Sánchez pide a Rufián que no solicite suprimir los aforamientos porque los «necesita»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «muy tocado y jodido», según la imagen que sus socios de Gobierno percibieron in situ en sus reuniones en el Palacio de la Moncloa. Así lo señaló el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el único que este miércoles puso en cuestión la continuidad del Gobierno, dejando en el aire la legislatura: «Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE, que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo». Sánchez no contestó, pero el mensaje de Rufián quedó bien claro: la línea roja es la financiación ilegal del PSOE. Si aparecen evidencias de una caja B, ERC romperá con la coalición progresista y se alineará con Podemos para pedir elecciones: «Que la gente decida. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o pasar con este gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE».

Por este motivo, el portavoz republicano preguntó al presidente en Moncloa si esto «se acaba aquí» o habrá más información sensible. Sánchez contestó con un rotundo «sí»; acto seguido, le interpeló directamente sobre una posible financiación irregular del partido socialista, a lo que respondió con un tajante «no». Según fuentes gubernamentales y socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, el presidente Sánchez se comprometió a que todo quedará en «dos tipos que me han traicionado», y manifestó su pesar personal por lo sucedido: «Es una putada».

Sin embargo, en ERC tienen ya tantas dudas como certezas sobre el final del mandato de Sánchez. Y una evidencia de ello surgió en la petición que el propio Pedro Sánchez le hizo a Rufián, tras exigir éste en la sesión de control «eliminar los aforamientos» para que los diputados, senadores, ministros y hasta el presidente del Gobierno sean juzgados por la justicia ordinaria, en lugar del Tribunal Supremo. En su pregunta al jefe del Ejecutivo, el republicano fijó tres condiciones para seguir apoyando al Gobierno: garantizar que no habría financiación ilegal, multas millonarias a las constructoras y empresas corruptoras, y tercero: «Que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos».

Petición de Sánchez a Rufián

Las citadas fuentes confirman que esa última es la única condición que el presidente del Gobierno rechazó expresamente. Es más, Sánchez trasladó a Rufián que «necesita» que no pida suprimir los aforamientos políticos a los cargos públicos ante la ‘ofensiva judicial’ de la que el Gobierno dice ser víctima, con relación a los casos de su núcleo familiar. Concretamente, la imputación de su esposa, Begoña Gómez, y el procesamiento de su hermano, David Sánchez. Una mención extraña dado que ninguno de los dos son aforados, aunque en el caso del hermano sí vaya a verse beneficiado por el aforamiento del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Desde la imputación de su esposa hace un año, que motivó la ofensiva del Gobierno contra el poder judicial y los medios de comunicación, el Ejecutivo se ha parapetado en la existencia de un presunto caso de lawfare para defenderse de las investigaciones judiciales y periodísticas. Tras ser archivadas las dos querellas presentadas contra el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado -una del presidente del Gobierno y otra de su mujer-, fuentes de Moncloa vienen deslizando su convicción de que el poder judicial «pretenden derrocar al Gobierno» y que «no pararán hasta imputar al presidente del Gobierno».

Plantón de Podemos y BNG, ausencia de Sumar

Rufián había amagado horas antes con no acudir a Moncloa y rechazó la cobertura gráfica del encuentro para no dar más aire a un Pedro Sánchez más acorralado que nunca por los casos de corrupción que afectan a su partido. A su vuelta, el portavoz republicano develó que le había visto «muy abatido» y que le hizo varias peticiones para aprobar «en el tiempo que le quede a esta legislatura». La prioridad es avanzar en la «agenda social» empezando por «intervenir» el mercado de la vivienda. «Aprovechemos el tiempo que nos queda», señaló.

A las dudas de ERC se le suma el plantón de Podemos y BNG, que se negaron a participar en la ronda de socios parlamentarios convocados al Palacio de la Moncloa. Tampoco quisieron prestarse a la foto los socios minoritarios de la coalición. Ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni los ministros Ernest Urtasun y Sira Rego acudieron a la sesión de control más compleja del periodo de sesiones porque «no tenían pregunta parlamentaria». Los partidos vascos PNV y EH Bildu no son tan pesimistas y consideran que «esto aguanta hasta 2027, salvo que aparezca financiación ilegal». Si afloraran pruebas sólidas, que se insinúan en el último informe de la UCO, todos coinciden en que se procedería al entierro definitivo de una legislatura que nació prácticamente muerta. Lo que parece evidente, como desvelaron los más comprensivos aliados de EH Bildu, es que «ya no es políticamente suficiente» el comodín del miedo a la ultraderecha.