Antifraude de Cataluña admite que no sanciona la corrupción porque nadie lo hace

El director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, ha reconocido que la autoridad independiente catalana no ha ejercido su potestad para sancionar a una empresa o ente público cuando detecta que ha incurrido en irregularidades. La Oficina tiene las competencias plenas desde hace dos años para interponer multas en al ámbito de Cataluña, pero, tal y como avanzó hace un año THE OBJECTIVE, se niegan a ejercer esta autoridad, pese a que en su momento celebró la asunción de esta facultad. Gimeno ha intentado justificar su pasividad en aplicar sanciones económicas con el argumento de que en el resto de España no hay ninguna autoridad para aplicar este tipo de sanciones y que, a su juicio, «no tiene sentido» que solo se interpongan en la autonomía catalana.

Miguel Ángel Gimeno participó en el Seminario de Integridad y Protección de Informantes, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) el 13 y 14 de mayo. En este seminario fue donde admitió que «por el momento» no han ejercitado su capacidad sancionadora: «No tenía ningún sentido que en Cataluña las obligaciones de legalidad estaban como en el resto de España, exactamente igual, pero cuando entrabas en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña había una autoridad que tenía esta autoridad sancionadora y cuando estabas en la comunidad de al lado, la empresa privada o la entidad pública tenía la misma obligación, porque la ley estaba en vigor, pero no había ninguna autoridad que pudiera aplicarla».

«Una tomadura de pelo»

Sus palabras han desconcertado a muchos denunciantes anónimos que llevan tiempo esperando que la Oficina actúe. En algunos casos, en los que se resolvió que debía incoarse expediente sancionador no se ha hecho, incumpliendo su propia resolución en ese sentido. Es el caso de una denunciante anónima en el Ayuntamiento de Mataró contra diez nombramientos realizados presuntamente de forma irregular. Antifraude la consideró persona «protegida» en mayo de 2023, dictó que no se le podía echar del trabajo y resolvió un expediente sancionador contra el consistorio que, dos años y medio más tarde, todavía no ha aplicado.

«Reconoce públicamente que da impunidad a propósito y a sabiendas. Que esta no está aplicando la Ley y las competencias delegadas por el Parlament de Cataluña hace más de dos años, y que quiere hacer lo mismo que donde no hay Autoridad. Una total tomadura de pelo», explica una de estas informantes anónimas de corrupción a THE OBJECTIVE.

Además, con los últimos casos que han centrado la opinión pública, como las irregularidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) donde, según la investigación de Antifraude, se llevaron a cabo adjudicaciones irregulares de contratos y creación de plazas fantasma, todavía sorprende más que no ejerzan su autoridad sancionadora. La DGAIA, ahora reconvertida en Dgppia, fue durante años una de las entidades del tercer sector beneficiadas con el Govern de ERC.

Nutrida de antiguos cargos del PSC

Otras fuentes consultadas temen que la investigación en vigor sobre los sueldos ilegales en el órgano de gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio también quede sin ninguna sanción ejemplarizante. Alertan, además, de las posibles ramificaciones en Cataluña de la trama del PSOE que, por el momento, afecta a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, corren el riesgo de tener el mismo final y que queden en nada en este órgano independiente.

Desde la llegada de Gimeno en 2015 a la dirección, la Oficina Antifraude de Cataluña se ha nutrido de antiguos cargos del PSC. Como informó Crónica Global, el actual director fichó a Joan Xirau como director adjunto, quien había sido secretario de Relaciones con la Administración de Justicia junto a la socialista Montserrat Tura. Del mismo modo, incorporó a Sara Vidal, ex jefa de gabinete de la Conselleria de Justicia, como responsable del Gabinete de Dirección. Y a Laia Espín, quien fuera jefa de prensa de la consellera Tura, como responsable de Comunicación del Gabinete de Dirección.

Primera Oficina de España

La Oficina Antifraude se convirtió en marzo de 2023 en la primera autoridad independiente de ámbito estatal que asumió competencias para la protección de las personas que alertaban. El Parlament lo aprobó antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley tuvo como objetivo transponer la Directiva Europea de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión de 2019.

Tras la aprobación de la normativa, la Oficina reivindicó que como «Autoridad Independiente» asumía varias «funciones adicionales», como la de «ejercer la potestad sancionadora». La Oficina dirigida por Miguel Ángel Gimeno solo puede ejercer su potestad sancionadora como autoridad competente «para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», pero no ha asumido esta facultad hasta la fecha. La dirección de esta autoridad independiente se elige en la Comissió d’Afers Institucionals del Parlamento de Cataluña y no tiene una fecha específica de renovación, dado que su mandato es indefinido.

Traslado a Fiscalía

De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 2/2023, si son personas físicas las responsables de las infracciones serán multadas con una cuantía de 1.001 hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 10.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves. En caso de personas jurídicas, serán multadas con una cuantía hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves, y entre 600.001 y 1.000.000 de euros en caso de infracciones muy graves.

En el resto de sus investigaciones, donde hay indicios de delito, deben trasladar los hechos a la Fiscalía y, en el caso de infracciones administrativas, a la autoridad competente para que imponga las sanciones correspondientes. Es decir, en estos casos no tienen potestad sancionadora en relación con los hechos objeto de las investigaciones, pero pueden hacer recomendaciones de mejora para evitar los riesgos de conductas impropias.

Más actuaciones

Las fuentes consultadas por este periódico confirman que, año tras año, la autoridad independiente ha ido aumentando su número de actuaciones y de irregularidades detectadas. También de denuncias recibidas. En la Memoria de 2022, el 61% de denuncias ya procedían del buzón anónimo, y se adoptaron 63 medidas por parte de las entidades afectadas y autoridades competentes a raíz de sus actuaciones de investigación. En total, se recibieron 554 denuncias. Y los datos de 2023 no hacen más que aumentar estas cifras, hasta el punto de que este lunes han convocado tres nuevos puestos de trabajo para la Unidad de protección de las personas informantes.

Según informa un portavoz de la Oficina, tienen un periodo de diez días hábiles para admitir o reenviar al organismo competente todas las denuncias que reciben. «Cuando hay indicios de irregularidades o corrupción, se inicia el periodo de verosimilitud, que dura unos tres meses, y se puede archivar, emitir recomendaciones o culminar en una investigación, que en principio dura unos seis meses». Posteriormente, entre dos y tres años después, el Departamento de Prevención de la Oficina hace un seguimiento de las conclusiones para ver si se ha resuelto correctamente y las entidades bajo su lupa han asumido sus recomendaciones.