Familias catalanas denuncian que la Generalitat les «secuestra hijos con informes falsos»

El caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) en el que una menor fue violada y prostituida durante años sin que nadie se enterase suma un nuevo capítulo a su larga historia. Una cincuentena de familias afectadas por este organismo por haberles quitado la custodia de sus hijos se han unido en la Asamblea de Familias Rotas por la Dgaia para denunciar que la «Generalitat secuestra hijos y fabrica informes falsos». Y es que la retirada de los menores es un proceso administrativo que dicta la Generalitat y solo el 20% de los casos llegan a la justicia.

El Gobierno de Salvador Illa ha impulsado cambios en este organismo tras el gran escándalo que supuso que una niña de 12 años fuera captada por una red de prostitución y pederastia. Si bien el caso se inició en 2021, ha sido ahora cuando ha tenido consecuencias políticas. La Fiscalía ha pedido 107 años de prisión para el hombre que violó reiteradamente a la menor y que la anunciaba en aplicaciones de citas para que otros hombres la violaran conjuntamente mientras los grababa. El hombre se considera el responsable de una red de pederastia que afectó a otras menores.

Esta nueva asociación ha convocado una concentración este jueves contra este organismo dependiente de la Consejería de Derechos Sociales. Después de años sin que nadie escuchara sus quejas, la revelación del caso de la menor violada ha puesto bajo el foco las malas praxis de este organismo. No obstante, denuncian que los cambios hechos por el Govern son solo «un lavado de cara» y que no arreglan nada de forma «estructural».

Los jueces, y no la Generalitat

Por el momento, el Ejecutivo catalán ha decidido cambiarle el nombre –de Dgaia a Dgppia-, la ha quitado la capacidad de contratar y ha creado una unidad externa para que haga seguimiento de las incidencias que se registren entre los menores tutelados. No obstante, el director general cesado, José Muñoz, es ahora el nuevo director general de la Dgppia. Y en el debate sobre las funciones de este organismo, el Consejo de la Abogacía Catalana ha pedido que sean los jueces quienes decidan sobre las custodias de los menores.

Se calcula que unos 10.000 menores tienen abierto un expediente de desamparo. Y en todos estos casos es la Generalitat la que decide si deben separarles de sus progenitores. Todos estos casos se produjeron con el anterior Govern de ERC. Además, tal y como ha investigado la Oficina Antifraude de Cataluña, durante años fue una de las entidades del tercer sector beneficiadas con adjudicaciones irregulares de contratos y creación de plazas fantasma. El Parlament ha impulsado una comisión de investigación para aclarar el alcance de todas estas irregularidades y denuncias de nuevos testigos que critican la «opacidad» de la entidad.

«Secuestro» sin motivos objetivos

En la rueda de prensa de la Asamblea de Familias Rotas por la Dgaia, celebrada este martes 10 de junio, cinco madres (una con el rostro cubierto) afirmaron que la Generalitat les ha «secuestrado» los hijos sin motivo y con «informes falsificados» de los servicios sociales y educadores.

Las madres solicitaron al Govern que les devuelvan sus hijos y que «cierren la mayoría de centros» de este organismo por no ser «necesarios». Muchas de estas familias proceden de otros países, inmigrantes y en situación de vulnerabilidad. Leyeron un manifiesto en el que apelaban a Illa por «el calvario de que te arranquen a tu hijo». «No sabe lo que es plantarse fuera de un centro a vigilar que no sea tu hija la que se va con un hombre mayor».

En el primer caso de la menor de 12 años que ha desatado la polémica ha trascendido que los tutores de la Dgaia tenían conocimiento de que se había ido a vivir con un hombre mayor de edad, el hombre que ahora está procesado por ser el responsable de una red de pederastia.