La CUP desahucia a una familia okupa en Gerona y desata las críticas de los sindicatos
El consistorio explica que se trataba de un «alquiler social fraudulento» y que el inquilino dejó de pagar hace siete años
Lluc Salellas, alcalde de la CUP en Gerona. | Twitter
El Gobierno local de Gerona, que preside la CUP en coalición con Junts per Catalunya, ha ejecutado el desahucio de una familia que desde los últimos siete años okupaba una vivienda de la localidad. El pleno del consistorio, con el apoyo del PSC, ERC y Vox, afirma que se trata de un caso de «alquiler social fraudulento», pero no ha logrado tranquilizar a los colectivos y sindicatos de vivienda que acusan a los anticapitalistas de llevar a cabo la misma política de la «derecha».
El Sindicat de l’Habitatge de Girona ha denunciado en un vídeo en sus redes sociales que «una vez más todos los políticos coinciden en aplicar la mano dura contra la clase trabajadora». Y señalan a la a CUP, ERC y Junts de «vender humo» y de «echar a las familias como si de un fondo buitre se tratara». Una situación que genera incomodidad en la CUP, que históricamente se han posicionado a favor de los okupados y ha negado que hubiera un uso fraudulento de los recursos públicos en esta materia.
La polémica ha adquirido tal dimensión que la concejal de Igualdad, Amy Sabaly, ha intervenido contra el «populismo» de estos colectivos. A través de la red social X, ha explicado que hace 11 años el consistorio asignó una vivienda social a una persona que cumplía con los requisitos establecidos, con un alquiler de 200 euros mensuales, pero que todo cambió hace siete años, cuando esta persona «dejó de pagar» y desde entonces ha acumulado una deuda de 18.000 euros con el ayuntamiento.
El sindicato les acusa de mentir
«Además, tenemos constancia de que la persona desahuciada no vivía en el piso y que había permitido el empadronamiento de diferentes personas, y por la información de que disponemos, ha generado conflictos con el resto de vecinos y vecinas”, ha añadido.
La CUP ha querido dejar claro que trabajan «para garantizar el derecho a la vivienda», pero debido a su responsabilidad al frente del Ejecutivo han añadido que «actuaremos decididamente cuando alguien se aproveche del sistema».
Lejos de convencer, el Sindicato ha respondido a la concejal acusándola de mentir: «El Ayuntamiento quiere cubrirse las espaldas ante una práctica grave: ejecutar un desahucio con un proceso irregular, basado en falacias, e intentar negar la actividad sindical que llevaremos a término».
¿Moderación en la CUP?
Este conflicto ha coincidido con el proceso de refundación en el que se halla inmerso el partido desde que inició el llamado procés de Garbí. Los cupaires celebraron este fin de semana un acto en el municipio de Capellades, que sirvió para presentar su nuevo logotipo, más refinado y que abandona el amarillo eléctrico por uno más ocre, y con la mirada puesta en las elecciones municipales de 2027.
A nivel autonómico la CUP ha iniciado una política de pactos con el PSC en materia de vivienda. Y aunque mantiene sus vínculos con los movimientos sociales, el sindicato de vivienda, controlado por una escisión de la CUP, amenaza con desmarcarse de ellos.