Perplejidad entre los militares españoles con el «juego de trileros» de Sánchez en la OTAN

El pulso de los últimos días entre el Gobierno español de Pedro Sánchez y la OTAN sobre el porcentaje del PIB a destinar a defensa y seguridad ha causado perplejidad entre altos mandos militares en activo y retirados, según ha podido comprobar THE OBJECTIVE. «El planteamiento del presidente es terrible, un juego de trileros que nos va a hacer perder influencia en la Alianza Atlántica», constata un antiguo miembro de la cúpula militar.

«[Mark] Rutte se ha dado cuenta de ese juego, que se hable de capacidades militares desde la ideología. Y nos va a costar caro con lo que cuesta ganarse el prestigio en el seno de la OTAN», advierte un teniente general ya retirado. «Las explicaciones en cuanto a inversiones se refiere, adolecen de dos problemas y de un corolario: unos y otro pueden llevarnos a un choque de trenes no solo con los Estados Unidos, sino con los otros treinta socios, tal vez algunos menos, de la Alianza Atlántica», prosigue.

El primer problema es que «no hay tal acuerdo» entre Sánchez y Rutte, a la luz de la respuesta que este último le dio al jefe del Ejecutivo cuando habló de los objetivos de capacidad y la flexibilidad para marcar la senda. «Es lo mismo para todos los países miembros», avisa esta fuente, «flexibilidad en el modo de alcanzar los objetivos no equivale a aprobar, pues la aprobación requiere el consenso y no se puede tomar unilateralmente por la Secretaría General» que dirige el ex primer ministro holandés. Por lo que no se puede considerar «como una prórroga temporal» a favor de España.

«El segundo problema es que este año no llegaremos al 2%, pese a lo que se asegure desde instancias oficiales. No es de extrañar que ni la Dirección General de Armamento ni los Ejércitos dispongan de dinero con que llevar a cabo las oportunas contrataciones ni que los efectivos de los ejércitos sigan contrayéndose y no se cubran las plazas de empleo público ofertadas», constata este antiguo mando. El corolario, a su juicio, es «un cierto antiamericanismo» en las explicaciones de Sánchez, quien para proteger a la industria nacional «ha llegado a establecer como obligación los criterios de nacionalización, tanto en la contratación de nuevas capacidades como en la modernización y actualización de las existentes». Una especie de autarquía en términos de defensa que puede soliviantar a más de un aliado.

El secretario general de la OTAN negó este lunes que haya concedido una cláusula de exclusión a España para no comprometerse a gastar el 5% en Defensa, como pactarán los aliados en la cumbre de La Haya, indicando que el cálculo de la organización es que España tendrá que invertir el 3,5% de su PIB en Defensa para cumplir los requerimientos militares pactados por la Alianza, a los que el presidente del Gobierno ha vinculado una inversión militar del 2,1% «ni más ni menos» tras asegurar que había conseguido más flexibilidad.

«En la OTAN no hay cláusulas de exclusión y no entiende de pactos o acuerdos paralelos», le corrigió el jefe político de la OTAN en la rueda de prensa previa a la cumbre de líderes de La Haya, al ser preguntando si España cuenta con una excepción al compromiso de gasto que acordarán los líderes tras confirmar en una misiva a Sánchez este domingo que permitiría a España marcar su propia senda de gasto, según Europa Press.

En este punto, Rutte puso de relieve los objetivos militares acordados por todos los aliados, lo que obligará a invertir por encima del 3%, según sus cálculos, después de que Sánchez asegurara que España necesita solo el 2,1%. «España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo», dejó claro antes de advertir de que en 2029 habrá una revisión de la evolución del gasto de cada país aliado y si se están completando los objetivos.

Mandos en activo reconocen que hay países como Italia y Bélgica que también abogan por flexibilizar los umbrales del PIB, pero se muestran sorprendidos con Sánchez por no defender un esfuerzo adicional en el 1,5% que se tiene que destinar al control de fronteras, ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. Sobre todo en el primero de los parámetros, en el que España podría sacar pecho con una inversión suplementaria en sus puestos de costas sin que fuese defensa pura y dura.

Dos informes del ‘think tank’ de Defensa

En los últimos días, han pasado de mano en mano entre un buen número de militares dos informes publicados este mes de junio por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el principal think tank del Ministerio de Defensa. El primero, del general retirado Juan Carlos Domingo Guerra sobre la Anatomía del esfuerzo español en defensa. Y el segundo, de Jesús María Izquierdo, coronel auditor en activo y titulado El gasto en defensa en España. El objetivo del 2 por 100 del PIB. El hecho de que Izquierdo sea el actual jefe de intervención en el Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire confiere a este último artículo más importancia, ya que es un mando cualificado para poner negro sobre blanco en la cuestión de cómo llegar a ese umbral en gasto de defensa de aquí a final de año.

La conclusión a la que llega este militar es que está en riesgo la promesa del Gobierno de Sánchez ante los aliados de llegar al 2% del PIB en este 2025. El gasto previsto de 23.887 millones de euros para este año «representaría en torno a un 1,5% del PIB, alejado del 2%», por lo que si España quiere cumplir dicho compromiso sería necesaria «una dotación adicional de 9.000 millones de euros para alcanzar tal porcentaje óptimo», se subraya en dicho artículo.

El coronel subraya el problema de que los créditos iniciales «son los mismos que en 2023 al encontrarnos con un presupuesto prorrogado», a los que se añaden las modificaciones presupuestarias previstas en el reciente Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, y otros gastos computables con los que se quiere alcanzar el objetivo de España ante sus aliados. En el caso del plan de rearme de 10.471 millones anunciado por Sánchez hace unas semanas, la realidad es que dicho incremento se estima únicamente «en unos 6.000 millones de euros», ya que el resto son préstamos al sector de la industria que no computan como inversión, tal y como desveló THE OBJECTIVE a finales de abril.

«Por eso, nos limitaremos a añadir, a los datos de 2024, un mayor incremento de las modificaciones presupuestarias, estimadas en unos 6.000 millones de euros. Esto reflejaría un gasto previsto para 2025 de unos 23.887 millones de euros, lo que representaría en torno a un 1,50 % del PIB, alejado del 2%. Sería necesaria una dotación adicional de 9.000 millones de euros para alcanzar tal porcentaje óptimo», se indica en el informe del IEEE.

Además, el coronel auditor hace hincapié en que el esfuerzo que se va a asumir en el ejercicio económico 2025, cuantificado en el mencionado plan de rearme de Sánchez, «ha de mantenerse en ejercicios futuros, máxime si tenemos en cuenta que la cuantificación del esfuerzo en Defensa lo es sobre el PIB, estando prevista una evolución al alza de la economía española».

En todo caso, las cifras se han incrementado «poco» en España y «se encuentran lejos de ese 2% del PIB», resalta el autor del artículo. «Si bien es cierto que, en el marco definido en 2022, el objetivo lo fijó nuestra Patria en alcanzarlo el 2029, la situación acaecida refleja que, por un lado, estamos lejos de ese objetivo (en 2024 estaríamos en el entorno del 1,28 %), y por otro, que debería de acelerarse tal proceso. En todo caso, podemos afirmar que este esfuerzo económico se encuentra (…) alejado de las Naciones a la cabeza en liderazgo en política internacional y en operaciones militares», resume Izquierdo.

Así, de los 10.471,42 millones de euros previstos por el Gobierno como incremento en 2025, «se estima que unos 4.500 millones de euros serán créditos del Ministerio de Industria y Turismo a las empresas del sector industrial». El problema, a juicio de este mando del Ejército del Aire, es que la coyuntura económica «no permite disponer del crédito óptimo en cada ejercicio» y se difiere el pago a la empresa, con la consecuente devolución del préstamo.

«Esta circunstancia conlleva la acumulación en ejercicios posteriores de gran número de necesidades que habrá de atenderse con los créditos reflejados en los estados de gastos de los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio económico. Actualmente, el importe de estos gastos diferidos supera los 20.000 millones de euros, lo que obligará en un futuro próximo a priorizar su pago, reduciendo la posibilidad de iniciar nuevos programas», sintetiza sobre el gran escollo presupuestario al que se enfrenta el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles.

«Inviable» un nuevo programa de armamento

El Gobierno destinó el año pasado 20.392,14 millones de euros al apartado de seguridad y defensa, «lejos de los 31.862,72 millones de euros que suponen el 2 % del PIB de 2024. Con este panorama, los programas de armamento -se han aprobado 46 desde la década de los noventa- afrontan un escenario de incertidumbre ya que los PGE de 2023 solo incluyeron 3.245 millones para este apartado, una cifra que es «insuficiente y cuyo paulatino incremento sería una de las prioridades en el objetivo de gasto en Defensa para 2025».

«Si ponemos en relación la cifra acumulada de gasto en estos Programas (68.800 millones de euros) con los pagos diferidos y pendientes de abonar a los contratistas al vencimiento del pago al Ministerio de Industria, observamos que la cantidad aplazada respecto al calendario inicial es elevada u desacompasada con la realidad de los Programas, lo que puede hacer inviable iniciar nuevos programas (que serán imprescindibles en el nuevo escenario) en los próximos años, con la sostenibilidad y viabilidad financiera requerida», alerta el autor del artículo, quien recomienda subir a la cifra de 6.000 millones al año la devolución de los citados créditos.

Así las cosas, si el aumento presupuestario de este año se limita a los 6.000 millones del plan de rearme de Sánchez, entonces el gasto previsto para 2025 en seguridad y defensa será «de unos 23.887 millones de euros, lo que representaría en torno a un 1,50 % del PIB, alejado del 2 %». Por ello, «sería necesaria una dotación adicional de 9.000 millones de euros para alcanzar tal porcentaje óptimo», sentencia el coronel en activo. Es más, si se incluyen los créditos a Industria, el porcentaje de PIB español en defensa «se elevaría a un 1,8 %, teniendo en cuenta el PIB previsto para 2025 por el Banco de España». Una cifra, en todo caso, aún alejada del 2% con el que España irá a la cumbre aliada de La Haya que empieza este martes.