Los socios del Gobierno silencian a Mónica García para salvar la Agencia de Salud Pública
La decisión de no solicitar la avocación responde a una estrategia para evitar que se repita «el espectáculo» de marzo
Mónica García, ministra de Sanidad. | EP
El Congreso de los Diputados ha retomado la tramitación de la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) con un nuevo enfoque: esta vez, el dictamen no regresará al Pleno, sino que se aprobará directamente en la Comisión de Sanidad mediante competencia legislativa plena. Esta fórmula, habitual en muchas leyes, ha cobrado especial relevancia en este caso porque permite evitar una nueva intervención pública de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya participación en el debate plenario del pasado 21 de marzo provocó un giro inesperado que frustró la aprobación inicial del texto.
La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública es uno de los compromisos políticos adquiridos tras la pandemia de covid-19, con el objetivo de mejorar la capacidad de preparación, vigilancia y respuesta ante futuras crisis sanitarias. La Agencia de Salud Pública está diseñada como un organismo autónomo, con competencias técnicas en salud pública, epidemiología, vigilancia, preparación ante emergencias y coordinación interterritorial.
El Gobierno remitió el proyecto de ley al Congreso hace meses, y tras su debate en ponencia y comisión, se elaboró un dictamen que, en marzo, fue enviado al Pleno tras aprobarse el procedimiento de avocación, una figura parlamentaria que permite que el Pleno —en lugar de la Comisión— tenga la última palabra sobre el texto.
El pleno fallido de marzo
El Pleno del Congreso debía aprobar ese dictamen el 21 de marzo. El texto contaba inicialmente con el respaldo del Partido Popular, que ya había votado a favor en la Comisión. Sin embargo, el debate se desvió del fondo legislativo cuando la ministra de Sanidad, Mónica García, subió a la tribuna y pronunció un discurso duro y abiertamente beligerante contra el PP, incluyendo referencias a los fallecidos por covid en las residencias de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso. La intervención de García fue calificada por los populares como «provocadora» y «fuera de lugar». Como respuesta, el PP cambió su voto y tumbó el dictamen, paralizando el avance de la ley en un momento clave.
Sin avocación, sin ministra
Aprendida la lección, esta vez ningún grupo ha solicitado la avocación, por lo que el dictamen y las enmiendas se debatirán y votarán únicamente en la Comisión de Sanidad, evitando así un nuevo paso por el Pleno del Congreso. Esta vía, conocida como competencia legislativa plena, se aplica por economía procedimental y es la fórmula más común para aprobar leyes ordinarias. A diferencia del Pleno, en la Comisión los ministros no pueden intervenir, lo que garantiza que no habrá discursos polémicos que puedan desestabilizar el consenso alcanzado.
Según fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE, la decisión de no solicitar la avocación responde a una estrategia deliberada para evitar «el espectáculo» vivido en marzo y garantizar que la ley supere sin contratiempos su fase en el Congreso. La medida fue consensuada entre los grupos que apoyan el proyecto y la presidencia de la Comisión de Sanidad.
Un paso decisivo sin ruido
La ponencia encargada de revisar las enmiendas se reunió esta semana y aprobó un nuevo dictamen con ajustes sobre el texto original. La Comisión votará la próxima semana ese dictamen junto con las enmiendas pendientes. Una vez aprobado, el proyecto pasará al Senado para continuar su tramitación. Se espera que, si la Cámara Alta no introduce cambios sustanciales o demoras innecesarias, la ley pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en octubre, tras del parón institucional del verano y en plena preparación del curso político.
Con esta maniobra parlamentaria, el Gobierno y sus socios logran desbloquear una de las reformas clave del sistema sanitario sin arriesgarse a nuevas tensiones políticas y evitando así una posible intervención provocadora de Mónica García. El recurso al procedimiento habitual, pero menos visible, permite que la Agencia de Salud Pública avance hacia su puesta en marcha tras más de tres años de debate y una pandemia que evidenció la falta de un organismo técnico centralizado. A la espera de su aprobación final, la Aesap se perfila como una herramienta clave para reforzar la salud pública en España y mejorar la coordinación territorial ante futuras crisis sanitarias. Esta vez, sin discursos encendidos ni votos cambiados en el último minuto.