El Supremo archiva una denuncia de la Policía contra Alvise por desórdenes en Ferraz

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado una denuncia que la Policía Nacional interpuso contra el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, en noviembre de 2023 por el presunto delito de desórdenes públicos frente a la sede del PSOE en Ferraz en el marco de las protestas contra la amnistía.

Este caso era la cuarta causa que estaba abierta en el Supremo contra Alvise tras las diligencias abiertas por una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert; y la relativa a una presunta financiación ilegal de partidos políticos y delitos electorales, entre otros, por los 100.000 euros que el empresario imputado en la Audiencia Nacional Álvaro Romillo, alias Cryptospain, afirma que le dio a SALF de cara a los comicios europeos de 2024.

El propio Alvise ha informado en sus redes sociales de dicho archivo tras ir a declarar al Supremo en el caso de la fiscal Gibert. En esta causa por el delito de desórdenes públicos se personó el PSOE como acusación popular y la Fiscalía pidió que se le imputase. Sin embargo, el archivo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se notificó a las partes el pasado 9 de mayo.

El juzgado de Instrucción número 13 de Madrid pidió a finales del año pasado al Tribunal Supremo que investigase dicha una denuncia durante las protestas frente a la sede del PSOE en la calle de Ferraz contra la ley de amnistía a implicados en el ‘procés’. Para ello, elevó al alto tribunal una exposición razonada «toda vez que la persona denunciada ostenta la condición de diputado al Parlamento Europeo y es persona aforada ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo», se indicó en la resolución judicial. 

En el escrito, el magistrado Hermenegildo Alfredo Barrera recordó que el 16 de noviembre de 2023 recibió un oficio de la Policía Nacional en el que se acusaba a Alvise de un presunto delito de desórdenes públicos por su participación en las protestas frente a la sede del PSOE. En aquel momento, Alvise no era eurodiputado -lo es desde las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024-, pero protagonizó varias protestas como ‘agitador social’. 

El magistrado incoó diligencias previas y se inhibió a los juzgados de Sevilla, donde residía Alvise por aquel entonces, pero estos rechazaron encargarse y la causa volvió a él. Finalmente, el juez instructor vio «indicios de culpabilidad», por lo que elevó el caso al Supremo. «Para su total esclarecimiento, resultan necesarias unas diligencias de investigación que este instructor no puede acordar por ser don Luis Pérez Fernández aforado», señaló.

La Fiscalía sí que vio un posible delito de desórdenes públicos por la difusión entre los días 5 y 7 de noviembre de 2023 de una serie de publicaciones en el canal de Telegram del entonces activista, que «incitaron públicamente a cometer desórdenes públicos, a llevar a cabo acciones que pudieran ser calificadas de atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, e incluso a elaborar y emplear sustancias que podrían ocasionar un gran perjuicio contra la salud de las personas».

Además, en el informe se indicó que el canal de Telegram de Alvise es «abierto al público» y tiene «una elevada capacidad de difusión atendiendo al número de sus seguidores y visualizaciones», por lo que el eurodiputado «puede aparecer indiciariamente como autor del presunto delito de desórdenes públicos». Sin embargo, la Sala Segunda del Supremo no lo ha estimado así.

En su declaración de este viernes en el Supremo, el líder de SALF ha enmarcado en la «crítica política» y en la «libertad de expresión» el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia. Su comparecencia ante el magistrado Juan Ramón Berdugo ha durado 30 minutos. El magistrado le ofreció la posibilidad de declarar voluntariamente, un paso habitual en estos casos, al iniciar los trámites para recabar la autorización del Parlamento Europeo para investigarle por presuntos delitos de acoso, provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes.

Alvise ha asegurado a los medios que, con esos mensajes en redes sociales, «lo único que pretendía era hacer crítica política», según Europa Press. «Y es que son personas que quieren meter en prisión a ciudadanos que critiquen la inmigración masiva», ha dicho. En la misma línea, ha indicado que «ese tipo de cuestiones antes, antaño, eran libertad de expresión».