificio fue comprado por ellos durante la Guerra Civil para sede del Gobierno vasco en el exilio y que luego fue incautado por la Gestapo nazi, que se la regaló a la dictadura franquista.

Sin embargo, el PP y Vox cuestionan la restitución y exigen ver los documentos que prueban ese relato. «Si fue del PNV, ¿cómo, cuándo y por cuánto lo compró?», preguntó la diputada del PP Pilar Alia en el último debate. Los populares recordaron que la justicia francesa no validó la compra en los años cuarenta y que el Supremo lo rechazó en una sentencia de 2003. Tanto el Gobierno como los peneuvistas replicaron que el Alto Tribunal no entró en el fondo de la cuestión, sino que se limitó a decir que no encajaba en la ley de Memoria de 1998 porque era un inmueble ubicado fuera de España. Eso cambió con la ley de Memoria Democrática que está actualmente en vigor y que cuenta con una disposición específica sobre este caso.

Regalo o posible corrupción

En el debate, la parlamentaria popular señaló que si el Gobierno no da explicaciones sobre este asunto, se podría pensar que esta restitución es «un regalo» a sus socios nacionalistas por un importe de casi 20 millones de euros, al tiempo que criticó que, durante cinco años, se tenga que pagar un alquiler al PNV por albergar su sede, lo que a su juicio puede suponer financiación ilegal del partido.

En similares términos se pronunció el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, quien habló incluso de «corrupción política» al considerar que «no es restitución, sino una apropiación» de un edifico público. Por el contrario, la senadora del PNV Dolores Etxano explicó que el Tribunal de Cuentas podrá examinar la operación en sus informes sobre la Cuenta general del estado o los exámenes a la contabilidad de los partidos políticos, pero exigir un informe específico muestra «una clara intención de instrumentalización».